La jefa del Gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, da por muerto el polémico proyecto de ley de extradición que se ha encontrado con la fuerte oposición de diversos sectores de la sociedad hongkonesa durante el último mes.

"Doy por muerto el proyecto de ley de extradición", dijo Lam en una rueda de prensa, añadiendo que los trabajos para sacar adelante esta normativa han sido "un completo fracaso".

Lam no dejó claro si el proyecto de ley se retira de forma efectiva, tal y como demandan los opositores, pero dejó entrever que el Legislativo no tiene la intención de seguir con su tramitación.

Asimismo, Lam anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la policía durante las protestas que han azotado la ciudad durante el último mes, así como el establecimiento de una plataforma para el diálogo con los opositores a la ley.

"Publicaré el resultado de este informe para que todo el mundo sepa qué ha pasado durante el último mes. La gente que ha participado, tanto manifestantes como agentes de policía, podrán aportar pruebas sobre lo que ha sucedido", ha señalado.

La jefa del Ejecutivo hongkonés asumió "plena responsabilidad" por la crisis pero no atendió a uno de los principales reclamos de los manifestantes estos días, su dimisión, y pidió "una oportunidad, el tiempo y el espacio" para devolver Hong Kong a la normalidad.

Así, es necesario "bajar la tensión" actual, dijo Lam, quien pidió la participación de "toda la sociedad" en este viaje hacia la tranquilidad de la urbe. "Nuestra misión es conseguir que los ciudadanos vuelvan a tener la confianza necesaria en nuestro Gobierno", agregó.

Lam sí hizo un guiño a los jóvenes, protagonistas de la última ronda de protestas: "Tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes y de diferentes sectores para saber qué es lo que piensan", dijo, y anunció la creación de "una plataforma de diálogo más abierta" con las universidades y los estudiantes.

Lo que ha pasado, reconoció la jefa del Ejecutivo hongkonés, "refleja que hay problemas más profundos que no debemos ignorar", sino "ponernos a trabajar para solucionarlos".

Estas palabras de Lam se producen después de casi un mes de protestas multitudinarias en Hong Kong, con varias de ellas superando el millón de participantes, según sus organizadores, y que llegaron a un punto de inflexión la semana pasada tras la ocupación de un grupo de manifestantes del Consejo Legislativo hongkonés.

El proyecto de ley que planteó se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONGs o periodistas fueran entregados a un sistema judicial, el chino, que no ofrece garantías.

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