La Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso el año pasado y que se traduce en una pierda de libertades en el territorio ha llevado la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) a cerrar su sede en Hong Kong. Lo hará antes de que termine este año.
En un comunicado, AI señala que "la decisión, tomada con pesar, ha estado motivada por la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que ha imposibilitado de manera efectiva el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Hong Kong de forma libre y sin miedo a graves represalias por parte del Gobierno".
Amnistía ha venido denunciando que esta ley, que entró en vigor en junio de 2020, se utiliza de forma "arbitraria" como para reprimir derechos y libertades básicas en la antigua colonia británica, con la disidencia como objetivo prioritario. Al menos 35 grupos han sido disueltos en este tiempo, entre ellos sindicatos y grupos opositores.
Según el texto, la rama local de AI en Hong Kong dejará de estar operativa el próximo día 31, mientras que la oficina regional se cerrará antes de que termine el año.
La sede local se centra en las campañas de concienciación sobre los derechos humanos en la excolonia británica, mientras que la oficina regional lleva a cabo investigación y labores de defensa de los derechos humanos en Asia oriental, el sudeste asiático y el Pacífico.
Según la organización, "todo el trabajo de la oficina regional continuará llevándose a cabo desde nuevas ubicaciones".
"Durante mucho tiempo, Hong Kong ha sido una base regional ideal para organizaciones internacionales de la sociedad civil, pero la reciente focalización en grupos locales de derechos humanos y sindicatos es un síntoma de la intensificación de la campaña de las autoridades para deshacerse de todas las voces disidentes de la ciudad", cuenta la presidenta de la junta directiva de AI, Anjhula Mya Singh Bais.
"Cada vez nos es más difícil seguir operando en un entorno tan inestable. El ambiente de represión y de perpetua incertidumbre -apostilló Bais- creado por la Ley de Seguridad Nacional hace imposible saber qué actividades pueden llevar a sanciones criminales".