La junta militar birmana continúa con su acoso judicial a la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, contra la que ha presentado nuevas denuncias, según informó este jueves la prensa oficial, por supuestos delitos de corrupción y abuso de poder que han sido calificadas por su abogado de "absurdas".
La Comisión Anticorrupción de Birmania presentó el miércoles ante la Policía varias denuncias contra Suu Kyi, a quien acusan aceptar 600.000 dólares y 11,2 kilos de oro en sobornos, según informó este jueves el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.
La exmandataria, de 75 años, también se enfrenta a cargos por usar presuntamente su cargo para alquilar una serie de terrenos por un monto por debajo del precio estimado.
Uno de los abogados de Suu Kyi, Khin Maung Zaw, que ha desmentido acusaciones previas contra su cliente, volvió a negar estos cargos presentados por las autoridades militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.
"Estas acusaciones de soborno y corrupción sobre Suu Kyi son absurdas. Son infundadas. Durante mis 50 años de experiencia (...) nunca he conocido a ningún representante del Estado más honesto e incorruptible que Suu Kyi. Puede que tenga defectos, pero la codicia personal y la corrupción no son sus rasgos", señaló a Efe Khin Maung Zaw.
El letrado, que se enteró de las acusaciones a través de la prensa, aseguró que "aquellos que a la acusan de avaricia y corrupción están escupiendo contra el cielo".
La nobel de la paz, que en un principio estuvo en arresto domiciliario en su residencia oficial de la capital, ha sido trasladada a un lugar desconocido y, según los abogados, vive aislada y durante meses no ha tenido noticias de lo que ocurre en el país.
Los letrados revelaron esta semana además que Suu Kyi paga de su propio bolsillo todos sus gastos y en la última reunión les pidió medicinas.
Abuso de autoridad
La Comisión denuncia que Suu Kyi "abusó de su autoridad" para alquilar a un precio inferior un terreno público en Rangún para abrir la sede de una fundación que ella misma preside y de otros dos terrenos en Naipyidó para establecer una escuela taller.
Además, la comisión también presentó denuncias contra el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, acusado de pagar sobornos a la exmandataria, y otros dos políticos locales.
Estas denuncias por corrupción se confirmaron después de que en marzo la televisión pública, controlada por junta militar, emitiera unas dudosas entrevistas en las que un constructor y un político local denunciaban en cámara estas supuestas prácticas ilícitas.
Suu Kyi, quien hasta ahora afronta seis cargos en dos procesos judiciales, se encuentra bajo arresto desde el golpe militar liderado por el general Min Aung Hlaing, que acabó con diez años de transición democrática en el país.
Está previsto que el próximo lunes comience en un tribunal especial de la capital el juicio oral contra Suu Kyi por cinco variopintos cargos como la importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas sobre la covid-19 o incitar al odio.
La política birmana afronta además otro juicio en el Tribunal Supremo por la presunta violación de la ley de Secretos Oficiales, cargo penado con hasta catorce años de cárcel, al que podría tener que enfrentarse sin la defensa de sus abogados, según los listados de las vistas que señalan que la acusada "se representará ella misma".
Conflicto armado
El golpe militar provocó un movimiento de desobediencia civil y protestas que han sido brutalmente reprimidas por los soldados y policías, que han usado armas militares contra civiles desarmados, incluidos niños.
Al menos 858 personas han muerto por la violencia militar, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 5.800 detenidos desde el sublevamiento.
Cansados ante la inacción de la comunidad internacional y la opresión, miles de manifestantes han decidido tomar las armas y se han unido a algunas guerrillas étnicas o a las milicias de defensa civil prodemocráticas formadas recientemente.
El recrudecimiento del conflicto armado en el país, que ya padecía una guerra civil en algunas zonas fronterizas desde hace siete décadas, ha creado una crisis humanitaria con cientos de miles de desplazados que carecen de alimentos, agua y medicinas.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que ganó ampliamente el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.