Bruselas no cree que la justicia alemana se haya extralimitado al rechazar la entrega a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el delito de rebelión. La comisaria de Justicia, la checa Vera Jourova, ha sostenido este miércoles que el tribunal de Schleswig-Holstein aplicó correctamente las reglas de la euroorden y ha rechazado de nuevo ampliar la lista de 32 delitos que permiten una entrega automática para incluir también la rebelión, tal y como había solicitado el Gobierno de Mariano Rajoy por el caso Puigdemont.
"Creo que en este caso concreto (de Puigdemont) las autoridades alemanas actuaron de acuerdo con las reglas", ha dicho Jourova en rueda de prensa al ser preguntada por si la decisión de Alemania cuestiona la letra y el espíritu de la orden europea de detención y entrega y de la cooperación judicial en la UE. "Mis expertos no me han comunicado ninguna aplicación errónea de la euroorden en Alemania", ha insistido cuando se le ha interrogado sobre el hecho de que el tribunal de Schleswig-Holstein haya entrado a valorar el fondo del caso.
"Tenemos otros problemas con la orden europea de detención, en particular los bajos estándares de vida para los prisioneros en algunos Estados miembros, que hacen que sea un problema enviar a los detenidos a esas cárceles porque no cumplen los estándares mínimos. Pero esto es otra historia, no tiene nada que ver con Alemania versus España", ha agregado.
La comisaria de Justicia no ve necesario ampliar la lista de 32 delitos, que incluye el terrorismo, la trata de seres humanos o la explotación sexual pero no la rebelión o la sedición. "La Comisión no tiene previsto extender la lista de delitos cubiertos por la orden europea de detención y entrega y no he recibido ninguna petición para hacerlo de ningún Estado miembro. Tuvimos algún debate con nuestros colegas españoles el año pasado pero en estos momentos el diálogo ya no continúa", ha dicho Jourova.
Para el Gobierno, la euroorden no funciona
Fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá el que pidió a Jourova una revisión de la euroorden en diciembre del año pasado, días después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, retirara la primera petición de entrega contra Puigdemont dirigida a Bélgica. Ya entonces, la comisaria de Justicia se negó incluso a discutir la cuestión alegando que la euroorden funciona bien. A su juicio, el único problema son las condiciones de detención de los entregados en algunos Estados miembros.
Sin embargo, para el Gobierno español el caso Puigdemont ha puesto de relieve que el sistema de la euroorden no funciona correctamente y tiene fallos que podrían cuestionar incluso la viabilidad del espacio sin fronteras Schengen.
"Algo no funciona en nuestra Unión cuando un tribunal regional puede desautorizar en sólo dos días el criterio de un Tribunal Supremo nacional, elaborado durante seis meses de investigación detallada y exhaustiva y basado en pruebas legalmente demostrables. Y sin posibilidad de recurrir a una instancia superior", ha avisado el portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, en una carta dirigida esta semana a todos los eurodiputados.
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