Theresa May tiene carta blanca para negociar la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Después de que la Cámara de los Comunes tumbara horas antes las enmiendas a la ley que autoriza al Gobierno a activar el 'brexit', la Cámara de los Lores ha aceptado la derrota y ha dado el visto bueno a la legislación.
El Parlamento británico otorga vía libre a May para iniciar el brexit
En contra de los planes del Gobierno, la Cámara de los Lores había aprobado dos enmiendas al proyecto de ley.
La primera urgía a sacar del limbo a los tres millones de expatriados europeos en Reino Unido, ya que May se niega a blindar el estatus de los ciudadanos comunitarios dejando la cuestión para la mesa de negociaciones.
La segunda otorgaba al Parlamento de Westminster la última palabra sobre el acuerdo final de escisión del Reino Unido -esto es, poder de veto de los términos del divorcio- una vez concluidas las negociaciones con la Unión Europea.
Este lunes, sin embargo, los comunes votaron abrumadoramente contra las propuestas de los lores, que luego han decidido por una amplia mayoría respetar la decisión de los diputados.
El Ejecutivo conservador podrá ahora invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar la desconexión sin ningún tipo de atadura. Una gran victoria para May que llega al tiempo que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, lanza un nuevo desafío soberanista.
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En el debate previo a la votación en la cámara baja, el ministro para el brexit, David Davis, intentó convencer a los diputados de que aprobar las enmiendas socavaría el poder de negociador del Gobierno en el divorcio con la UE. “No entraremos en las negociaciones con las manos atadas”, afirmó.
Davis subrayó que su Ejecutivo perseguiría un acuerdo temprano en la mesa de negociaciones para proteger a los tres millones de europeos en Reino Unido y los 1,2 millones de expatriados británicos en el continente. Asimismo, prometió que el Parlamento tendría oportunidad de hacerse oír. “Estas enmiendas son innecesarias”, zanjó.
La oposición le reprochó, sin embargo, que si el Gobierno pretende cumplir su palabra, no le debería importar que se incorporen dichos compromisos al texto de la ley. “¿Cuál es el problema?”, le inquirió el diputado laborista Keir Starmer.
Las críticas al Gobierno, que sostiene que abandonar la UE sin un acuerdo sería mejor que con un “mal acuerdo”, también llegaron de su propia bancada.
La diputada conservadora Anna Soubry aseveró que en la ausencia de acuerdo, el Parlamento no podría pronunciarse. “Si nos vemos en el peor de los casos -esto es, sin un acuerdo- no tendremos derecho a voz o a voto. Señoría, eso simplemente no puede ser lo correcto”, afirmó.
Pero este lunes cualquier expectativa de rebelión en el Partido Conservador se esfumó. Sólo dos diputados tories respaldaron la enmienda sobre los derechos de los europeos y ningún miembro de la bancada conservadora votó a favor de la enmienda sobre el acuerdo final del brexit.
Viendo sus iniciativas derrotadas en la cámara baja, los lores -que no son elegidos por los ciudadanos- han optado por permitir que la ley se materialice.
Hablando con resignación ante sus compañeros, el conservador Lord Bowness manifestó que no podía luchar indefinidamente contra el Gobierno y los comunes. "Hacerlo probablemente significaría retrasar el proceso de invocar el Artículo 50, lo que no sería beneficioso para la Unión Europea o el Reino Unido", aseveró.
Con las enmiendas, los lores habían buscado terminar con la incertidumbre que rodea el estatus de los ciudadanos europeos en Reino Unido, muchos de los cuales corren a solicitar documentos oficiales que demuestren que son residentes en el país -a menudo topándose con dificultades- como posible salvavidas en caso de una ruptura abrupta entre Londres y Bruselas.
La cámara alta también esperaba consagrar el poder del Parlamento de Westminster para decidir sobre el futuro del Reino Unido. “Esta enmienda asegura (…) que el Parlamento sea el custodio último de nuestra soberanía nacional”, defendió la semana pasada el lord conservador Michael Heseltine, que fue despedido como asesor del Gobierno por romper filas con su formación.