"Nuestro trabajo consiste precisamente en intentar la cuadratura del círculo", confesaba la directora general de Presupuestos de la Comisión, la gallega Nadia Calviño, en una reciente entrevista a EL ESPAÑOL. Tras varios meses de debates, el Ejecutivo comunitario presenta por fin este miércoles dos de mayo su propuesta de presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2021-2027. Unas cuentas vitales para los planes de inversión de las comunidades autónomas en infraestructuras, I+D o políticas activas de empleo, así como para el campo español.
Si los debates sobre dinero son ya de por sí los más acalorados en la UE -con enfrentamientos sin tregua entre contribuyentes y beneficiarios netos de las ayudas europeas-, esta vez se añade una dificultad adicional: se trata de las primeras perspectivas financieras sin Reino Unido. La salida de Londres, segundo contribuyente neto a las arcas comunitarias, deja un agujero anual de 14.000 millones de euros. Una brecha que obligará a aumentar las aportaciones de los Estados miembros y a recortar algunas partidas de gasto.
El Ejecutivo comunitario quiere un acuerdo antes de las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019 para demostrar a los ciudadanos que la UE será capaz de financiar los compromisos asumidos. Un plazo complicado de cumplir porque la aprobación de las cuentas exige el apoyo unánime de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Y los jefes de Estado y de Gobierno acostumbran a retrasar la decisión al último momento posible, normalmente una cumbre maratoniana que dura hasta la madrugada. A falta de conocer los detalles de la propuesta de Bruselas, estas son las principales claves del primer presupuesto plurianual de la UE tras el brexit.
Un aumento del gasto en inmigración y seguridad
El brexit, la indiferencia hacia Europa de los Estados Unidos de Donald Trump o la crisis de refugiados han convencido a los dirigentes comunitarios de que la UE debe cambiar sus prioridades hacia políticas que hasta ahora se consideraban exclusivamente de nivel nacional, en particular la seguridad y la defensa y la inmigración y el control de fronteras. Un nuevo énfasis que debe contar con el correspondiente respaldo financiero. Así, el comisario de Presupuestos, el alemán Günter Oettinger, tiene previsto proponer que se triplique la plantilla de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX): pasaría de 1.600 a 5.000 trabajadores, según ha adelantado Der Spiegel. La subida del gasto en nuevas políticas obliga según Bruselas a aumentar el tamaño total del marco financiero de la UE, y ello pese a la salida de Reino Unido. Un incremento que podría llegar al 18%, según el Frankfurter Allgemaine. Es decir, el presupuesto pasaría del actual 1% al 1,18% del PIB comunitario.
Recortes moderados en las ayudas agrícolas y regionales
En paralelo a un aumento del gasto en inmigración y defensa, el Ejecutivo comunitario propondrá recortes moderados en las ayudas agrícolas y regionales. Oettinger ha dicho a Politico que el tijeretazo será del 6%, lejos del máximo del 30% que aparecía en alguno de los escenarios que manejó Bruselas. De este modo, el peso de las dos partidas en el presupuesto de la UE caerá del actual 70% a alrededor del 60%. En el caso de la política agrícola común (PAC), la Comisión quiere reducir los subsidios que reciben las grandes explotaciones, estableciendo un tope de 60.000 euros de ayudas por beneficiario. La reducción de los subsidios agrícolas y regionales es la principal exigencia de contribuyentes netos como Austria, Holanda, Dinamarca o Suecia, que no quieren incrementar su aportación a la UE.
¿Nuevas fuentes de ingresos para la UE?
En la actualidad, el 80% del presupuesto de la UE se financia con aportaciones nacionales de los Estados miembros basadas en su nivel de riqueza. El resto de ingresos proceden del IVA y de aduanas. Bruselas ha propuesto explorar otras fuentes de ingresos que sean recursos propios de la UE para cubrir la brecha del brexit y amortiguar el choque entre países contribuyentes y beneficiarios netos. La que tiene más posibilidades de salir adelante este miércoles, según el Financial Times, es el señoreaje. Es decir, en el futuro los beneficios que obtiene el Banco Central Europeo por imprimir euros irían a engrosar las arcas comunitarias: hasta 56.000 millones en un periodo de siete años, según los cálculos de Bruselas. Sin embargo, los Gobiernos han recibido con frialdad esta propuesta y se resisten a cualquier nuevo tipo de impuesto europeo.
Congelación de fondos para los países que pongan en riesgo el Estado de derecho
Es una de las novedades más controvertidas de la propuesta de Bruselas. A partir de 2021, la UE podrá congelar las ayudas comunitarias a los países que pongan en riesgo el Estado de derecho, en particular la independencia del poder judicial. Se trata de una petición de Alemania y Francia que ya ha sido objeto de acuerdo en el colegio de comisarios, según ha dicho la responsable de Justicia, Vera Jourova. En el punto de mira están Polonia y Hungría, que ahora se encuentran entre los mayores beneficiarios de los fondos estructurales y cuya deriva autoritaria inquieta en Bruselas. Varsovia y Budapest ya han expresado su rechazo a esta condicionalidad. "No aceptaremos mecanismos discrecionales que hagan de la gestión de los fondos de la UE un instrumento de presión política sobre los Estados miembros", dijo la semana pasada el ministro polaco de Asuntos Europeos, Konrad Szymanski. Esta propuesta amenaza con reabrir de nuevo la brecha entre países del Este y del Oeste que apareció durante la crisis de refugiados.
¿Pasará España a ser contribuyente neto?
El resultado de todos estos cambios -según la interpretación que hace la prensa europea- es que buena parte de los fondos europeos se redigirán desde los países del Este, que ahora son los principales beneficiarios por tener un nivel de renta más bajo que la media, a los países del sur como Grecia o España, los más golpeados por la crisis y la presión migratoria. Ello podría mejorar incluso las expectativas más optimistas del Gobierno de Mariano Rajoy. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha dado por hecho que España se convertirá por primera vez en contribuyente neto, es decir, que pagará al presupuesto de la UE más de lo que recibe. Pero según Calviño, es difícil predecir ahora si nuestro país pasará a ser contribuyente debido al freno en la convergencia provocado por la crisis. Si se mantienen las ayudas a la mayoría de las regiones y aumenta el dinero para inmigración o paro juvenil, otra de las prioridades de Bruselas, España podría continuar en el bando de los beneficiarios.