Un total de 585 páginas, 185 artículos, 3 protocolos y varios anexos. Estas son las cifras que resumen el Tratado de divorcio que han cerrado este miércoles la Unión Europea y Reino Unido tras 17 meses de intensas y conflictivas negociaciones. A ello hay que sumar una declaración política de 8 páginas que esboza la relación futura entre Bruselas y Londres tras el brexit. La primera ministra británica, Theresa May, ha logrado 'in extremis' que sus ministros apoyen el compromiso. Pero el negociador de la UE, Michel Barnier, avisa de que todavía queda "mucho trabajo" y un camino "largo y quizá difícil": el Parlamento británico aún puede tumbar el pacto.
¿Cuáles son los próximos pasos? Tras un análisis detallado en las capitales, los jefes de Estado y de Gobierno celebrarán una cumbre extraordinaria el 25 de noviembre para sellar el acuerdo. Después llegará el turno de la Cámara de los Comunes, que tiene previsto votar alrededor del 10 de diciembre. La Eurocámara se pronunciará en febrero o marzo. ¿Qué pasa si el Parlamento británico rechaza el pacto? ¿Hay posibilidades de renegociarlo? Barnier no ha querido responder a estas preguntas y se ha limitado a pedir a todas las partes que asuman su responsabilidad. Lo único que está claro es que Reino Unido se irá de la UE el 29 de marzo de 2019.
La espinosa cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte ha obligado a May a modificar su estrategia sobre la marcha: de la ruptura brutal que defendía hace dos años ha acabado aceptando un brexit blando, con vínculos estrechos con la UE pero sin porder de decisión, y se ha ganado así la ira de los más euroescépticos de su propio partido. Por lo demás, la primera ministra británica ha acabando capitulando a las exigencias de Bruselas en la mayoría de capítulos, como la factura de salida o el papel del Tribunal de Justicia de la UE, que tendrá la última palabra sobre derechos de los ciudadanos o la interpretación del acuerdo de divorcio. Estas son las claves del compromiso entre Bruselas y Londres.
Evitar una frontera dura en Irlanda
Este ha sido el principal escollo, que en numerosas ocasiones ha estado a punto de hacer naufragar las negociaciones. La solución final está a medio camino entre las posiciones iniciales de Bruselas y Londres. Las dos partes quieren resolver este problema pactando en el futuro un acuerdo comercial que haga innecesarios los controles fronterizos entre Irlanda e Irlanda del Norte. Si en julio de 2020 no se ha logrado este pacto, Reino Unido tendrá dos alternativas: o bien prorroga el periodo de transición postbrexit, o bien se queda indefinidamente, sin poder marcharse de forma unilateral, en una unión aduanera con la UE. Es una forma de brexit blando. Una solución que cubre a todo el Reino Unido, como pedía May.
Pero en este último escenario, Irlanda del Norte gozaría además de un estatus especial, ya que además de estar en la unión aduanera debería aplicar las reglas de Bruselas (y no de Londres) en materia agrícola y para mercancías. Y habrá obligatoriamente controles entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido para animales vivos y productos de origen animal por motivos de seguridad alimentaria.
Principio de acuerdo entre Reino Unido y la UE con el 'brexit'
La pertenencia de Reino Unido a la unión aduanera tras el brexit permitirá que las mercancías británicas tengan un acceso libre de aranceles y cuotas al mercado único. A cambio de este privilegio, el acuerdo obliga a Londres a seguir aplicando las reglas comunitarias en materia social, medioambiental, de ayudas públicas, de competencia y de fiscalidad. Finalmente, los británicos han logrado excluir a la pesca de la unión aduanera, pese a que países como Francia o España reclamaban preservar su acceso a las aguas británicas.
Según Barnier, esta solución alambicada cumple todos los objetivos: preserva el Acuerdo de Paz del Viernes Santo en el Ulster, protege la integridad del mercado único y respeta la integridad territorial de Reino Unido. Un diagnóstico que no comparten en Londres. Los conservadores euroescépticos como Boris Johnson sostienen que Reino Unido se convertirá en un "vasallo" de la UE, que deberá cumplir sus normas sin poder de decisión. El partido de los unionistas irlandeses (DUP), que apuntala el Gobierno de May, no aceptan esta diferencia de trato entre Irlanda del Norte y el resto del país.
