“Apoyo totalmente lo que hizo y creo realmente que lo hizo por el interés público”, afirma Romain sobre Antoine Deltour, su hermano menor, quien este miércoles fue condenado en Luxemburgo tras revelar el escándalo de LuxLeaks. “Los documentos que filtró arrojaron luz sobre prácticas que eran dañinas para los ciudadanos europeos. Por supuesto, lo apoyé desde el primer momento”.
Tiempo antes de salir del anonimato, Antoine contó a Romain lo que había hecho. Al dejar de trabajar como auditor para la consultora PwC, el francés se llevó consigo una plétora de documentos internos que luego facilitó a la prensa. Su filtración culminó en la revelación de acuerdos secretos entre el Gran Ducado y más de 300 multinacionales para reducir drásticamente sus impuestos cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lideraba el país.
Cuando Luxemburgo denunció a Antoine por lo que había hecho, Romain impulsó el Comité de Apoyo a Antoine Deltour, que busca respaldos a la causa del soplón así como financiación para su defensa legal.
Aun así, sus esfuerzos no impidieron que este miércoles Antoine fuera sentenciado a un año de cárcel y una multa de 1.500 euros por el robo de documentos de su antigua empresa. La Fiscalía había pedido 18 meses de prisión.
La justicia luxemburguesa también castigó con nueve meses de cárcel y una multa de 1.000 euros a otro exempleado de PwC, Raphaël Halet. El tercer acusado en el caso, el periodista galo Édouard Perrin, quedó exonerado.
Aunque en la práctica no tendrá que ingresar en prisión, según explicó su hermano a EL ESPAÑOL, el soplón apelará la decisión del tribunal luxemburgués, ya que considera que puede tener un efecto disuasorio sobre otros empleados que quieran exponer prácticas cuestionables en sus empresas.
“Sentenciar a los ciudadanos que originaron las revelaciones de LuxLeaks es equivalente a sentenciar los avances en materia de regulación [comunitaria] desencadenados por dichas revelaciones y que han sido aplaudidos a lo largo de Europa”, aseveró en un comunicado divulgado por la organización que lo apoya. “Esto es también un aviso a futuros soplones, lo cual es perjudicial para la información de los ciudadanos y el buen funcionamiento de la democracia”.
A Romain, la decisión de la justicia luxemburguesa no le ha sentado nada bien. "Estamos muy decepcionados, 12 meses de cárcel, aun suspendidos, están muy próximos a lo que pidió el fiscal", afirma en conversación telefónica.
Pero aunque temen que el veredicto contra Antoine pueda asustar a potenciales informadores, los que defienden más protección para los soplones también confían en que la sentencia de este miércoles dé alas al debate sobre la situación de los denunciantes en la Unión Europea y esperan que contribuya a cambios legislativos.
“Es escandaloso que los soplones hayan sido sentenciados incluso si la condena, o al menos la multa, es más simbólica”, afirma Julia Reda, eurodiputada alemana del Grupo de los Verdes, quien recientemente presentó una propuesta de directiva comunitaria para proteger a los informadores con la que empujar a la Comisión a tomar medidas.
La europarlamentaria aboga por crear “estándares mínimos de protección” a escala comunitaria para que los soplones no puedan ser procesados penalmente, tengan defensas en el marco civil así como protecciones contra la discriminación en el ámbito laboral.
“Tenemos la obligación de aprobar una nueva legislación que asegure que personas como [Antoine Deltour] no sean procesadas”, asevera Reda, que opina que la sentencia contra los soplones en Luxemburgo “también podría enviar un mensaje potente de que ahora la Comisión Europea tiene que presentar legislación”.
PARLAMENTO CONTRA COMISIÓN
La Comisión Europea, sin embargo, no está de momento por la labor de presentar una norma específica destinada a reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades y de los periodistas. Alega que no tiene plenos poderes en esta materia sino que se trata de una competencia más bien nacional. Por ello, considera que carece de la base jurídica necesaria para elaborar una norma global. Eso sí, Bruselas estudia tomar medidas adicionales en aquellas áreas en las que sí tiene poder: comercio, competencia o mercado interior.
“La Comisión reconoce la importancia de proteger a los denunciantes de irregularidades para promover, entre otras cosas, el buen gobierno, la privacidad, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción”, explica a EL ESPAÑOL su portavoz de Justicia, Christian Wigand. Al mismo tiempo, Bruselas sólo puede trabajar “sobre la base de las competencias que los Estados miembros nos han cedido en los Tratados”, alega.
En las áreas en las que tiene competencias, el Ejecutivo comunitario “está estudiando la situación para evaluar la necesidad de medidas a nivel de la UE, si esto puede tener algún valor añadido a la hora de proteger a los denunciantes”, asegura Wigand. Y pone un ejemplo concreto: en el marco de las negociaciones en curso para crear una Fiscalía Europea, la Comisión “tratará de garantizar que los denunciantes que informen de casos sospechosos de corrupción y fraude reciban la protección necesaria de acuerdo con la legislación nacional”.
