"Estoy en contra del viejo debate entre los contribuyentes y los receptores netos del presupuesto comunitario, porque cuando se trata de la UE todos somos beneficiarios", proclama el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Sin embargo, cada vez que se negocia el marco financiero plurianual de la Unión se repite la misma historia. Una lucha sin tregua que enfrenta a los pagadores que quieren recortar gastos (Alemania, Austria, Holanda y los nórdicos) contra los beneficiarios, defensores a ultranza de las subvenciones europeas (los países del Este y hasta ahora España). La nueva batalla se ha lanzado este lunes en Bruselas: Juncker ha pedido más dinero para las próximas cuentas comunitarias del periodo 2020-2027.
Estas perspectivas financieras (así se llaman en la jerga bruselense) tendrán como principal novedad ser las primeras en las que ya no esté Reino Unido. Londres es ahora el segundo contribuyente neto a las arcas europeas, sólo por detrás de Alemania. Eso significa que el brexit dejará un agujero de entre 12.000 y 13.000 millones de euros al año, según ha explicado el comisario de Presupuestos, el democristiano alemán Günther Oettinger, durante un seminario de alto nivel que se celebra esta semana en Bruselas sobre el futuro de las finanzas de la UE. Una conferencia en la que participan ministros de Economía o Exteriores de varios países miembros.
Al mismo tiempo que la salida de los británicos, la Unión debe acometer nuevas tareas como la defensa, la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo, la protección de las fronteras o la adaptación al cambio climático. El resultado es que la brecha final en las cuentas europeas podría dispararse hasta 20.000 millones de euros al año, según los cálculos que maneja el Ejecutivo comunitario. La solución para tapar este boquete pasa por una combinación de tres medidas: cambios en las prioridades de gasto, búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, pero también recortes en las subvenciones europeas.
Las partidas más afectadas por los ajustes serán los fondos para la agricultura (que todavía suponen el 38% de presupuesto de la UE) y las ayudas a las regiones (34% del total). No obstante, Juncker ha asegurado que no habrá "recortes sangrantes". La UE debe seguir avanzando en la cohesión territorial entre ricos y pobres y tiene que garantizarse la "autarquía alimentaria", ha defendido. Sólo se salvarán de la tijera el programa de intercambio universitario Erasmus+ y las subvenciones a la I+D.
Un café al día
En todo caso, los recortes no bastarán para financiar las nuevas tareas que debe asumir la UE, sobre todo ahora que no puede contar con el paraguas de seguridad de los Estados Unidos de Donald Trump. Hace falta más dinero. Juncker ha pedido a los Estados miembros que supriman el actual límite del 1% del producto interior bruto impuesto al presupuesto comunitario (alrededor de 160.000 millones de euros anuales). Esta cifra equivale a "un café al día" por cada contribuyente europeo. "Y Europa es más que un café al día", ha resaltado el presidente de la Comisión.
"Necesitamos más del 1% del PIB en gasto si queremos llevar a cabo y financiar adecuadamente las políticas de la UE", reclama Juncker. Su responsable de Presupuestos aclara que no se trata de un gran salto sino que sólo está pidiendo "un poco más" de recursos: pasar como máximo al 1,2% del PIB.
Unos fondos extra que deberían aportar los contribuyentes netos al presupuesto de la UE. Bruselas aboga por explorar nuevas vías de financiación: por ejemplo, los ingresos obtenidos del sistema de comercio de emisiones de CO2 o una tasa a la producción de plástico, según ha dicho Oettinger. Sin embargo, las aportaciones de los Estados miembros continuarán siendo la principal fuente de financiación para las arcas comunitarias, ya que ninguna de estas ideas alternativas genera unanimidad o resulta suficiente.
Berlín ya ha calculado lo que le costará el aumento que solicita Juncker: una contribución extra de 10.000 millones de euros al año, según ha dicho el ministro alemán de Exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, que también ha participado en el seminario de Bruselas. Una cifra en todo caso muy inferior a los hasta 40.000 millones extra anuales que ha pedido Trump a Alemania para la OTAN, ha agregado.
Lo cierto es que Gabriel ha exhibido un tono muy conciliador: Alemania no se cierra a un aumento del presupuesto comunitario, siempre que se racionalice el gasto y se redirija a las prioridades políticas de la Unión. "Alemania no es un contribuyente neto. Somos beneficiarios netos de Europa, económicamente, financieramente y políticamente", ha sostenido el ministro de Exteriores. La UE será el eje central del acuerdo para reeditar la Gran Coalición que negocian estos días los socialdemócratas con la canciller Angela Merkel, agrega.
España, contribuyente neto
En estas condiciones, España -representada este martes en el seminario de Bruselas por el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal- se convertirá por primera vez en contribuyente neto al presupuesto comunitario. Es decir, tendrá que pagar a las arcas comunitarias más dinero del que recibe en subvenciones. Una situación que contrasta con el actual periodo 2014-2020, durante el que España se beneficiará en total de alrededor de 15.000 millones en ayudas netas de la UE.
Este cambio de estatus se explica por dos motivos. En primer lugar, España ha seguido convergiendo económicamente tras la crisis y forma parte ya del club de países más ricos de la UE. Además, las partidas que sufrirán más recortes, las ayudas agrícolas y las regionales, son las que más benefician a nuestro país.
Todo dependerá sin embargo del acuerdo final que alcancen los 27. El Gobierno de Mariano Rajoy daba por descontado que España se convertiría en contribuyente neto ya en 2014. Pero finalmente logró otra prórroga de siete años gracias, entre otras partidas, a las ayudas para combatir el paro juvenil.
Tras el debate lanzado esta semana, Bruselas tiene previsto presentar su primera propuesta sobre el marco financiero plurianual el próximo mes de mayo. Juncker pide a los Veintisiete que aceleren las negociaciones y lleguen a un acuerdo antes de las elecciones europeas de primavera de 2019. Está en juego la seguridad financiera a los beneficiarios de las ayudas y la credibilidad de la UE tras el brexit.