El juez Roberto Di Bella preside desde hace algo más de cinco años el Tribunal de Menores de Reggio Calabria. Una ciudad que no alcanza los 200.000 habitantes, ubicada en la punta de la bota que da forma a la península italiana, que se resigna a convivir bajo la autoridad de la ‘Ndrangueta.
La asociación criminal impone su ley en esta tierra desde finales del XIX. Pero fue a partir de los años noventa del siglo pasado, cuando aprovechó el cerco judicial a la mafia siciliana y amplió sus fronteras a Latinoamérica para convertirse en la principal suministradora de cocaína en Europa.
Di Bella afirma, en conversación telefónica desde Calabria, que cuando ocupó su asiento en el tribunal se encontró con que “debía procesar a los hijos de los mafiosos que ya habían sido juzgados en los noventa”. Se paró a pensar, se topó con la realidad y concluyó que las medidas punitivas por sí solas no surtirían efecto.
Su decisión provocó que “desde 2012, al menos unos 40 menores de edad hayan recibido una orden de alejamiento para abandonar Calabria”. El juez reitera que no se trata de privar a los muchachos de desarrollarse en un entorno familiar, como le han acusado en alguna ocasión, sino de “transmitirles que ir a la cárcel no es una medalla que colgarse –como algunos creen-, sino un castigo”.
Una solución revolucionaria
Pero como buen hombre de leyes, antes de entrar en consideraciones se empeña en desgranar los antecedentes. Según los datos que maneja, “en los últimos 20 años, el tribunal ha tenido que atender más de 100 procesos –unos 50 por homicidios- cometidos por menores vinculados a la mafia”.
“Muchos jóvenes han terminado en prisión después de pasar por centros de menores, otros han sido asesinados precisamente en esas guerras internas y los demás siguen arrastrando el estigma de ser hijos de mafiosos”, aduce. Por lo que el círculo vicioso requería una “solución preventiva”, considerada revolucionaria en la lucha contra el crimen.
Los niños han ido abandonando un entorno viciado y poco a poco fueron sus madres quienes pedían incluso que apartaran a sus hijos de esta realidad. Di Bella sostiene que en los últimos dos años ha recibido al menos una decena de misivas firmadas por esposas de mafiosos que le rogaban al juez que tomara la misma decisión con sus críos.
“Soy la madre de Rosario, de 15 años, pero también la hermana de Alessandro, juzgado en el Tribunal de Menores por un homicidio en años noventa, de Francesco, condenado por haber atacado a un carabiniere, y de Umberto y Antonio, asesinados recientemente por la mafia”, se lee en una de las cartas recibidas por el magistrado, que la utilizó después en un procedimiento judicial.
En el texto, la madre dice temer que su hijo “pueda terminar en la cárcel o asesinado”, como también lo fueron su padre, hermano y suegro. “Rosario piensa que ir a la cárcel es un honor o que le puede conferir respeto. Yo no soy capaz de controlarlo, a pesar de mis esfuerzos, por lo que le ruego al tribunal que me lo mande lejos de Reggio Calabria”, escribe.
Romper la línea sucesoria
En ocasiones las madres se presentan incluso en los juzgados, declara el juez. Mientras que en otros casos son incluso los capos mafiosos quienes se dirigen al magistrado, como revela el diario La Repubblica, con un mensaje escrito por un tal Giuseppe, encarcelado bajo el 41 bis, el régimen de aislamiento más severo. “Escribo como padre que sufre por su propio hijo. Estoy de acuerdo con usted, únicamente alejando a mi hijo podrá tener un futuro mejor. Si yo hubiese tenido esa posibilidad, no estaría donde estoy ahora”, se lee en el texto.
Al igual que ocurre con los jefes de la Camorra, la mafia napolitana, los hijos de los líderes de los clanes de la ‘Ndrangueta ocupan los puestos de sus padres cuando éstos entran en prisión. En el caso de la Camorra, la multiplicación de arrestos ha provocado que las bandas queden en manos de chavales cada vez más jóvenes- apenas cumplida la mayoría de edad- y más sanguinarios.
El magistrado asegura que “en los últimos 70 años hemos visto cómo los apellidos de los líderes de la ‘Ndrangueta también se repiten y generalmente terminan corriendo la misma suerte que sus mayores”. La intención, por tanto, es romper la línea sucesoria.
En ocasiones también han sido transferidas familias enteras. Aunque en esos casos no son tanto condenados por asociación delictiva, como víctimas de la extorsión que buscan huir del territorio.
Ya sean menores o adultos, el juez sabe que cuenta con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que se encargan de mostrarles una vía de escape. Los transferidos se alojan en casas de protección familiar del Estado o en estructuras gestionadas por asociaciones de voluntariado como la red italiana Libera.
Han pasado casi cinco años desde las primeras sentencias del juez Di Bella y en este tiempo, cree, “ya se pueden apreciar resultados”. “Hace poco una chica a la que había alejado de su casa cuando era menor y que ya ha cumplido los 18, se puso en contacto conmigo y me dijo que no pensaba volver a Calabria”, relata.
Algunos chicos incluso le piden ayuda al magistrado para encontrar trabajo. “Aunque desde el tribunal no les podemos ayudar en eso”, responde. En lo que sí les ha amparado su labor, opina, es en darse cuenta de que “hay otro destino seguro más allá de la cárcel o el crimen”.