Faltan 11 días para que empiece oficialmente la campaña electoral y los distintos partidos lanzan cada día propuestas nuevas. Ideas que no se les habían ocurrido para el 20-D y que ahora, como por arte de magia, son la solución a los problemas del país. La Comisión Europea también tiene sus recetas para solucionar algunos de los problemas de España, que son su manual de reformas para el próximo presidente del Gobierno. Sea quien sea.

Las medidas que pide la Comisión para los próximos dos años se engloban en cuatro pilares: fiscal, educativo, social y empresarial y de mercados. Bruselas combina demandas sociales orientadas al apoyo y formación de las clases populares y también liberales, que piden desregular los mercados e incentivar la competencia. Su tono general se acerca mucho a las propuestas electorales de Ciudadanos, aunque en el caso de la renta mínima, se asemeja más a las promesas de Podemos. Estas medidas aparecen en la Recomendación del Consejo enviada a España hace dos semanas. Los Estados son autónomos de aceptarlas o no (salvo las recomendaciones de estabilidad presupuestaria), pero la Comisión se reúne periódicamente con los gobernantes de los países para revisar si se están aplicando y para presionar en esta dirección.

1. Política fiscal

Es el punto más importante para Bruselas, ya que es clave para la supervivencia del euro y, como tal, es el único en el que tiene autoridad sobre los Estados miembro. Las cuentas públicas de España están muy vigiladas ahora que está en el brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo, pero cuando salga de éste, probablemente en mayo de 2018, entrará en el Procedimiento Preventivo, en el que se pasará muchos años. En definitiva, los miembros de la Comisión seguirán marcando la hoja de ruta en materia fiscal de los futuros presidentes: nada de descuidar el déficit ni la deuda.

Muchos partidos proponen negociar una nueva senda del déficit más flexible, pero en Bruselas esto no está en la mente de nadie. De hecho, si el próximo gobierno quiere pedir otro año de prórroga, los condicionantes para el país aumentarían en gran medida. Todo país que pida dos años de márgen para cumplir con el Procedimiento de Déficit Excesivo tiene que justificar que los necesita para poder aprobar un paquete de reformas estructurales que también hay que presentar y llevar a cabo.

La legislación de la contratación pública es buena, pero no se implementa correctamente, España tiene que mejorar su eficiencia

Bruselas también pide al Gobierno que “mejore los mecanismos de control de la contratación pública y la coordinación de las políticas de contratación de la Administración”. Fuentes de la Comisión explican que “la legislación de la contratación pública es buena, pero no se implementa correctamente, España tiene que mejorar su eficiencia”. Estas medidas van encaminadas a aprovechar mejor los recursos públicos, además teniendo en cuenta que España es uno de los países de la eurozona con un menor tamaño del sector público.

2. Educación

Es una de las grandes lacras de España, siempre condenada a los últimos puestos de los rankings internacionales. La Comisión pide al nuevo presidente que sea valiente a la hora de implementar políticas destinadas a fomentar la investigación y también la competencia entre los centros universitarios. Una de las medidas es vincular una parte de la financiación “por resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades”, de modo que los centros que consigan mejores resultados tengan una mayor dotación de dinero público. De este modo se conseguiría fomentar la competencia entre centros y, además, permitir que los que consiguen mejores resultados tengan más recursos para crecer.

Uno de los puntos clave para Bruselas es que el sistema Educativo se acerque al sector empresarial “estableciendo incentivos a la cooperación entre las universidades, las empresas y el sector de la investigación”. Estas medidas ayudarían a “mejorar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral”, de modo que la Educación también responda a las necesidades de las empresas.

3. Empleo y políticas sociales

La agenda social tiene que ser una prioridad para España, dado el nivel de paro y el riesgo de pobreza en el que se encuentra el 28,6% de los españoles. Bruselas lleva durante toda la crisis debatiendo sobre la necesidad de establecer una renta mínima que sea la última red de seguridad para las personas que pierden cualquier tipo de ingreso. La Comisión pide ahora a España “corregir las deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima” y también adoptar medidas “de apoyo a las familias, incluyendo el acceso a guarderías y cuidados de larga duración de calidad”.

En cualquier caso, las políticas de subsidios son un parche, pero no la solución a los verdaderos problemas sociales, por eso la Comisión pide al futuro presidente que adopte medidas para “mejorar la integración en el mercado laboral” a través del apoyo individualizado a cada parado y aumentando la eficacia de las medidas de formación.

4. Unidad de mercado

El caso español es especialmente delicado dada la gran fragmentación del mercado doméstico por las distintas normativas de las comunidades autónomas. Demasiados palos en las ruedas de las empresas que desde Bruselas no puede llegar a comprender, por esto pide “acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado”.

También pide que desde Madrid se garantice la aplicación por las comunidades autónomas de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que es una trasposición a España de una directiva europea que liberaliza el sector eliminando trabas al establecimiento de locales comerciales y la regulación de las tiendas ‘outlet’ para dar salida al stock no vendido.