Portugal ha rechazado la legalización de la eutanasia. La Asamblea de la República rechazó, este martes, los cuatro proyectos de ley presentados por el Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda (BE), el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN) y Los Verdes (PEV).

El debate en la Asamblea de la República fue largo y tenso y, pese al voto a favor de algunos diputados del Partido Social Demócrata (PSD), los proyectos fueron rechazados. Tal y como ya había pasado en otras ocasiones, cuando se han debatido lo que en Portugal se conoce como “temas que fracturan” -materias que atañen a las convicciones morales y éticas- como fue en su día el aborto, el matrimonio homosexual o la gestación subrogada, los dos principales partidos han dado libertad de voto a sus diputados. Así, los 89 diputados del PS y los 85 del PSD pudieron votar libremente, sin tener que someterse a la disciplina de partido.

La votación ha provocado también acercamientos de posiciones improbables como el de los comunistas con los diputados del partido derechista católico CDS que, como ya se sabía de antemano, rechazaron todos los proyectos. Los comunistas han votado en contra de sus socios en el Gobierno (el PS y el BE) por considerar que la aprobación de la norma es un “retroceso civilizacional” defendiendo que lo que debe preservarse es “el valor intrínseco de la vida”. Su voto en contra es “una cuestión de principios basados en una concepción de la vida profundamente humanista”.

En común, los cuatro proyectos presentados tenían la despenalización de quienes practicaran la muerte asistida y la garantía de la objeción de conciencia a los médicos y enfermeros que no quisieran involucrarse en esta práctica.

Además, todos los documentos preveían que los pedidos de eutanasia sólo pudiesen hacerse por parte de personas mayores de 18 años, sin problemas o enfermedades mentales, en situación de sufrimiento y con una enfermedad incurable. Los pedidos tendrían que hacerse a través de un médico y habría que confirmar la petición varias veces.

Los proyectos definían también, aunque con algunas diferencias, las condiciones para que el pedido fuese aceptado, que incluyen evaluaciones del caso por parte de una comisión técnica y la opinión positiva por parte de varios médicos, incluida la de un especialista en la enfermedad que padeciera la persona en cuestión.

También según todos los documentos, el pedido podría ser anulado en cualquier momento. Además, si durante el proceso el paciente se quedara inconsciente, todos los procedimientos se pararían hasta que el paciente pudiera decidir por sí mismo otra vez.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente, en España, lamenta la decisión. “Sería muy importante para los países del sur de Europa. Para que se eliminara la idea de que existe un tabú que impide hablar de la muerte asistida en estos países”, dice Fernando Marín, presidente de la delegación de la asociación en Madrid.

Para el médico, la aprobación de esta ley en el país vecino podría ser el impulso necesario a crear un efecto dominó que se extendiera al resto de los países de Europa.  “Esto va a terminar ocurriendo, sí o sí, es cuestión de tiempo. Pero si nos adelantáramos 5 o 10 años, pues podría ejercer un efecto dominó que facilitara que más países debatieran y aprobaran la ley y que, poco a poco, dejara de ser una práctica clandestina”.

En los debates previos a la votación en la Asamblea de la República Portuguesa, el CDS y algunos diputados del PSD defendieron la realización de un referéndum a los portugueses para decidir la aprobación, o no, de la ley. El país vecino ya recurrió al referéndum cuando tuvo que legislar sobre el aborto. En 1998 la población votó en contra y, en 2007, una nueva consulta aprobó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo

El Gobierno no se ha llegado a pronunciar sobre esta posibilidad pero, con la votación en contra de la Asamblea, deberá caer por tierra también.