Máxima tensión entre la UE y Polonia por la destitución de jueces del Supremo

La crisis constitucional en Polonia vive momentos de máxima tensión. La deriva autoritaria del Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia y su intento de asumir el control de la judicatura ha disparado todas las alarmas en Bruselas y ha desencadenado una ola de protestas en Varsovia.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha sido recibido con hostilidad este miércoles en el pleno de la Eurocámara. Aunque se le había invitado a hablar del futuro de Europa, la mayoría de grupos políticos y también la Comisión le han acusado de poner en riesgo la independencia judicial, el Estado de derecho y la democracia en Polonia. Pero la presión de la UE no ha hecho mella en Morawiecki. En tono desafiante, ha defendido que la reforma judicial es una competencia exclusivamente nacional en la que Bruselas no tiene por qué inmiscuirse.

"Polonia es un país orgulloso, por favor no nos den lecciones. Sabemos muy bien cómo manejar nuestras instituciones", ha asegurado el primer ministro en su turno de réplica a las intervenciones críticas de los eurodiputados. "La democracia en Polonia nunca ha estado tan viva como hoy. Los derechos de los ciudadanos no están restringidos y los medios de comunicación son plurales y libres. Los jueces son más independientes ahora que en el pasado", sostiene.

La presidenta del Supremo, Malgorzata Gersdorf, arropada por la multitud al llegar al tribunal. Maciej Jazwiecki/Reuters

Al mismo tiempo que Morawiecki comparecía en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Varsovia los jueces del Tribunal Supremo han desafiado la ley de su Gobierno que obliga a jubilarse a un 40% de los magistrados. Lo consideran una purga encubierta de jueces incómodos. La presidenta del Tribunal, Malgorzata Gersdorf, -firme opositora de las reformas- se presentó a primera hora de la mañana en su puesto de trabajo. Ella es una de las afectadas por la jubilación forzosa, aunque en teoría su mandato termina en 2020.

"Mi presencia aquí no tiene nada que ver con la política, estoy aquí para proteger el Estado de derecho", asegura la magistrada. Le ha arropado una multitud que coreaba eslóganes como "tribunales libres" y "Constitución". Miles de personas se manifestaron también el martes por la noche en Varsovia contra la reforma judicial de Ley y Justicia. Para los próximos días hay anunciadas nuevas propuestas y el fundador del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, -protagonista de la transición del comunismo a la democracia- ha anunciado su intención de participar.

El Estado de derecho, en riesgo

Desde su llegada al poder a finales de 2015, el Gobierno de Ley y Justicia mantiene un pulso con la Comisión Europea por la reforma judicial. Una reforma que Varsovia justifica por la necesidad de acabar con la corrupción y purgar los restos comunistas que a su juicio aún quedan en el aparato judicial. Pero que para Bruselas no es otra cosa que un intento de someter a los jueces al dictado del Gobierno, poniendo así en grave riesgo la supervivencia del Estado de derecho en Polonia. El nombramiento el pasado diciembre de Morawiecki en sustitución de la más radical Beata Szydlo abrió un periodo de distensión entre la UE y Varsovia, pero el intento de diálogo ha resultado infructuoso.

De hecho, el Gobierno polaco ha ignorado todas las advertencias y ha seguido adelante con la ley que obliga a jubilarse a 27 de los 72 magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos la propia Gersdorf. La medida entró en vigor la medianoche del 3 al 4 de julio. De nada ha servido el procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario lanzó el lunes para tratar de paralizarla. La norma "vulnera el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los magistrados", según la interpretación de Bruselas. El caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero el daño será ya irreparable.

Durante el debate en la Eurocámara, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha vuelto a pedirle a Morawiecki que cambie la ley y frene la sustitución del 40% de los jueces del Supremo. "Si hay una amenaza sistémica al Estado de derecho no podemos hacer la vista gorda, no podemos decir que se trata de un tema puramente nacional. Cuando la separación de poderes se debilita en un país o la independencia judicial se cuestiona en otro, se convierte en un problema europeo que afecta a toda nuestra comunidad", ha avisado.

