La exlíder de Birmania y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha sido condenada este lunes a dos años de prisión por incitación y vulnerar las normas de la Covid-19 en la primera sentencia desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. En un primer momento la condena era de cuatro años pero la junta militar birmana ha anunciado que reduce a la mitad la pena.
Suu Kyi, de 76 años y que afronta varios juicios, fue sentenciada en una vista por un tribunal que impuso la misma condena al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung. En total cuatro años que ahora se reducen a dos que cumplirá bajo el arresto domiciliario al que se encuentra sometida actualmente.
Fuentes cercanas al juicio, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta militar, precisaron que la condena de Suu Kyi incluye dos años por incitación, según el artículo 505b del Código Penal, y otros dos años por vulnerar la leyes de emergencia por la pandemia.
Suu Kyi, considerada la líder 'de facto' del Gobierno depuesto, siempre ha negado los cargos que se le imputaban, al igual que su entorno, que ha denunciado las malas condiciones de reclusión.
EEUU y la UE piden su liberación
La ONU, numerosos Gobiernos como el de Estados Unidos, Reino Unido y Japón, y la Unión Europea han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar birmana liderada por el general Min Aung Hlaing.
Contra la premio Nobel de la Paz penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de Secretos Oficiales, todas castigadas con penas de cárcel.
Los abogados de Suu Kyi señalan que su representada niega todas las acusaciones, aunque hace semanas la junta militar impuso a los letrados la prohibición de hablar con los medios de comunicación.
Espiral de violencia
El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.