Tras varios meses de debate, el miércoles la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Asamblea de la República Portuguesa dio luz verde a la reposición de la semana laboral de 35 horas para los funcionarios portugueses. La normativa, que previsiblemente será aprobada por la mayoría parlamentaria formada por los partidos de la izquierda el jueves, entrará en efecto en un mes. La medida supone todo un éxito para el Gobierno minoritario del socialista António Costa, que da un paso más en su cruzada para “pasar página a la austeridad”.

Aunque Portugal limitó la semana laboral de sus funcionarios a las 35 horas durante 25 años, en septiembre de 2013 –en pleno rescate e intervención del país por parte de la Troika– el Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho anunció el aumento del horario hasta las 40 horas semanales, pero sin el correspondiente aumento del salario. Según los principales sindicatos de la función pública, la medida implicó un recorte del 14% del valor de los salarios de los funcionarios.

En otoño del año pasado el actual Gobierno minoritario firmó varios pactos con los diputados marxistas del Bloque de Izquierda (BI) y los del Partido Comunista Portugués (PCP), por los que se comprometían a llevar a cabo una serie de medidas a cambio del apoyo parlamentario de estos grupos. Precisamente la reposición de las 35 horas estaba en la lista de compromisos, pero la complicada situación económica del país, y la incesante presión de Bruselas, ha hecho que socialistas, bloquistas y comunistas pasaran semanas de complicadas negociaciones antes de llegar a un acuerdo final.

El texto aprobado este miércoles reduce el horario semanal para los empleados de la Administración Pública pero, a instancias del Partido Socialista, consagra una serie de excepciones a la norma y suprime la fecha límite del 31 de diciembre para implementar el horario reducido en aquellos ámbitos del servicio público donde sea esencial “salvaguardar la continuidad y calidad de los servicios prestados”.

Éste inciso hace referencia a la área de Salud, dónde difícilmente se podría llevar a cabo la reducción del horario dada la saturación del sistema y la falta de personal: muchos profesionales sanitarios han emigrado desde el comienzo de la crisis económica en Portugal. Sin embargo, se mantiene el compromiso esencial de proceder con la contratación de personal en aquellos servicios públicos donde sea necesario una vez se implante la ley.

Presión de la izquierda, oposición de la derecha

Aunque los socialistas han celebrado la aprobación de la medida, tanto desde la izquierda como desde la derecha hubo críticas del texto aprobado. La diputada conservadora Maria Mercês Borges, del Partido Democrático Social (PDS) de Passos Coelho, aseguró ante la prensa que la medida era “injustificable” y avisó de que ponía en peligro en la estabilidad económica del país. “Los funcionarios públicos entendieron por qué el anterior Gobierno estableció esta ley, y entienden que no es hora de dar la vuelta y volver a cometer los errores del pasado”.

Mariana Mortágua, portavoz del BI en el Parlamento, sin embargo, criticó el acuerdo por no llegar suficientemente lejos. “Esto es un paso decisivo y una reconquista histórica… Aunque hubiésemos querido extender este derecho a todos los trabajadores, sean del sector público o del privado. No vamos a desistir en pedir la aprobación de este tipo de normativa”.

En declaraciones a EL ESPAÑOL la diputada socialista Wanda Guimarães, principal coordinadora de la comisión parlamentaria de Trabajo y Seguridad Social, reafirmó la importancia de la medida a la vez que rechazó las críticas de sus compañeros en el hemiciclo.

“Los conservadores se equivocan cuando sugieren que estamos aprobando una ley que va a hacer aumentar el gasto, y eso no es verdad”, insiste Guimarães. “La realidad es que en 1997 los sindicatos públicos negociaron sus condiciones laborales con el Gobierno del primer ministro socialista António Guterres. Se acordó congelar los salarios a cambio de un recorte de los horarios, y se fijó la semana laboral en 35 horas. El anterior Gobierno decidió alterar ese acuerdo unilateralmente, y nosotros hoy lo único que hemos hecho es un acto de justicia”.

