Sabrina había tenido ya un primer aborto, cuando a los seis meses de gestación sufrió un percance durante unas pruebas médicas que le provocaron una infección en la placenta. Rompió aguas tres meses antes de lo previsto y acudió al hospital con un parto tan prematuro, que era consciente de que las posibilidades de que el feto saliera vivo eran mínimas.
“Cuando llegué al servicio de urgencias, me encontré con un personal más desorientado que yo misma, que ya había pasado por algo así. Les dije que pensaba que no había muchas alternativas, pero me respondieron que esperara, mientras me estaba subiendo la fiebre”, cuenta. Su ginecóloga habitual, la única que no es objetora de conciencia en todo el hospital, estaba enferma y no había acudido a trabajar.
En su lugar la atendió otro especialista, que después de ver la situación le informó de que “había poco que hacer”, pero que “ningún ginecólogo del centro podía intervenir hasta que el feto dejara de mostrar constantes vitales”. “Aquí somos todos objetores de conciencia”, me dijo. Le pidieron que si quería interrumpir el embarazo esperara allí 48 horas, cuando debía reincorporarse su doctora.
“Me dejaron sola, con el riesgo de infección que me estaba causando la fiebre, me dijeron que el parto sería largo y que podía esperar un par de días”, prosigue. Sin embargo, según narra, dio a luz pocos minutos después de la visita del último ginecólogo. “Lo más absurdo es que fui yo quien tuve que llamarles y decir, ‘ya ha salido mi hijo’. Parí sola, sin nadie a mi alrededor”, sostiene.
Es el único momento en el que le vienen las lágrimas, al recordar que “al feto aún le latía levemente el corazón, por lo que lo dejaron allí, ya que no querían asumir ninguna responsabilidad”. Realmente la criatura nació clínicamente muerta e instantes después certificaron su fallecimiento. Sabrina, que prefiere no dar su apellido ni dejarse fotografiar, añade que los abogados le desaconsejaron denunciar ante la dificultad para presentar pruebas contra lo que entiende como una negligencia médica.
El creciente número de objetores
Ocurrió hace sólo un par de meses y su ginecóloga aún le está haciendo los controles oportunos después de una experiencia de este tipo. Sabrina había conocido a la doctora un par de años atrás, cuando en un primer embarazo le diagnosticaron que la niña que debía dar a la luz cuatro meses más tarde, no había desarrollado una parte del cerebro y era más que posible que no pudiera sobrevivir.
“En aquel momento, el ginecólogo que me seguía me comunicó que él no se podía encargar y me mandó directamente a la doctora Lopizzo, de la que me dijeron que junto a otro especialista de otro hospital son los únicos que practican abortos de riesgo en toda Roma, una vez que ha pasado el tercer mes de embarazo”, explica. “Me sentí abandonada, descartada por un sistema que, más allá de las razones éticas de cada uno, te da la espalda”, opina.
En el hospital público de San Giovanni, la ginecóloga Paola Lopizzo reconoce que “en caso de ausencia o vacaciones, en este centro es imposible realizar abortos”. Ella es un ejemplo de la excepción, los objetores de conciencia representan el 70% del total de ginecólogos en toda Italia, según datos del Ministerio de Sanidad. En la región del Lazio, cuya capital es Roma, la tasa asciende al 80%. Y en otras zonas, sobre todo en el sur, es casi imposible encontrar personal dispuesto a realizar esta práctica.
Sólo en la última década, el número de especialistas que se han acogido a la objeción de conciencia ha pasado del 58% al 70%.
La objeción viene reconocida en la ley 194, aprobada en 1978 en referéndum tras una larga batalla en Italia. Sin embargo, el número de especialistas que se acogen a esta cláusula se ha disparado en los últimos años. Sólo en la última década ha pasado del 58% al actual 70%.
En el caso de María, una ginecóloga de un ambulatorio romano que ofrece su testimonio a cambio de no dar más detalles sobre su identidad, se trata de una “cuestión personal, no motivada por la religión”. “Simplemente creo que no podría asumir la carga, así que cuando se presenta un caso de este tipo, con todo respeto, derivo a las pacientes a colegas que sí lo hacen”, declara.
La doctora Lopizzo, una de ellas, argumenta que “no sólo se trata de motivos morales, sino también políticos”. “La diferencia es que aquí la Iglesia todavía influye en las decisiones políticas mucho más que en otros países”, agrega. En Italia hay al menos un centenar de hospitales católicos, en los que los médicos que hayan colaborado en esta práctica tienen nulas opciones de hacer carrera.
Hace un par de semanas se armó un importante revuelo porque un centro hospitalario de Roma convocó un concurso público para contratar a dos ginecólogos, detallando explícitamente entre sus funciones la “asistencia en interrupciones forzosas del embarazo”. La Conferencia Episcopal italiana puso el grito en el cielo y rápidamente salió a defender que “la objeción de conciencia es un derecho”.
El Ministerio de Sanidad declara periódicamente en sus memorandos anuales que el aborto está garantizado en toda Italia. La ministra del ramo, Beatrice Lorenzin, se felicitó en su última comparecencia en el Parlamento a propósito de este tema, porque los casos se habían disminuido hasta 87.639 en 2015, un 9% menos con respecto al año anterior. A comienzos de los ochenta, el número de abortos superaba anualmente los 200.000.
En realidad, la tendencia a la baja es común en toda Europa, motivada, según la doctora Mirella Parachini, “por el aumento de las medidas anticonceptivas y el más que probable incremento de las prácticas ilegales a las que acceden en muchos casos las inmigrantes y de las que no hay cifras”. Según Parachini, una de las adalides de la campaña para aprobar el aborto en los setenta, el alto número de objetores en Italia “es un problema, pero no es el único”.
La objeción ética no es el único problema
La doctora, que aún sigue cumpliendo con su labor en otro hospital de Roma, argumenta que uno de los principales retrasos de su país es “la hegemonía del aborto quirúrgico en detrimento del farmacológico”, algo que también sucede en España. Durante los tres primeros meses de embarazo, en muchos casos es posible interrumpir la gestación mediante de medicamentos. Pero en Italia no se empezó a suministrar el fármaco necesario hasta 2009, cuando en Francia –por ejemplo– se hace desde 1988. El aborto farmacológico representó en 2015 cerca del 15%, según el Ministerio de Sanidad italiano, contando con que la tasa ha crecido exponencialmente en los últimos años.
“Para una mujer (el aborto) es siempre una tragedia”, asegura la doctora Lopizzo.
HASTA 23 HOSPITALES PARA ABORTAR
En nuestro país, el número de abortos en el mismo año fue de 94.188, una cifra más elevada que la italiana. Y en eso, Parachini admite que sí puede influir las dificultades que implica que la mayoría del personal sanitario se niegue a practicarlo. La semana pasada el sindicato CGIL publicaba el caso de una mujer de 40 años que tuvo que recorrer 23 hospitales del norte de Italia, donde encontró excusas de todo tipo, hasta dar con un centro en el que poder abortar.
La doctora Lopizzo, como otras colegas consultadas para este reportaje, respeta la decisión de los objetores. Sin embargo, opina que “debería estipularse por ley un número mínimo de personal dispuesto a cumplir con esta labor”.
“Para una mujer es siempre una tragedia”, asegura la ginecóloga. “Un momento traumático, que además puede convertirse en pesadilla”, agrega Sabrina, su paciente. La joven insiste en que para alguien que va a traer una nueva vida al mundo es un derecho conocer si “está sana”. Pasado el último trauma, sigue esperanzada con ser madre.