En todo caso, Bruselas alega que muchas leyes de la UE ya vigentes contienen disposiciones específicas para garantizar la seguridad de los delatores. Así ocurre en la directiva antiblanqueo de 2015; en el reglamento para combatir los abusos de mercado de 2014; o en la reforma de las normas sobre auditoras aprobada en 2014. En todas estas normas se establecen mecanismos para facilitar que las personas o los empleados denuncien irregularidades o corruptelas.
Los argumentos de la Comisión no convencen al Parlamento Europeo, que le sigue pidiendo que actúe. El próximo 7 de julio, el pleno de la Eurocámara tiene previsto aprobar el informe final de conclusiones elaborado por la comisión especial que se creó en febrero de 2015 a raíz precisamente del escándalo LuxLeaks. Y una de las exigencias que plantea al Ejecutivo comunitario es precisamente que “proponga lo antes posible un marco jurídico claro para garantizar la protección efectiva de los denunciantes de irregularidades, así como de los periodistas”, según figura en el borrador del texto.
La Eurocámara lamenta que Bruselas se limite a actuar en el ámbito de sus competencias y no tenga prevista ninguna medida concreta para abordar esta cuestión. “Esta falta de ambición podría poner en peligro la publicación de nuevas revelaciones, lo que podría dar lugar a la pérdida de ingresos fiscales legítimos para las autoridades fiscales europeas”, critica.
Para el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, la sentencia del caso Deltour evidencia “la situación precaria de los denunciantes e informadores, incluso en los Estados democráticos modernos”. “La única manera de resolver esta indefensión es proporcionando protección legal clara para los denunciantes”, ha dicho Urtasun en un comunicado.
Además de reclamar una mejor protección de los denunciantes, la comisión de la Eurocámara sobre el caso LuxLeaks propone un amplio catálogo de medidas para garantizar que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponden en cada país. Entre ellas, la creación de un registro público de los auténticos propietarios de las empresas, una lista negra de paraísos fiscales, sanciones contra los países que no cooperen en la lucha contra la elusión fiscal y un código de conducta para bancos y asesores fiscales.
El caso LuxLeaks ha obligado a la Comisión Europea a acelerar sus iniciativas para combatir la elusión fiscal. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ya ha declarado ilegales los acuerdos tributarios (tax rulings) de Holanda y Luxemburgo con Starbucks y Fiat, respectivamente. Las dos multinacionales han tenido que pagar hasta 30 millones en impuestos atrasados cada una. En las próximas semanas, Vestager podría tomar medidas similares contra Amazon y Apple por sus regímenes fiscales en Luxemburgo e Irlanda. También investiga a McDonald’s. Además, Bruselas ha presentado toda una serie de propuestas legislativas para acabar con la ingeniería fiscal a la que recurren las grandes empresas para reducir su factura de impuestos.
El que de momento ha salido indemne del caso LuxLeaks ha sido el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que era primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron estos acuerdos. Juncker se declaró responsable político, pero aseguró que nunca había dado instrucciones a la administración tributaria. Y sobrevivió a una moción de censura en la Eurocámara planteada por los partidos euroescépticos y de extrema derecha.
"PARADOJAS" Y "VICTORIAS AMARGAS"
Para Édouard Perrin, el periodista que destapó lo que después se convertiría en el LuxLeaks, el hecho de haber sido exonerado no le parece una auténtica victoria. "Es difícil sentirse aliviado de este órdago cuando los dos informadores han sido condenados; es como una victoria amarga", afirma a EL ESPAÑOL desde Estados Unidos, donde recibió la noticia del veredicto.
"Me siento aliviado como periodista, porque el tribunal reconoció mi trabajo y cómo lo hice, pero cuando leo lo que los jueces dijeron sobre Deltour y Halet es muy distinto. Es muy triste que en el mismo dictamen haya jueces que reconocen el estatus de Deltour y Halet como soplones y el impacto que su revelación tuvo en la opinión pública y, por otro lado, dicen que nada protege a Deltour y Halet", asevera el periodista, que reclama que las autoridades reaccionen desde el punto de vista legislativo.
Organizaciones civiles se han sumado a la repudia a la sentencia del tribunal luxemburgués contra los responsables de la filtración del LuxLeaks. Es el caso de Transparencia Internacional, que pide que se garantice la protección de los informadores. “Espero que [la sentencia contra Deltour y Deltour] alimente el debate”, afirma Anja Osterhaus, responsable regional de programas en el departamento de Europa y Asia de Transparencia Internacional. “La ley en Luxemburgo tiene que ser ajustada porque no protege bien a los soplones. Estos son casos conocidos pero hay tantos otros que no llegan a los titulares”.
Osterhaus cree que aunque la acción a nivel europeo sería positiva, los procesos se demoran demasiado, por lo que es necesario presionar también a escala nacional para que los Estados miembros enmienden sus legislaciones. “Necesitamos estos cambios ahora”, asevera Osterhaus, quien pone a Francia como ejemplo positivo, ya que el país impulsa ahora mismo una medida para proteger a los informadores.
Por su parte, Romain espera que las autoridades europeas se fijen en el caso de su hermano Antoine y busquen ofrecer más protección a los soplones. "Es una oportunidad para ver que es necesario un verdadero cuerpo legal para proteger a los informadores", concluye.