Con la intención de fortalecer los vínculos históricos entre las excolonias del desaparecido imperio luso y potenciar la capacidad de estas naciones ante la comunidad internacional, el lunes Portugal propondrá que todos los miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) tengan derecho a la libre fijación de residencia en los Estados que forman parte de la organización internacional.
La iniciativa del primer ministro luso, el socialista António Costa, contempla que los ciudadanos del antiguo imperio portugués –Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Guinea, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental y Guinea Ecuatorial– tengan derecho a solicitar la residencia en cualquier otro país de la Comunidad. A efectos prácticos, abre la puerta a que 223 millones de personas repartidas a lo largo de cuatro continentes puedan determinar dónde quieren vivir y trabajar con total libertad.
La propuesta se produce dentro del marco de una más amplia ‘Carta de Ciudadanía Lusófona’, que “reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos del espacio lusófono, entre ellos la libertad de movimiento y residencia, el reconocimiento mutuo de las cualificaciones académicas y profesionales, el ejercicio de derechos políticos y la portabilidad de los derechos sociales”. Todo indica que la propuesta lusa –que ha sido objeto de debate entre diplomáticos y juristas de los Estados miembros de la CPLP durante los últimos meses– será aprobada el martes durante la XI Conferencia de los Jefes de Estado de la Comunidad Lusófona en Brasilia.
De ser así, es probable que la medida pase a ser objeto de estudio de la Comisión Europea, pues los ciudadanos de la CPLP que opten por la residencia en Portugal tendrían acceso de facto al Espacio Schengen de la Unión Europea, la zona de libre movimiento compuesta por 26 países europeos en los que se han suprimido las fronteras internas.
Politización de la CPLP
La propuesta portuguesa se produce en el marco de una CPLP en plena crisis de identidad. Mientras algunos abogan por que la organización se mantenga fiel a sus principios fundacionales de ser una entidad defensora de la lengua portuguesa, otros apuestan por otorgarle un nuevo carácter político, con una nueva misión de fortalecer las conexiones entre los países lusófonos y revindicar un mayor protagonismo global.
Quienes están a favor de un CPLP más semejante a la Unión Europea o Mercosur consideran el libre movimiento como un paso inicial clave en esa dirección y argumentan que sólo se trata de recuperar la libre circulación que existió dentro del imperio portugués hasta su disolución con la Revolución de los Claveles y la independencia de las colonias africanas en 1974. Tampoco cabe obviar que Portugal se vería favorecida por cualquier incremento migratorio debido a su grave crisis demográfica, que tiene la tasa de natalidad más baja de Europa.
El abanderado inesperado de la CPLP fortalecida ha resultado ser el primer ministro portugués, quien es, en sí, un producto de los flujos humanos del antiguo imperio al ser hijo de un mozambiqueño de descendencia goense con una portuguesa continental. Costa incluyó la libertad de residencia entre los ciudadanos de la CPLP como propuesta en su programa electoral el año pasado pero pocos anticiparon que promovería la iniciativa con tanta fuerza una vez llegar al Ejecutivo. El primer ministro ha hecho que las excolonias vuelvan a ser un eje importante de las relaciones exteriores del país y ha dado todo su apoyo a esta iniciativa; los diplomáticos y juristas a quienes encargó las negociaciones han sido especialmente efectivos, pues han logrado un acuerdo entre las partes en cuestión de apenas 11 meses.
El logro es considerable considerando la oposición inicial de un Estado miembro tan potente como Brasil, uno de los países más reacios a la ‘politización’ de la CPLP. Hace un año el diplomático Paulo André Moraes de Lima, coordinador general de Brasil ante la CPLP, aseguraba que su país sólo contemplaba la organización como “una plataforma de cooperación y promoción de la lengua portuguesa, y no un organismo con vocación supranacional”. Diplomáticos brasileños también señalaban que no era el mejor momento para seguir adelante con una idea tan revolucionaria: entre su desaceleración económica y la crisis en el Gobierno, lo último que querían era una posible avalancha de inmigrantes provenientes de las antiguas colonias portuguesas en África.
Pese a la resistencia inicial, los diplomáticos lusos parecen haber convencido a sus homólogos brasileiros de las ventajas económicas que puede suponer semejante libertad de movimiento y residencia. También es probable que haya influenciado el hecho de que el texto final está inspirado en el Tratado de Amistad entre Portugal y Brasil del 2003, que consagra la igualdad de derechos entre los ciudadanos de ambos países y facilita el proceso migratorio entre ambos Estado. Fuentes diplomáticas indican que el primer ministro luso ahora propone profundizar y ampliar la base de este tratado a un espectro trasnacional, formalizando un “espacio común de ciudadanía”.
Probable conflicto con Bruselas
La propuesta de crear un espacio de libre circulación y residencia entre la CPLP puede suponer un conflicto con la Unión Europea, pues Portugal ya forma parte del Espacio Schengen. Si no existen fronteras entre Portugal y los países lusófonos, es de suponer que sus ciudadanos podrían tener libre acceso a los estados europeos que forman parte del Espacio Schengen también al no existir controles fronterizos entre las partes.
Costa afirma que los Estados miembros de la UE tienen soberanía sobre sus políticas migratorias y tienen derecho a establecer tratados de residencia con los países que quieran sin requerir el visto bueno de Bruselas. Técnicamente, la UE puede exigir visados a ciudadanos de determinados países, como ya hace, de hecho, a casi todos los ciudadanos de los países de habla portuguesa. No obstante, el primer ministro argumenta que la concesión de residencia portuguesa hace nula esa exigencia.
“Portugal tienen toda la libertad para negociar tratados con la CPLP”, señaló Costa ante los medios lusos cuando fue preguntado sobre la propuesta hace un año. “Si Portugal tiene un acuerdo de reciprocidad de residencia con los Estados de la CPLP, la necesidad de obtener un visado desaparece. No le puedes exigir un visado a una persona que ya ha sido reconocida como residente”.
Aunque Costa puede tener razón a efectos legales, en una Unión Europea en plena crisis de los refugiados es inevitable que su iniciativa tenga que ser estudiada por la Comisión Europea. Desde los ataques de París del pasado noviembre numerosos Estados miembros han reclamado el fortalecimiento de los controles dentro del Espacio Schengen, y representantes de la extrema derecha han incluso exigido su eliminación total. Es difícil imaginar que los Veintiocho permitan que un Estado miembro abra las puertas a más de 200 millones de personas en una Unión cada vez más cerrada.