El primer ministro polaco, durante el debate en la Eurocámara Parlamento Europeo

Morawiecki se ha declarado "decepcionado" con la intervención del Ejecutivo comunitario, al que acusa de "no ser un intermediario honesto". Sus dardos se han dirigido específicamente al presidente Jean-Claude Juncker, ausente en el debate, y a su número dos, el socialista holandés Frans Timmermans, responsable del expediente contra Polonia. También denuncia que la Eurocámara "es parcial" contra Varsovia. La purga del Supremo, ha insistido, es imprescindible porque todavía quedan allí jueces que colaboraron con el régimen comunista. "La organización del sistema judicial es una competencia exclusiva de los Estados miembros", ha concluido Morawiecki, que tampoco está dispuesto a acatar las sentencias del TJUE.

Reproches a Varsovia

El primer ministro polaco ha encontrado pocos aliados en la Eurocámara. Sólo los euroescépticos del grupo liderado por el UKIP británico, la extrema derecha y los parlamentarios de Ley y Justicia han salido al rescate. Los partidos mayoritarios de la izquierda y la derecha han arremetido con dureza contra el Gobierno de Varsovia. "Europa no dará la espalda al pueblo polaco. Si el Gobierno polaco no preserva los grandes logros del pueblo polaco, Europa lo hará", le ha espetado el líder del PP europeo, el alemán Manfred Weber, estrecho aliado de la canciller Angela Merkel.

"No destruya la cultura democrática en su país y luego venga a esta Cámara y diga que quiere proteger nuestros valores", le ha reprochado el presidente del grupo socialista, Udo Bullmann. "En los últimos tres años, el Gobierno de Ley y Justicia ha liquidado sistemáticamente los controles y contrapesos democráticos. Estas reformas guardan una similitud sorprendente con las instituciones de la Unión Soviética y sus satélites", considera el jefe del grupo liberal, Guy Verhofstadt. "Su Gobierno ultraconservador, xenófobo y machista está adoptando reformas que aniquilan la democracia y las libertades en su país", ha denunciado la portavoz de Podemos, Tania González.

Manifestación en Varsovia este martes contra la reforma judicial de Ley y Justicia Dawid Zuchowicz /Reuters

Pero de momento ni las críticas, ni las manifestaciones en Varsovia, ni las medidas de presión adoptadas por la UE han surtido ningún efecto. Además del expediente del lunes, el Ejecutivo comunitario ha activado incluso la denominada "opción nuclear", el artículo 7 del Tratado, que podría acabar con la suspensión del derecho de voto de Polonia en la UE.

Dentro de este procedimiento, los ministros de Asuntos Europeos convocaron al Gobierno de Varsovia a una audiencia el pasado 26 de junio para que diera explicaciones, pero tampoco allí hizo concesiones. Pese a ello, es improbable que se llegue a la fase final de sanciones porque se requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros, y el Gobierno húngaro de Viktor Orbán ya ha anunciado que las vetará.

¿Congelar los fondos europeos?

La vía que exploran ahora las capitales, empezando por París y Berlín, es congelar las ayudas comunitarias a Varsovia. En el actual marco financiero 2014-2020, Polonia recibirá 86.000 millones de euros de fondos estructurales, cifra que le convierte en el principal beneficiario de la UE. Con este dinero se han construido 13.000 kilómetros de carreteas y se ha garantizado el acceso a internet a más de 9 millones de personas. La economía polaca es una de las que más crecen y la tasa de paro está en el 3,8%, ha presumido Morawiecki.

Para el próximo presupuesto plurianual 2021-2027, Bruselas ha propuesto un sobre de 72.700 millones para Polonia, es decir, 270 euros por persona y año. Pero plantea un nuevo régimen de condicionalidad según el cual se congelarían las ayudas a los países que no respeten el Estado de derecho, en particular la independencia judicial. Varsovia ya ha anunciado su oposición a esta reforma, pero está en minoría. El problema es que no llegará a tiempo de resolver la actual crisis constitucional, para la que de momento no se vislumbra una salida.