Un total de 9.938 grupos de presión y organizaciones interesadas en influir en la legislación de la UE se han inscrito hasta ahora en el registro de transparencia que Bruselas creó en 2008 y que tenía carácter voluntario. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles ir un paso más allá: convertir el registro en obligatorio para todos los lobistas que quieran reunirse con representantes no sólo del Ejecutivo comunitario sino también de la Eurocámara y del Consejo de ministros de la UE.
"Proponemos una regla muy simple: que no pueda celebrarse ninguna reunión con los responsables políticos sin una inscripción previa", ha explicado el vicepresidente de la Comisión, el socialista holandés Frans Timmermans, responsable de la iniciativa. "A través del registro, los ciudadanos podrán ver quiénes intentan influir, a quiénes representan y cuánto dinero gastan", ha asegurado.
El plan de Bruselas llega en pleno escándalo por dos recientes casos de conflicto de interés que afectan a la propia Comisión Europea. Por un lado, el fichaje del ex presidente José Manuel Durao Barroso por el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. Según ha desvelado el diario portugués Publico, Barroso mantuvo reuniones no registradas con directivos de Goldman Sachs cuando todavía era presidente. Su sucesor, Jean-Claude Juncker, le ha retirado todos los privilegios protocolarios y ha ordenado al comité de ética de la UE que investigue su contrato.
Además, el Ejecutivo comunitario examina el caso de la ex comisaria Neelie Kroes, que ha admitido que tenía una firma 'offshore' en Bahamas mientras ocupó la todopoderosa cartera de Competencia. Además, acaba de fichar por la plataforma de transporte Uber, a la que apadrinó cuando era comisaria de Agenda Digital. Timmermans ha dicho que la investigación continúa en ambos casos y que una vez aclarados los hechos, Juncker actuará si es necesario. La pérdida de su pensión es el castigo más grave al que podrían enfrentarse los dos ex miembros de la Comisión.
Más controles
Juncker quiere hacer de la transparencia una de las banderas de su mandato en un intento de recuperar la confianza de los ciudadanos en la UE. Desde diciembre de 2014, la Comisión publica información de todas las reuniones de los comisarios, los miembros de su gabinete y los directores generales con representantes de grupos de interés. Además, sólo los lobistas inscritos en el registro de transparencia tienen acceso a estas reuniones.
El Ejecutivo comunitario propone ahora extender estas exigencias, con carácter obligatorio, a la Eurocámara y al Consejo de ministros de la UE. Si su plan sale adelante, los lobistas deberán registrarse de forma obligatoria si quieren reunirse con cualquier eurodiputado, con el secretario general del Parlamento Europeo, sus directores generales o los secretarios generales de los grupos políticos. En el caso del Consejo, la obligación de registro afecta al secretario general, a los directores generales y al embajador de la presidencia rotatoria de la UE, pero no a los embajadores del resto de países miembros.
Además, Bruselas quiere aumentar los controles para verificar que la información que dan los grupos de presión sobre su actividad, y en particular sobre el dinero que invierten en actividades de lobby, es cierta. A los lobistas que incumplan las reglas se les prohibirá reunirse con responsables políticos o incluso se les expulsará del registro.
Medidas insuficientes
Para las organizaciones activistas en materia de transparencia, el plan de Bruselas se queda corto porque no cubre a los funcionarios rasos. "Hay que proteger a los colaboradores para que puedan preparar libremente propuestas que luego se deciden a un nivel superior", se ha justificado Timmermans.
"La propuesta todavía limita la prohibición de reuniones con lobistas no registrados a los niveles más altos de la Comisión, lo que significa que la vasta mayoría de reuniones de lobby seguirán produciéndose fuera del radar y que los lobistas no registrados podrán continuar con sus negocios sin controles", ha dicho la ONG Corporate Europe Observatory. Los planes de Bruselas todavía deben ser aprobados por los Gobiernos y la Eurocámara para entrar en vigor.