El derecho a quedarse, primer obstáculo del 'brexit' en la UE

Tanto la primera ministra británica, Theresa May, como el resto de líderes de la UE parecen dispuestos a utilizar a sus ciudadanos como moneda de cambio en las inminentes conversaciones de divorcio. La Cámara de los Lores ha aprobado esta semana por amplia mayoría blindar unilateralmente los derechos adquiridos de los europeos que viven en Reino Unido después del brexit. Pero el Gobierno conservador confía en que podrá recuperarse de esta derrota y negociar con los 27 con las manos libres. 

May, que tiene previsto activar el divorcio antes de fin de mes, alega que Reino Unido debe esperar a que el resto de países miembros ofrezcan garantías recíprocas sobre los derechos de los británicos residentes en el continente. Y confía en que la Cámara de los Comunes corrija en los próximos días a los Lores y le dé carta blanca para discutir el brexit sin condiciones. Mientras tanto, a ambos lados del Canal de la Mancha aumenta la incertidumbre entre los expatriados sobre qué pasará con su permiso de residencia, prestaciones sanitarias o derechos de pensión una vez se consume la salida de Londres de la UE.

¿Cuántos afectados hay?

En estos momentos hay 3,3 millones de ciudadanos de la UE viviendo en Reino Unido: 1,6 millones procedentes de los antiguos Estados miembros; 1,3 millones de los países del este; 300.000 rumanos y búlgaros y el resto de Croacia, Chipre y Malta. De ellos, 2,2 millones son trabajadores activos en territorio británico, según los datos de la comisión de Empleo de la Eurocámara.

El número de británicos que residen en la UE asciende a 1,2 millones. Las principales comunidades se encuentran en España (309.000), Irlanda (255.000), Francia (185.000) y Alemania (103.000).

Como ha explicado a EL ESPAÑOL el eurodiputado laborista Richard Corbett, uno de los principales problemas, que podría generar caos e indefensión para los europeos, es que Reino Unido carece de un registro de población. En la práctica, será muy difícil determinar qué ciudadanos de los 27 residían de forma legal en territorio británico antes de que se materialice el brexit. "Si los 3,3 millones de ciudadanos europeos inician procedimientos para ejercer los derechos del Tratado, el sistema administrativo (británico) se vería sobrecargado", señala el Parlamento Europeo.

¿Qué impacto ha tenido el brexit?

Británicos residentes en la UE han lanzado una campaña para obtener un pasaporte europeo tras el brexit. Y los europeos que viven en Reino Unido han disparado las solicitudes de certificados de residencia permanente. Pero según ha denunciado esta semana en el Parlamento Europeo el eurodiputado laborista Claude Moraes, el Gobierno británico obliga a los demandantes a rellenar formularios de 85 páginas y deniega o declara inválidas el 28% de las peticiones.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha avisado a Londres de que está obligado a aplicar las reglas comunitarias en materia de libre circulación de personas hasta el momento en que deje la Unión, previsiblemente en 2019. Y la Eurocámara amenaza con represalias. "El hecho de que parece ser particularmente difícil para los extranjeros (comunitarios), incluso si están casados con británicos o han nacido en Reino Unido, lograr el estatus de residente permanente o la nacionalidad británica podría influir en la posición que adopten los Estados miembros sobre este tema", ha dicho la comisión de Asuntos Jurídicos en su informe sobre el brexit.

¿Cuándo se resolverá su estatus?

La primera ministra May asegura que ha ofrecido al resto de líderes europeos un acuerdo inmediato para acabar con la incertidumbre y proteger los derechos adquiridos de todos los ciudadanos, incluso antes de iniciar las conversaciones del divorcio. "Muchos de ellos están a favor de este acuerdo -uno o dos no- pero quiero que todo el mundo sepa que sigue siendo una importante prioridad para Reino Unido resolver este problema lo antes posible", dijo en su discurso sobre el brexit en enero.

Pero en el otro bando desmienten al Gobierno británico y repiten que no habrá negociación (ni sobre los ciudadanos ni sobre ningún otro tema) hasta que Londres active la cláusula de divorcio. "Los ciudadanos necesitan certidumbre y estabilidad y merecen respeto y justicia. Espero que esta cuestión pueda afrontarse lo antes posible. Pero primero Reino Unido debe hacer efectivo el resultado del referéndum", dice la comisaria de Justicia. "Por ello no es posible ser más preciso en este momento", alega. En todo caso, Bruselas tiene previsto abordar esta cuestión de forma prioritaria en las negociaciones del brexit.

¿Cuál será la fecha de corte?

Es una de las cuestiones más polémicas. La caja de los truenos se ha abierto esta semana con una información de The Telegraph según la cual May tenía previsto decretar el fin de la libre circulación para los nuevos migrantes europeos este mismo marzo, al mismo tiempo que se activa la cláusula de divorcio. Eso significaría que los ciudadanos comunitarios que viajen a Reino Unido después de marzo ya no tendrán derecho automático a quedarse allí permanentemente. "Si esperamos más, podríamos encontrarnos con media Rumanía y Bulgaria viniendo aquí", señalaban las fuentes gubernamentales citadas por el Telegraph.

Posteriormente, el Gobierno británico ha puntualizado que no tiene previsto tomar una decisión unilateral, sino que la fecha de corte será uno de los asuntos que tendrá que pactar con sus socios, y sólo se anunciará cuando se alcance un acuerdo global sobre los derechos recíprocos de los ciudadanos. Lo más probable es que los 27 exijan que la fecha para acabar con la libre circulación sea cuando se consume el brexit, es decir, marzo o abril de 2019.

¿Cómo afecta a España?

Alrededor de 309.000 ciudadanos británicos residen en España, mientras que el número de españoles que viven en Reino Unido asciende a algo más de 100.000. Es decir, la colonia británica en España es la más importante de la UE, mientras que la colonia española en territorio británico es sólo la octava mayor.

"Nosotros estamos en una posición peculiar porque España es el único país de la Unión que tiene más británicos en su territorio que nacionales en Reino Unido. Y luego también somos diferentes porque en el resto de países de la Unión Europea los británicos que residen están en edad laboral. En cambio los británicos que residen en España casi todos están jubilados cobrando pensiones y consumiendo gasto sanitario", explica a EL ESPAÑOL el líder del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, que ha sido nombrado portavoz de los populares europeos para el brexit.

"Estoy convencido de que España, una vez se haya producido el brexit, tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo bilateral con Reino Unido sobre las condiciones en las que queden los británicos residentes en España, que son unos buenos vecinos y queremos que sigan aquí, y establecer un principio de reciprocidad sobre los españoles que sigan residiendo en Reino Unido", señala González Pons.