Desde su triunfo electoral hace poco más de un año, el partido conservador y católico Ley y Justicia (PiS) ha dejado poco sin tocar en Polonia. Para empezar, ha extendido sus hilos sobre los medios de comunicación públicos, ha intentado prohibir el aborto en casi cualquier circunstancia -una medida que terminó siendo derrotada ante el alud de indignación popular- y planea reformar el sistema educativo para “traer de vuelta la educación patriótica”.
“Básicamente tenemos una crisis continua”, asegura a EL ESPAÑOL Jacek Kucharczyk, presidente del Instituto de Asuntos Públicos de Varsovia. “El Gobierno produce legislación polémica tres veces al día (…). Ha habido un intento sistemático de limitar todo tipo de libertades y derechos de los ciudadanos”.
El último capítulo de la crisis se abrió la semana pasada ante la intención de la formación gobernante de limitar el acceso al Parlamento por parte de la prensa, lo que desencadenó la ira de medios polacos y oposición, así como una oleada de protestas que desembocaron en intervenciones policiales.
El viernes la tensión escaló todavía más cuando, en medio del caos, los diputados de Ley y Justicia se trasladaron a una sala de reuniones para votar los presupuestos del Estado sin la presencia de la oposición, donde supuestamente fueron aprobados.
Ante la creciente presión, el presidente del Senado anunció que el año que viene presentará una nueva propuesta sobre el acceso de los medios al Legislativo para la que consultará a los propios afectados. Aun así, este miércoles diputados opositores continúan un boicot en el seno del Parlamento para exigir que los presupuestos se voten de nuevo y determinar que hay cuórum, una táctica que el partido gobernante ha calificado de "criminal".
Y mientras el Parlamento implosiona, la Corte Constitucional -'archienemiga' de Ley y Justicia- sufre su propia crisis. Con su mayoría parlamentaria, el partido dirigido por Jarosław Kaczyński ha sacado adelante una batería de medidas encaminadas a regular la actividad del tribunal. Esto alarma a la Comisión Europea, que pese a ver una amenaza "sistémica" al Estado de Derecho no ha tomado represalias.
Kaczyński, que fue primer ministro en el primer Gobierno de Ley y Justicia (2005-2007) y hoy día es diputado, es considerado el líder de facto del país. La vicepresidenta del partido, Beata Szydło, es la premier en el vigente Ejecutivo y el presidente de Polonia, Andrzej Duda, abandonó oficialmente la formación pero se mantiene ligado a ella.
El hasta este lunes presidente de la Corte Constitucional polaca, Andrzej Rzepliński, dijo al diario británico The Guardian justo antes de abandonar el cargo que Polonia va “camino de la autocracia”, una opinión con la que coincide el experto Kucharczyk. A Piotr Buras, director de la oficina en Varsovia del laboratorio de ideas paneuropeo European Council on Foreign Relations, el término “autocracia” le parece exagerado, pero sí considera que el Gobierno está minando la democracia polaca.
“Es difícil predecir cuál es el objetivo último del partido gobernante, pero personalmente no diría que Polonia va camino de la autocracia -es una afirmación muy fuerte. Diría que los pilares de la democracia están siendo constantemente socavados”, afirma. “Juntos, todos estos cambios, pequeños y mayores, al sistema constitucional definitivamente debilitan mucho la democracia”.
Este martes, el Gobierno designó a una presidenta interina de la Corte Constitucional para sustituir al crítico Rzepliński al frente de la institución y otorgar a Ley y Justicia el control del tribunal, un nombramiento que Kucharczyk, como otros, considera “ilegal”. Ya este miércoles se ha convertido en presidenta como tal. El conflicto con la Corte Constitucional ha llevado al Gobierno incluso a no publicar algunas de sus sentencias.
Se ha comparado a Polonia con la Hungría de Viktor Orbán por el carácter de tinte autoritario de los líderes de ambos países. Sin embargo, los expertos matizan que el apoyo de Orbán es mayor y la oposición menos fuerte que en el caso de Kaczyński.
EL POPULISMO, CLAVE DEL ÉXITO
El pasado octubre el partido del notorio Jarosław Kaczyński se impuso en las urnas con algo menos del 40% de los votos. Poco más de un año después, las encuestas señalan que su respaldo electoral se mantiene más o menos igual.
La razón de su apoyo, afirma Kucharczyk, el presidente del Instituto de Asuntos Públicos polaco, ha sido la puesta en práctica de medidas sociales como suculentas ayudas a las familias y una popular bajada de la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. “Esto es lo que mantiene su apoyo, estos generosos programas y promesas sociales”, dice el experto, que se muestra preocupado por el posible impacto de la reducción de la edad de jubilación sobre la economía.
Pese a su aparente respaldo popular, Ley y Justicia ha fracturado a la sociedad polaca, que ha salido a la calle para protestar contra sus esfuerzos de guiar al país por el camino de la tradición y el conservadurismo. Y aunque han cumplido algunas de sus promesas electorales, las encuestas no indican que su apoyo haya crecido, lo que puede significar que el partido ha tocado techo, apunta Buras, del European Council on Foreign Relations. “Creo que esta es la causa de cierto nerviosismo en el bando gobernante”, comenta.
De hecho, los analistas coinciden en que el agravamiento de la crisis política e institucional polaca puede perjudicar al Gobierno, pero no se esperan grandes cambios en el futuro inmediato.
Desde la victoria de Ley y Justicia, Polonia ha supuesto un quebradero de cabeza para la Unión Europea. Ya en enero le abrió un expediente por asaltar a su Corte Constitucional que podría culminar, aunque es improbable, en la retirada del derecho a voto del Estado miembro en las reuniones con sus pares.
Este miércoles, la Comisión Europea ha emitido un comunicado en el que urge a Varsovia a garantizar la independencia de la Corte Constitucional y exige que no se nombre a un presidente del tribunal hasta que se publiquen e implementen sus sentencias y se resuelvan los demás problemas que lo constriñen.
El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, ha llamado en los últimos días al Gobierno de su país a respetar la Constitución. “Apelo a aquellos que tienen verdadero poder a respetar a la gente, a los principios constitucionales”, afirmó.