"Cuando está en juego la supervivencia de la democracia y del Estado de derecho, las instituciones de la UE deben pronunciarse y actuar", reclaman los principales grupos políticos de la Eurocámara en una declaración conjunta suscrita esta semana. Las últimas reformas del sistema judicial en Polonia promovidas por el Gobierno nacionalista y euroescéptico de Ley y Justicia han provocado una fuerte preocupación en Bruselas. Los dirigentes comunitarios consideran que se trata de un asalto a la independencia de la judicatura, cuyo objetivo es eliminar cualquier contrapeso a la acción gubernamental.
La crisis polaca ha sido inscrita con carácter urgente en la reunión del colegio de comisarios de este miércoles. El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, tiene previsto informar a sus colegas sobre los últimos contactos que ha mantenido con el Gobierno de Varsovia y proponer nuevas iniciativas para tratar de desbloquear la situación. Pero las opciones que le quedan a Bruselas son en realidad muy limitadas.
La Comisión ya dio un paso sin precedentes contra Ley y Justicia en enero de 2016 al activar por primera vez en la historia un mecanismo sancionador por "riesgos sistémicos" al Estado de derecho en Polonia. En aquella ocasión, el foco de inquietud para Bruselas era una norma que ha reducido los poderes del Tribunal Constitucional, así como las iniciativas para acabar con la independencia de los medios públicos.
Transcurrido un año y medio de contactos, las medidas siguen en vigor y el Gobierno de Varsovia no ha atendido ninguna de las recomendaciones del Ejecutivo comunitario. "El procedimiento está agotado", admiten en Bruselas.
La reforma del sistema judicial ha sido una de las obsesiones del partido Ley y Justicia desde su llegada al poder a finales de 2015. Después del Tribunal Constitucional, el nuevo episodio que ha hecho saltar ahora todas las alarmas en la UE afecta al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial. El Parlamento polaco ha empezado a debatir este martes tres iniciativas legislativas que, según Bruselas, atentan contra la división de poderes en que se basa una democracia.
La primera norma da al Parlamento más poderes para controlar al órgano de gobierno de los jueces, mientras que la segunda permitirá al ministro de Justicia cambiar a los presidentes de todos los tribunales en los próximos seis meses. Pero el proyecto de ley que ha provocado más consternación en la UE es el que destituirá a todos los jueces del Tribunal Supremo, excepto a aquellos que el ministro de Justicia decida que se queden. El Tribunal Supremo polaco tiene entre sus funciones la de certificar los resultados de las elecciones.
El líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, en el Parlamento polaco
Miles de personas se manifestaron el domingo contra la reforma en las calles de Varsovia y otras grandes ciudades polacas. Para la oposición, liderada por la Plataforma Cívica, el partido que dirigía el ahora presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se trata de un auténtico golpe de Estado. El líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, que controla en la sombra el Gobierno de la primera ministra Beata Szydlo, replica que su objetivo es mejorar la eficacia de la judicatura y purgar los últimos vestigios que todavía quedan de la era comunista.
"Esta legislación ha provocado una gran inquietud en el Parlamento Europeo, ya que podría ir contra los principios fundamentales de los Tratados de la UE, debilitar la independencia y la imparcialidad de la judicatura polaca y socavar la separación de poderes en Polonia", ha escrito el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en una misiva que ha enviado este martes al presidente polaco, Andrzej Duda.
También el secretario general del Consejo de Europa, el órgano encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en el continente, ha remitido una carta al presidente del Parlamento polaco para expresarle su preocupación. "Teniendo en cuenta el papel que juega el poder judicial, tanto el ejecutivo como el legislativo deben ser particularmente cautos cuando consideren enmiendas legislativas que afecten al funcionamiento independiente de la judicatura", avisa Thorbjorn Jagland.
Sin salidas
"El problema es que el Gobierno polaco no tiene ningún aliado internacional viable que le ayude a salir del agujero", asegura un alto funcionario europeo. Ley y Justicia no pertenece a ninguna de las grandes familias políticas tradicionales europeas sino que está adscrito al grupo euroescéptico fundado por los tories británicos.
Además, Varsovia no considera que Bruselas sea un interlocutor legítimo. Sólo aceptaría consejos de países como Alemania, Estados Unidos o Francia. Los dos primeros no están dispuestos a presionar a Polonia. De hecho, el presidente norteamericano, Donald Trump, se dio un baño de masas en Varsovia en su última visita a Europa que contrasta con la frialdad con la que fue acogido en el G-20 de Hamburgo. Sólo el nuevo presidente galo, Emmanuel Macron, ha dado muestras de endurecer su posición.
Pese a que Ley y Justicia trató de vetar su renovación al frente del Consejo Europeo, Donald Tusk ha intentado ejercer de mediador, también "sin éxito porque le odian". Kaczynski le acusa de ser el responsable directo del accidente de avión de 2010 en Rusia en el que murió su hermano gemelo, Lech, y buena parte del establishment polaco.
Juncker no quiere activar la 'opción nuclear' contra Polonia
"Sólo queda una opción, la opción nuclear: activar el artículo 7 del Tratado", admiten las fuentes consultadas. Este artículo permite suspender el derecho de voto de un Estado miembro en el Consejo de Ministros, el máximo órgano de decisión de la UE, en caso de una vulneración "grave y persistente" de los valores europeos.
Pero en un momento en que la prioridad es mantener la unidad entre los 27 para sobrevivir al brexit, una medida de este tipo "crearía las condiciones" para que Polonia acabe siguiendo los pasos de Reino Unido y abandone la UE, según sostienen en Bruselas. Es por eso que "la Comisión no quiere pasar al escenario nuclear", pese al deterioro de las relaciones con Varsovia. Además, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ya ha dado signos de que no apoyará esta medida, que sólo puede aprobarse por unanimidad.
Y es que la reforma judicial no es el único frente que la UE tiene abierto contra Varsovia. La Comisión también ha expedientado a Polonia -junto con República Checa y Hungría- por negarse a acoger refugiados. En una crítica nada velada a la canciller Angela Merkel, Kaczynski sostiene que su país nunca invitó a los demandantes de asilo a venir y por tanto tiene derecho a decir no. El último frente en el pulso que enfrenta a Bruselas y Varsovia se inició la semana pasada, con un nuevo procedimiento de infracción europeo por la tala de árboles en el bosque milenario de Bialowieza.
En Bruselas se equipara a menudo la deriva autoritaria polaca con la del Gobierno húngaro. La Comisión también actuó contra Budapest por su reforma constitucional y de la ley de medios de comunicación, aunque ambos procedimientos acabaron en nada. Pero a diferencia de Ley y Justicia, Orbán sí forma parte de la familia del Partido Popular Europeo y acepta el diálogo con Bruselas.
No obstante, el Ejecutivo comunitario acaba de lanzar dos nuevos expedientes sancionadores contra Budapest por tratar de cerrar la Universidad Centroeuropea del magnate estadounidense de origen húngaro George Soros y por restringir las actividades de las ONG extranjeras. "La relación con Budapest y Varsovia es mala y no va a mejorar en un futuro próximo", concluyen las fuentes consultadas.