“Ningún papel puede contar lo que vivimos allí”, dice Misu, un anciano gitano, superviviente del Holocausto, que vive en una ciudad del norte de Rumanía.
Habitar en hoyos excavados en la tierra, comer una patata al día, cargar leña en el bosque con su madre… Así son los recuerdos del campo de Transnistria (una región entonces parte de Rumanía) adonde fue deportado con sus padres cuando tenía sólo dos años.
Misu recuerda que todas las personas de etnia gitana de su pueblo fueron deportadas. Desde hace ya más de dos años espera que el Estado rumano cumpla su propia ley, la normativa 189-2000, y él reciba una indemnización mensual como superviviente del Holocausto.
Explica que a día de hoy y desde el año 2015, cuando por primera vez nos encontramos con él, no ha obtenido ninguna respuesta de las autoridades rumanas. De esta pírrica indemnización de poco más de 100 euros dependen las medicinas que debe tomarse para el tratamiento de las enfermedades crónicas que padece.
Una campaña que se está llevando a cabo en Rumanía en estos días, “Justicia para los supervivientes gitanos del Holocausto”, recoge los testimonios de los pocos supervivientes de los campos de concentración, con el objetivo de presionar a las autoridades rumanas para que reconozcan los derechos de los supervivientes del Holocausto y paguen las indemnizaciones.
“Estamos hablando de muy pocas personas que son muy mayores y que deben recibir, conforme a la ley 189/2000, una indemnización de 500 lei” explica Petre Matei impulsor del proyecto “Supervivientes gitanos de las deportaciones a Transnistria”.
“Cada mes el número de supervivientes disminuye. En general son personas que tienen más de 85 años y se hallan al final de una vida llena de humillaciones. La ignorancia y mala fe de las autoridades del Estado rumano convierten a estas personas en víctimas hasta el último día de sus vidas”, añade.
Durante el año 1942, el Gobierno rumano de Ion Antonescu deportó a más de 25.000 personas de etnia gitana a los campos de concentración ubicados en Transnistria; entre ellos había 12.923 niños. Más de la mitad murió en los campos.
Los supervivientes de las deportaciones de 1942 deben lidiar ahora con el racismo y la arbitrariedad de los funcionarios, denuncian. Misu sobrevivió al campo de concentración y regresó a Rumanía. Ahora lleva dos años discutiendo con los funcionarios de la Seguridad Social y reclamando sus derechos.
Víctimas de la burocracia
Hoy por hoy, los supervivientes llevan años atrapados en los pasillos de los Ayuntamientos donde se deberían tramitar sus indemnizaciones. Las autoridades reclaman documentos de los archivos en los que los supervivientes figuren con nombre y apellido.
Muchos de ellos, sin embargo eran niños en la fecha de la deportación y en sus documentos figuraba sólo un número. Es el caso de Misu. Aunque haya aportado el testimonio de otras personas deportadas que estuvieron con él en Transnistria y que ya reciben las correspondientes indemnizaciones, los funcionarios no han aceptado sus declaraciones.
Misu fue enviado de niño a un campo en Transnistria.
“Existe una tendencia autoritaria de los funcionarios del Estado, además de la arbitrariedad en la interpretación de los casos. Piden documentos oficiales que, de hecho, no existen en los archivos. Como se trata de personas de etnia gitana, ni siquiera los escuchan. Interpretan la ley según les viene en gana y exigen pruebas absurdas e imposibles” afirma Petre Matei.
Por ejemplo, en el Ayuntamiento de la ciudad de Iași, ante el cual se presentó la reclamación de Misu, Elena Motaș explica que no se han aceptado sus testimonios porque “los testigos eran niños cuando se realizaron las deportaciones, no eran personas mayores”. Su situación no ha cambiado lo más mínimo desde 2015, cuando nos explicó que acababa de presentar su demanda ante las autoridades rumanas.
Si en el caso de Misu los funcionarios no han proporcionado ninguna respuesta durante dos años, en otros casos los supervivientes han sido insultados por los funcionarios.
Costea Maria, superviviente del Holocausto, deportada junto con sus padres y hermanas, fue amenazada con la llegada de la policía cuando se desplazó a la oficina de la Seguridad Social para presentar su petición por la indemnización: “La funcionaria nos trató de forma humillante, no quiso darnos ninguna información y nos dijo que la ley 189/2000 no se les aplica a los gitanos”.
El desconocimiento de los entresijos de la ley por los supervivientes, los funcionarios que demandan documentos de los archivos y los responsables de los archivos que afirman que tales documentos no existen privan a muchas víctimas de sus derechos.
En el año 2010, en la ciudad de Sibiu, de 20 supervivientes, sólo dos se beneficiaban del reconocimiento y de las indemnizaciones, según las investigaciones realizadas por Petre Matei. Cuando quisieron ayudar a los demás ancianos desde la ONG Centro para Recursos Comunitarios, se toparon con las barreras de los funcionarios:
“No han aceptado testimonios de testigos, pero tampoco existen listas con el nombre y apellido de cada persona deportada. En las listas sólo figuraba el nombre del padre, no el de los niños. Y los únicos que siguen hoy día con vida son los que eran niños en el año 1942. Detrás de la desconfianza en los testigos, se esconden mucha mala fe y racismo. Un funcionario me dijo: ‘Ya sabemos nosotros cómo son los gitanos’”.
Los hermanos Herman y Elisaveta Căldăraru eran niños cuando fueron deportados junto con su familia. De todos ellos, sólo el nombre del padre figura en los documentos de los archivos. Reclamaron la indemnización y el reconocimiento como víctimas del Holocausto en el año 2010 y se les rechazó alegando la falta de documentos. En marzo del año 2015, Herman Căldăraru volvió a intentar hablar con las autoridades rumanas.
“Un vecino de su pueblo me dijo entonces: ‘Estaría bien que ayudéis a Herman, pero daos prisa, que ya no le queda mucho. Tiene cáncer’”, cuenta Petre Matei, quien conoció a la familia.
Herman Căldăraru falleció el 8 de mayo 2015. Nunca recibió ninguna respuesta por parte de las autoridades rumanas. Su hermana, Elisaveta Căldăraru, de 80 años, aún sigue esperando.