Durante casi una década, los Gobiernos de la UE han presionado a la Eurocámara para que autorizara la creación de un registro europeo de datos de los pasajeros aéreos (PNR, por sus siglas en inglés). Alegaban que se trata de una herramienta imprescindible para combatir el terrorismo islamista, ya que servirá para detectar los viajes de yihadistas no fichados que regresan a Europa tras haber combatido en Irak o Siria.
Tras los atentados de París y Bruselas, el Parlamento aparcó sus preocupaciones en materia de privacidad y dio luz verde al PNR en abril de 2016. El registro tendría que haberse puesto en marcha este 25 de mayo, tras dos años de preparativos finales. Pero seguirá sin funcionar porque sólo 11 de los 28 Estados miembros han cumplido los plazos. Los mismos Gobiernos que querían acelerar son ahora los responsables del retraso.
España, que fue uno de los países que más apremió para aprobar el PNR cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior, se encuentra ahora entre los rezagados. "Está en su fase final de tramitación. Esta semana se enviará al Consejo de Estado (una vez que se han recabado todos los informes) previo paso a su remisión al Congreso para su aprobación", aseguran a EL ESPAÑOL desde el ministerio del Interior.
Cinco Estados miembros -Croacia, Chipre, República Checa, Italia y Grecia- están todavía en la fase inicial de puesta en marcha del registro de pasajeros aéreos. Los únicos países que han cumplido en la fecha límite del 25 de mayo son Bélgica, Alemania, Estonia, Croacia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido, explican a este periódico fuentes europeas.
Bruselas admite que el registro de la UE no podrá funcionar de forma eficaz hasta que todos los Estados miembros se hayan dotado de sus respectivas unidades nacionales para procesar los datos, ya que se trata de una estructura en red. "Para que el PNR esté operativo y alcance su potencial pleno es crucial que todos los Estados miembros tengan sus sistemas en marcha. El registro sólo es tan fuerte como su eslabón más débil. En la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, Europa no puede permitirse eslabones débiles", han dicho los comisarios de Interior y Seguridad, Dimitris Avramopoulos y Julian King, en un comunicado conjunto.
Bruselas amenaza con expedientes
El Ejecutivo comunitario considera "desafortunado" que los Gobiernos nacionales no hayan completado el trabajo a tiempo, pese a que disponían de dos años desde que se aprobó el PNR en 2016. De momento, continuará ofreciendo apoyo y orientación a las capitales para que apliquen las nuevas reglas cuanto antes. Pero no descarta expedientar a los países que no aceleren. "La Comisión no dudará en utilizar los poderes que le concede el Tratado para garantizar que se realicen progresos suficientes sin demora", avisan King y Avramopoulos.
Mientras la UE sigue retrasando indefinidamente su propio PNR, los Estados Unidos ya cuentan con esta herramienta antiterrorista desde los atentados del 11-S de 2001 contra Nueva York y Washington. Es más, Bruselas firmó un primer acuerdo para transferir los datos de los pasajeros aéreos a Estados Unidos ya en 2004. Posteriormente, la UE ha suscrito pactos similares con Canadá y Australia y negocia otro con México.
La directiva del PNR europeo obliga a las compañías aéreas a transmitir antes de cada viaje hasta 19 datos de cada pasajero a las autoridades nacionales, en concreto a la Unidad de Información sobre Pasajeros que debe crearse en cada país. Entre ellos, el nombre, los datos de contacto y de pago o el itinerario del viaje. La Unidad de Información analiza entonces los datos para identificar a pasajeros de alto riesgo, detectar patrones de viaje sospechosos o facilitar la investigación y desarticulación de redes criminales.
"El PNR nos ayudará a identificar mejor a quienes representan una amenaza y a rastrear sus patrones de viaje. Individuos peligrosos que hasta ahora han logrado pasar desapercibidos ante la policía y las fuerzas de seguridad ya no podrán hacerlo", sostiene el Ejecutivo comunitario.
Los datos de los pasajeros se conservarán durante cinco años. Durante el primer mes serán completamente accesibles para cualquier investigación. Cuando expire este plazo, se preservarán "enmascarados". Es decir, se ocultarán todos los elementos que puedan servir para identificar al pasajero, como su nombre, dirección o datos de contacto. La directiva cubre únicamente los vuelos extracomunitarios. Pero los Gobiernos se han comprometido a incluir también los vuelos dentro de la UE y los chárter. Lo consideran imprescindible para detectar los movimientos de los yihadistas en el espacio sin fronteras Schengen.