Algo antes de la cuatro de la tarde ya es noche cerrada en Berlín. Pero Ibrahim, un turco de 52 años que lleva más de más de dos décadas al volante de su taxi en la capital alemana, dice a EL ESPAÑOL que “no se ve nada claro”. No se refiere a las calles. Habla sobre la investigación del atentado del lunes en el céntrico mercadillo navideño berlinés de la Breitscheidplatz, en el que murieron atropelladas por un camión doce personas y otras 45 resultaron heridas.
Para aportar luz al caso, según aseguran a este periódico desde la Oficina Federal Alemana de Investigación Criminal (BKA), “se trabaja sin descanso”. Sin embargo, la eficacia de las autoridades ha quedado en evidencia por los agujeros aparentes en la red del aparato de seguridad germano. De esas carencias pudo aprovecharse Anis Amri, el joven tunecino cuyas huellas dactilares y permiso de residencia fueron encontradas en el camión del ataque.
Amri llegó a Alemania en julio del año pasado. Se registró en Friburgo (sudeste germano). Según han explicado sus hermanos desde Oueslatia (centro de Túnez), Anis viajó primero a Italia ilegalmente por motivos económicos. Lo hizo en la primavera de 2011, al tiempo que se desarrollaba la bautizada como “Revolución de los Jazmines”.
Amri estaba indocumentado, una circunstancia de la que se serviría para dejar un reguero de identidades diferentes que complicaría la no siempre eficaz cooperación de los países europeos con sus vecinos del sur. A las autoridades europeas Amri pudo presentarse en varias ocasiones como egipcio, libanés y tunecino. Las declaraciones sobre su edad también diferían de un país a otro. Al llegar a Italia dijo haber nacido en 1994 pero en Alemania declaró que vino al mundo en 1992.
En Italia, los medios de comunicación han informado del accidentado paso de Amri por la localidad siciliana de Belpasso. Allí fue donde encontró refugio en un centro de acogida y donde se dio a conocer ante los responsables de seguridad italianos. En octubre de 2011, fue condenado a cuatro años de cárcel por varios crímenes, entre los que se cuentan por robo, lesiones y provocar un incendio.
Mustafa Amri, el padre del presunto terrorista, ha confirmado a la radio tunecina Mosaïquefm que su hijo pasó en Italia cuatro años en la cárcel por participar en el incendio de una escuela. La prensa en Túnez mantenía, además, que el joven de 24 años y principal sospechoso del atentado de Berlín, también había sido condenado en su país de orígen a cinco años de prisión por robo con violencia.
No ha trascendido si Amri ya pasó por las cárceles de su país. Lo que sí se conoce es que, al salir del centro penitenciario de Palermo donde cumplió el castigo impuesto por las autoridades italianas, le esperaba una orden de expulsión. Ésta, sin embargo, no se ejecutó porque las autoridades tunecinas e italianas no lograron ponerse de acuerdo sobre la identidad del joven. A un lado y otro del mar Mediterráneo las autoridades tenían un lugar de nacimiento distinto del expresidiario, según el diario italiano Il Corriere della Sera.
Amri acabó en Alemania en una situación similar. La demanda de asilo que realizó fue rechazada en junio. Sobre él pesaba una orden de expulsión. “Las autoridades alemanas pidieron un documento de identidad a las tunecinas, porque según la ley en Alemania hace falta un documento que indique que el individuo es natural del país al que se expulsa”, subraya a EL ESPAÑOL el profesor Joachim Krause, director del Instituto para la Política de Seguridad de la Universidad de Kiel. Ese documento llegó el miércoles, dos días después del atentado en Berlín.
“Amri tenía que estar en Túnez, pero la expulsión de inmigrantes que no se comportan con arreglo a la ley es prácticamente imposible en Alemania. Tenemos 270.000 personas que están ilegalmente en Alemania que deben ser expulsados”, según Krause.
UN SISTEMA QUE DIFICULTA LAS DEPORTACIONES
En suelo germano, Amri ya contaba con un perfil de islamista radical. De hecho, el joven podría haberse radicalizado a su paso por la prisión siciliana. En su familia han contado que en sus días en Túnez no rezaba y bebía alcohol. En Alemania, Amri conectó con los círculos de Abu Wala, un clérigo salafista vinculado a una mezquita de la ciudad de Hildesheim (noroeste). Wala fue uno de los detenidos el mes pasado en una operación contra el yihadismo en Alemania. A él se le considera el director una red de reclutamiento de yihadistas.
Como parte de la escena salafista germana, Amri fue objeto de vigilancia policial. Era uno de los identificados como individuos peligrosos en el país. “Tenemos unas 550 personas de estas características”, afirma a este periódico Rolf Tophove, director del Instituto para la Investigación del Terrorismo y la Política de Seguridad. Pese a esa consideración, las autoridades no encontraron motivos suficientes para detenerlo en el tiempo que emplearon siguiéndolo. “A veces se conoce a los individuos, estos pueden lanzarse a una acción terrorista o no”, mantiene Tophove.
En septiembre se dejó sin vigilancia al ahora sospechoso de ser responsable del peor ataque islamista que ha sufrido Alemania hasta la fecha. “La ley impide vigilar aquí durante un tiempo indefinido, está limitado”, apunta Krause. También está limitado el tiempo de detención para una persona que está pendiente de expulsión.
De ahí que tras ser detenido en un control rutinario en la ciudad de Friedrichshafen, cerca de la frontera alemana con Austria, pasara 48 horas en el centro de detención para deportados en Ravensburg, también en el sur germano. El límite para este tipo de detenciones en Alemania es de cuatro días.
Si bien su último lugar oficial de residencia en Alemania era Emmerich (noroeste), sorprende en el sospechoso su “alta movilidad”, según los términos del responsable de Interior de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jäger. Se sabe que en febrero Amri también buscó instalarse en Berlín. “Este caso muestra que en Alemania hay una situación legislativa que no está adaptada a estos casos”, estima Krause. Este profesor de la Universidad de Kiel conviene en afirmar que en su país existe un “agujero en el sistema de lucha antiterrorista”.
En este sentido, desde el Sindicato de Policía Alemán (DPolG, por sus siglas alemanas), Ernst Walter, señala a este diario que su organización pide desde hace tiempo que individuos como Amri “permanezcan en la cárcel el tiempo que sea necesario hasta que puedan ser expulsados”.
“Éste es un gran problema para Alemania, tenemos ya mucha gente en esta situación, que han de ser expulsados pero a los que no podemos expulsar porque han modificado su identidad, o tienen muchas”, abunda Wlater. Anis Amri constituye uno de esos casos. Sin duda, él es ahora el más buscado.