Cómo la eurófoba Le Pen se pudo aprovechar de la Eurocámara

“Nosotros trabajamos contra la Unión Europea. Somos políticos y realizamos acciones políticas y nuestros asistentes parlamentarios también son militantes con acciones políticas”. Con esta declaración, en el plató de TF1, Marine Le Pen, líder del Frente Nacional (FN), insistía en su defensa frente a la investigación judicial abierta por la sección financiera de la Fiscalía de París por los presuntos empleos ficticios de sus “asistentes” en el seno del Parlamento Europeo.

Y es que, Le Pen, eurófoba por excelencia, no sólo debe hacer frente a la condena del Parlamento Europeo, que reclama a la líder frentista el reembolso de 342.000 euros por el empleo ficticio de dos de sus asistentes, sino también al informe confidencial de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), revelado este febrero por el diario francés Mediapart y el semanario Marianne. En él se basó la Eurocámara para reclamar el dinero a Le Pen y gracias a este informe ahora hecho público la Fiscalía francesa investiga varios casos de presunto uso indebido de fondos europeos.

Dicho documento, trasmitido a la justicia francesa el 26 de julio de 2016, analiza la situación de doce asistentes contratados de manera sucesiva por la presidenta del FN durante su pasado y actual legislatura como eurodiputada, entre 2009 y 2014 y a partir de 2014, y cuyos sueldos corrieron a cargo del ente europeo.

La OLAF, organismo encargado de llevar a cabo investigaciones administrativas y formular ciertas recomendaciones, inició su investigación el 20 de enero de 2014. Un correo anónimo, bajo el título “Posible fraude en el Parlamento Europeo”, alertaba de un “caso de conflicto de intereses y de empleos ficticios”, asegurando que la presidenta del FN “utilizaría el presupuesto destinado a remunerar a sus colaboradores en el Parlamento Europeo para pagar a empleados que trabajarían para el Frente Nacional”.

Entre los asistentes mencionados en el documento de la OLAF, aparece Thierry Légier, conocido por ser el guardaespaldas de la familia Le Pen desde 1992. Responsable durante años de la seguridad de Jean-Marie Le Pen, Légier comenzó a trabajar para su hija, Marine Le Pen, en enero de 2011. Sin embargo, Légier parece no ocuparse únicamente de la protección del séquito frentista. Durante el primer mandato de Marine Le Pen, entre 2009 y 2014, el guardaespaldas fue contratado en dos ocasiones como asistente europeo “local” de la presidenta del FN.

El guardaespaldas habría recibido 1.619,85 euros mensuales, entre septiembre y diciembre de 2009, por un empleo a media jornada como “asistente”. Sin embargo, por aquel entonces Légier cubría las espaldas de Jean-Marie Le Pen, como él mismo asegura en su autobiografía. Así, la OLAF constata “una contradicción y una imposibilidad material” en el ejercicio de ambas actividades: el guardaespaldas habría sido “financiado” por los fondos europeos “mientras que ejercía exclusivamente sus funciones como escolta del señor Jean-Marie Le Pen”, constata el informe. En total, la Unión Europea habría pagado 12.000 euros por un empleo que nunca existió.

Pero este primer periodo no es el único que preocupa a la oficina antifraude Europea, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2011, Légier fue contratado por Le Pen bajo condiciones mucho más rentables: 7.237 euros netos por un contrato de tres cuartas partes de jornada, es decir, una remuneración de 64 euros por hora. Una cifra que la OLAF considera “extremadamente elevada”. Según Marine Le Pen, Légier “ya no trabajaba” para ella en el otoño de 2011. Sin embargo, la líder frentista justifica este contrato asegurando que permitió “una regularización pasada” fruto de “un error”: “El Parlamento no había pagado la tercera parte –encargada de la distribución de los sueldos- los salarios correspondientes a este trabajo”, defendió Le Pen.

El mismo documento de la OLAF recoge la versión del Parlamento Europeo que desmiente los propósitos de la presidenta del FN: no hay “ni rastro en este dosier” que permita pensar “que el PE aceptó un contrato como medio de regularización”, habría asegurado la institución europea en abril de 2016. Así, desde Estrasburgo, donde se encuentra la sede del PE, aseguran que el organismo “jamás pide a un diputado redactar documentos falsos o falsas atestados para cubrir sus operaciones”. Por lo tanto, los investigadores consideran que “los hechos en cuestión podrían constituir infracciones penales de abuso de confianza, incluso de fraude, así como de falsificación y uso de falsos documentos, según las respectivas disposiciones del código penal francés”.

Ante tales acusaciones, la líder euroescéptica no ceja en su empeño por justificar el empleo de quien fuera su guardaespaldas en el seno de una institución que desprecia sin ningún pudor. En el plató de TF1, aseguraba que Légier “trabajaba algunas horas (para ella) al mes (…) para responder especialmente al teléfono, para hacer trabajos en (su) despacho”. Interrogado por el diario Mediapart, el abogado de Le Pen, Marcel Ceccaldi, defendió así a su clienta: “Es un problema de seguridad. ¿Es desorbitante en el derecho común que el Parlamento asegure la seguridad de Marine Le Pen?”

Una defensa desconcertante cuando se tiene en cuenta que la presidenta del Frente Nacional promete en su programa la celebración de un referéndum sobre la salida de Francia de la Unión Europea, o proclama bajo los focos mediáticos que “estamos en Europa contra nuestra voluntad”, llegando a comparar la UE con “una prisión”.

OTROS POSIBLES EMPLEOS FICTICIOS

La investigación de la OLAF no sólo se cierne sobre el empleo ficticio de su exguardaespaldas, sino también sobre Catherine Griset, íntima amiga de Le Pen y excuñada de la líder frentista, e incluso sobre Louis Aliot y Florian Philippot, vicepresidentes de la formación de extrema derecha, que aparecen también citados en el informe.

Griset, fue nombrada jefa de gabinete en febrero de 2015 en la sede del FN en Nanterre cuando, en teoría, trabajaba como "asistente" parlamentaria en el PE. Es uno de los empleos ficticios que el PE ya ha condenado y por el que multa a Le Pen. Philippot y Aliot, aparecían en la carta anónima que denunciaba los empleos ficticios, pero la OLAF no ha podido verificar que sea así, lo que si asegura es que sus sueldos eran "muy elevados".

Marine Le Pen pone en duda la neutralidad del informe “desde el instante en que las autoridades francesas han sido solicitadas por el presidente del Parlamento Europeo” y asegura que tanto la institución europea como la OLAF, dirigen una “operación política” con este informe. “El Parlamento Europeo es una estructura política que ha decidido llevar a cabo contra los patriotas un combate (...). No soportan la idea de que pueda existir una oposición en su seno”, denunciaba el 3 de febrero en el diario Le Monde.

Si bien el informe de la OLAF no tiene ningún valor jurídico, lo que es seguro es que la líder euroescéptica, favorita según los sondeos en la carrera hacia el Palacio del Elíseo, debe hacer frente a una investigación que ya excede de la institución europea. La tarde de este lunes 20 de febrero, la sede del partido de ultraderecha en Nanterre era registrada, por segunda vez, por la policía gala en el marco de la investigación de estos empleos ficticios.