Cara a la reivindicación bloquista para extender la medida a todos los sectores, Guimarães dice que semejante acción tendría que emanar de un “acuerdo social”. “Los grandes sectores privados del país trabajan 35 horas –yo misma trabajaba en la banca y ese era mi horario–, y nuestro objetivo civilizado debe ser ir hacia esa meta. Pero son asuntos que, por lo menos en Portugal, no se han hecho a través de decretos. Sería imposible hacerlo así ahora, especialmente en nuestra actual situación económica”.

“Estamos comprometidos con la restauración de las condiciones de vida de todos los portugueses, pero tenemos que tener cuidado con la velocidad en la que imponemos reformas. Estamos restaurando los beneficios de todos, pero equilibradamente”, añade la política.

Rechazo de las indicaciones comunitarias

El Ejecutivo luso restablece la semana laboral de 35 horas justo en un momento en el que la Unión Europea se aleja de la misma al considerarla poco eficiente.

En Francia, baluarte de la semana laboral de 35 horas –aplicable a todos los trabajadores, no sólo los funcionarios públicos–, cientos de miles de trabajadores han tomado las calles en los últimos meses para manifestarse en contra la polémica reforma laboral del presidente François Hollande, con la que el Gobierno acabaría con la normativa en vigor desde el año 2000. Una de las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 fue establecer un nuevo horario laboral para los funcionarios públicos, consagrando las semanas 37,5 horas de manera general. En Alemania los funcionarios públicos trabajan entre 37 y 40 horas por semana.

En el caso de Portugal, la autoridades comunitarias se han mostrado contrarias a la reposición del horario pre-austeritario, y tanto la Comisión Europea como el BCE han declarado que el país debería mantener las medidas impuestas por el anterior Ejecutivo para así lograr cumplir con el compromiso de mantener el déficit público por debajo del 3%. El miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) indicó que el país se encuentra justo en el límite marcado por Bruselas, y que cerrará 2016 con un déficit del 2,9%; a la vez que rebajó su pronóstico de crecimiento del país al 1,2% este año, lejos del 1,8% de defiende el Gobierno.

Con la reposición de la semana laboral de 35 horas Lisboa desoye los consejos de Bruselas, de manera tan flagrante que incluso el presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, levantó la voz de alarma acerca del buen sentido de la medida. Pese a las diferencias políticas que pueda tener con el primer ministro Costa, Rebelo de Sousa ha actuado como fiel interlocutor entre el Ejecutivo socialista y las autoridades europeas, haciendo campaña para intentar que Portugal sea sancionada por incumplir las metas del déficit de 2015. Habló sobre el tema con el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, durante su toma de posesión, y con el presidente de BCE, Mario Draghi, quien invitó a comparecer en una reunión del Consejo de Estado luso en abril. El lunes incluso se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, para asegurarle que Portugal iba por el buen camino.

Desde el Palacio de Belém se ha filtrado que el Jefe del Estado está preocupado porque esta nueva medida pueda desbordar los gastos del Estado y hacer que Bruselas decida seguir adelante con las sanciones que le corresponderían por incumplir el déficit del año pasado. Sin embargo, fuentes próximas al presidente señalan que se limitará a llamar la atención del Ejecutivo en este respecto, y no vetará la nueva normativa cuando le toque ratificarla en los próximos días.

Desde la Asamblea de la República, la diputada Guimarães se muestra confiada en que, pese a las dudas del Jefe del Gobierno y las autoridades europeas, la restauración de la semana laboral de 35 horas no tendrá mayor impacto sobre la economía nacional y el déficit público. “Llevamos poco más de seis meses en el Gobierno y la Comisión ha visto que no hacemos locuras: estamos cumpliendo nuestras obligaciones”, afirma la diputada. “El programa del Gobierno es sólido, y no hubiésemos aprobado esta medida sin tener claro que no va causar un aumento del gasto público”, declara. “Tenemos fe que, incluso en aquellos sectores donde sea necesario contratar personal, los sindicatos trabajarán con nosotros para limitar los gastos, porque entienden que nosotros hemos trabajado con ellos para devolverle la dignidad a la Administración Pública”.