Thierry Solère, portavoz del candidato conservador a la Presidencia de Francia, François Fillon, se ha sumado este viernes a la oleada de deserciones en su campaña desde que este anunciara el miércoles que ha sido convocado por los jueces de cara a su eventual imputación.
Solère, que fue organizador de las primarias del centro-derecha, indicó en su cuenta de la red social Twitter que ha "decidido poner fin" a sus funciones como portavoz de la campaña.
Hasta el momento más de 65 altos cargos públicos han expresado su oposición a que Fillon se presente a los comicios del 23 de abril y del 7 de mayo por los supuestos empleos ficticios atribuidos a su mujer y dos de sus hijos.
Entre ellos, su exresponsable de Asuntos Internacionales de la campaña, el exministro Bruno Le Maire; su tesorero, Gilles Boyer, o los diputados Pierre Lellouche y Georges Fenech, próximos estos últimos al expresidente Nicolas Sarkozy.
E igualmente la eurodiputada Nadine Morano, quien hoy le solicitó que cese su campaña y "acompañe" a Los Republicanos en el proceso de designación de un nuevo candidato, ante los temores de que si continúa, la derecha no alcance la segunda vuelta.
"No podemos echarle, pero sí empujarle a reflexionar sobre las consecuencias de que siga", dijo en la emisora France Info, en la que añadió que "la cuenta atrás ha empezado y es él quien tiene el cronómetro en la mano".
El ex primer ministro y actual alcalde de Burdeos, Alain Juppé, ha asegurado a su entorno que está dispuesto a sustituir a Fillon en caso de que este se retire, pese a que en un primer momento expresó su negativa a hacerlo.
"La petición no puede venir solamente de la gente que me apoyó. Tiene que ser más amplia", habría dicho a sus allegados en declaraciones recogidas por el diario "Le Parisien".
Ese periódico destacó que acelerará los planes el resultado de la manifestación convocada para este domingo en la plaza de Trocadero, frente a la Torre Eiffel, en defensa de la candidatura de Fillon, que espera reunir a 200.000 personas.
Fillon, investigado por desvío de fondos públicos, tráfico de influencias y ocultación de actividades, ha asegurado que no se retirará de la carrera electoral en caso de resultar imputado, y califica su situación como "un asesinato político".