Bruselas pide a los Gobiernos que detengan a los inmigrantes irregulares para facilitar las deportaciones

Pese a que la retórica es distinta, la Unión Europea comparte con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la prioridad de reforzar el control de las fronteras exteriores y deportar a los inmigrantes irregulares. La Comisión ha recomendado formalmente este jueves a los Gobiernos de los 28 que recurran más a menudo a la detención de los inmigrantes irregulares, incluso a los menores no acompañados, en centros como los CIE en España si es necesario para garantizar su rápida repatriación. En la UE hay en estos momentos más de un millón de migrantes económicos irregulares que deben ser expulsados, según los cálculos de Bruselas.

"Cuando hablamos de centros de detención no estamos hablando de campos de concentración. Lo que queremos es que los inmigrantes que no tienen derecho al estatus de refugiado sean repatriados. Pero mientras tanto, tienen que estar en algún sitio, por supuesto en condiciones dignas, para evitar que se fuguen", ha dicho el comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos. "Los que necesiten protección internacional, la tendrán. El resto tienen que ser deportados", ha agregado.

La recomendación de Bruselas se dirige en particular a los países que, como España, hacen una interpretación restrictiva de la directiva europea de retorno. Esta norma fija un periodo de detención máximo de 18 meses para los inmigrantes irregulares. Sin embargo, la legislación española es mucho más garantista y reduce el plazo a dos meses. Sólo Francia contempla un periodo inferior, de un mes y medio.

"En algunos países, el plazo máximo en la legislación nacional es mucho más corto (que 18 meses). No es bastante para completar con éxito el proceso de repatriación. Deben usar la flexibilidad permitida en la directiva de retorno", ha insistido Avramopoulos. La detención no debe aplicarse de forma generalizada, ha puntualizado, sino sólo cuando los inmigrantes irregulares no cooperan y existe un riesgo de fuga. Y los menores deben ser retenidos en centros específicos para ellos.

Además de aumentar el plazo de las detenciones, la Comisión recomienda a los países miembros otra serie de medidas para hacer más efectivo el proceso de deportación. Entre ellos, el acortamiento de los plazos de recurso y la expedición sistemática de decisiones de retorno sin fecha de expiración; el examen acelerado de las solicitudes de asilo en frontera para combatir abusos del sistema; la fijación de plazos muy breves para las salidas voluntarias o la creación de programas de ayuda al retorno voluntario antes de junio de 2017.

Pese a los numerosos planes de acción puestos en marcha por Bruselas en los últimos años, la tasa de retorno de migrantes irregulares llegados a la UE ha caído del 36,6% del total en 2014 al 36,4% en 2015. Si no se tienen en cuenta las repatriaciones a los países de los Balcanes, la proporción se desploma hasta el 27%, según los datos del Ejecutivo comunitario. La UE tiene previsto dedicar 200 millones de euros este año para deportaciones.

Además de la negativa de los inmigrantes a ser expulsados y de la ausencia de documentación, el otro gran problema que frena las repatriaciones es la falta de acuerdos de repatriación con los países de origen y de tránsito. Bruselas se ha fijado como prioridad cerrar pactos con Nigeria, Túnez y Jordania y retomar el diálogo con Marruecos y Argelia, para los que hay mandatos de negociación desde 2003 y 2002, pero con los que no se ha avanzado.

El reparto de refugiados, estancado

De cara a la cumbre de líderes europeos que se celebra la semana que viene, la Comisión ha publicado también este jueves un informe sobre la respuesta a la crisis de refugiados. De los 160.000 demandantes de asilo que los 28 se comprometieron a repartirse en septiembre de 2015, hasta ahora sólo se ha relocalizado a 13.546, el 8,4% del total.

Por primera vez, Bruselas ha hecho un ranking de los mejores y peores alumnos. Sólo dos países (Malta y Finlandia) van camino de cumplir sus obligaciones, mientras que algunos (Hungría, Austria y Polonia) siguen negándose a participar en el programa y otros lo están haciendo de forma muy limitada (República Checa, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia). España ha reubicado a 851 refugiados, el 5,2% de lo comprometido.

Pese a este retraso, y aunque el programa de reparto debería concluir en teoría el próximo septiembre, el comisario Avramopoulos ha dicho que todavía no se plantea expedientar a los países incumplidores.