Marzo de 2019 se acerca de forma inexorable y el futuro de Theresa May depende de cómo acabe la interminable telenovela de las negociaciones del brexit. La primera ministra británica ha vuelto a comprobar en Salzburgo que los líderes europeos no le van a poner alfombra roja a su plan para ejecutar el brexit. La premier británica se enfrenta a sus horas decisivas mientras se materializan los términos en los que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea: brexit caótico o plegarse a las exigencias de Bruselas son las opciones que le quedan.
La incertidumbre está servida en Downing Street y la más que débil situación de May ha abierto la puerta a la posibilidad de unas nuevas elecciones anticipadas. "¿Qué vas a hacer en noviembre, porque creo que vamos a necesitar unas elecciones?", han comentado dos miembros del equipo de la primera ministra en una conversación revelada por The Times este domingo. Aunque de forma oficial, el Gobierno británico niegue que esté sobre la mesa adelantar los comicios, la presión interna de los tories que no paran de moverle la silla a May y el empuje de los laboristas pueden precipitarlo todo.
Jeremy Corbyn nunca ha ocultado su deseo de unas elecciones anticipadas pero ahora, los laboristas tienen más claro cómo pueden mover ficha para darle la vuelta al tablero político. Si no se llega a un acuerdo sobre el brexit o el pacto que consiga May con Bruselas no es convalidado en Westminster los laboristas forzarán una cuestión de confianza a la primera ministra. Según adelantaba este domingo The Independent, Corbyn y los suyos van a aprovechar al máximo las horas bajas de May para forzar que Reino Unido vuelva a las urnas.
El líder laborista, en un nuevo giro de posición, ha asegurado que apoyaría un segundo referéndum del brexit, si así lo decide su partido, que este fin desemana ha celebrado su congreso anual en Liverpool: "Nuestra preferencia serían unas elecciones para negociar nuestra futura relación con Europa, pero veamos que sale de la conferencia [de la formación]. Estoy atado a la democracia interna".
En paralelo, los síntomas de guerra interna en el Gabinete de May se acentúan. Sus colegas ya le ha advertido que si se mueve hacia un hard brexit está en peligro la unidad del Reino Unido. Algunos tories ya hablan de una calamidad diplomática a la altura de la crisis del canal de Suez si no se logra una salida pactada con Bruselas, apunta The Guardian.
Los temores en el seno del Ejecutivo y el partido conservador se han acentuado tras el agresivo discurso de May el viernes, en el que instaba a la UE a "respetar" al Reino Unido tras la humillación que ha sufrido en la cumbre de Salzburgo y subrayaba de nuevo que prefería un brexit sin acuerdo que un mal acuerdo para su país.
Un 'plan B'
Tras la tensa cumbre Salzburgo, en la que los líderes europeos pidieron al Reino Unido que rehaga su propuesta Chequers para salir de la UE, el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, ha sido el primer miembro del Gobierno que evitó descartar un nuevo plan inspirado en el tratado de libre comercio de la UE con Canadá.
Esa es la opción predilecta de figuras de peso del Partido Conservador como los exministros Boris Johonson y David Davis, que dimitieron en julio ante su desacuerdo con el llamado plan de Chequers, que la UE ha descartado.
Davis, exministro para el "Brexit", participó este sábado en un acto junto a Nigel Farage, antiguo líder del eurófobo UKIP, en el que dijo que el proyecto que defiende el Gobierno británico ante Bruselas es "simplemente ridículo" porque obligaría al Reino Unido a obedecer las leyes comunitarias sin participar en su elaboración.
La propuesta de May está basada en integrar al Reino Unido en el sistema de libre circulación de mercancías comunitario después del "brexit".
Ese escenario evitaría levantar aduanas en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, el aspecto más espinoso de las negociaciones, pero Bruselas cree que socavaría la integridad del mercado único, que establece el libre intercambio tanto de bienes como de personas, servicios y capitales.
El rechazo comunitario ha dado nuevas energías a los partidarios en el Reino Unido de un acuerdo de libre comercio similar al que entró en vigor de forma provisional en 2017 entre la UE y Canadá.
Ese arreglo, al que se llegó tras ocho años de negociaciones, elimina aranceles, pero mantiene la necesidad de aduanas entre ambos espacios comerciales, un problema que Johnson, Davis y otros conservadores creen que se puede resolver con elementos tecnológicos que permitan establecer una frontera sin barreras físicas.