Un protocolo sobre Gibraltar
A petición del Gobierno de Pedro Sánchez, el Tratado de Retirada de Reino Unido incluye un protocolo de 7 páginas con 8 artículos sobre Gibraltar. Un texto que irá acompañado de cinco memorandos negociados entre Madrid y Londres que todavía no se han publicado. "Este protocolo establece bases de cooperación administrativa sobre varios temas: los derechos de los ciudadanos, la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente, la pesca, pero también la cooperación en materia policial y aduanera", ha resaltado el negociador de la UE. Es decir, su principal objetivo es mejorar la colaboración entre España y Reino Unido sobre estas cuestiones.
El protocolo no aborda la disputa sobre la soberanía del Peñón, que ni Sánchez ni Rajoy han querido mezclar con el brexit. El objetivo del Gobierno español era aprovechar el poder de veto que la UE le ha dado en las negociaciones para poner fin a una serie de problemas en sus relaciones con Gibraltar como su actuación como paraíso fiscal, la proliferación del contrabando, el control del aeropuerto o los vertidos ilegales.
Sin embargo, el texto contiene pocas mejoras concretas y más bien se limita a preservar el statu quo en cuestiones como el aeropuerto, donde no hay avances, o los derechos de los 10.000 trabajadores fronterizos. En materia fiscal, sólo hay un compromiso de mejorar la cooperación y la transparencia y resolver los conflictos sobre residencia tributaria: el Peñón debe aplicar la legislación internacional, pero sin calendario obligatorio. Por lo que se refiere al tabaco, Gibraltar tendrá que adaptar su normativa anticontrabando en junio de 2020. Eso sí, el protocolo garantiza que el Peñón se beneficiará de la transición del brexit y no saldrá de la UE de forma abrupta.
Derecho de los europeos a quedarse
El Tratado de divorcio garantiza el derecho a quedarse de por vida de los 3,3 millones de europeos que residen en Reino Unido, entre ellos 100.000 españoles (y también de los 1,2 millones de británicos que viven en el continente). La fecha de corte es el final de la transición, es decir, el 31 de diciembre de 2020. Estos ciudadanos "podrán continuar viviendo en su país de residencia y podrán seguir estudiando, trabajando, percibir ayudas sociales o traer a los miembros de su familia y todo ello durante toda su vida", subraya Barnier. El derecho a quedarse cubre a todos los hijos, incluso a los bebés postbrexit. Londres se ha comprometido a crear un procedimiento muy sencillo para que los europeos accedan al nuevo estatuto de asentados, que no podrá costar más de 70 libras (80 euros).
Una factura de 45.000 millones de euros
En esta cuestión, el Gobierno de May ha capitulado completamente a las exigencias de Bruselas. En un primer momento, llegó a decir que era la UE la que debía dinero a Reino Unido. Pero al final ha aceptado prácticamente la cantidad que le reclamaba Bruselas para saldar las cuentas: pagar todas las pintas de cerveza que había pedido antes de marcharse, como dijo gráficamente la Comisión. El acuerdo de divorcio no incluye ninguna cifra, sólo una metodología de cálculo. Pero los expertos coinciden en que Londres se ha comprometido a pagar hasta 45.000 millones de euros.
El desglose es el siguiente: entre 22.000 y 23.000 millones corresponden a compromisos financieros asumidos por la UE a 28 pero que todavía no se han pagado; entre 17.000 y 18.000 millones para cubrir los gastos de 2019 y 2020, ya que el presupuesto de la UE se pacta para periodos de 7 años y el actual, aprobado por Londres, va de 2014 a 2020; y entre 2.000 y 4.000 millones para los pasivos, sobre todo las pensiones de los eurofuncionarios.
Transición de 21 meses para un aterrizaje suave
Bruselas y Londres han pactado un periodo de transición tras el brexit, cuyo objetivo es dar más tiempo a ciudadanos, administraciones y empresas a adaptarse a la nueva situación, facilitar un aterrizaje suave. Una transición que durará 21 meses -desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020- y durante la cual Reino Unido seguirá tanto en la unión aduanera como en el mercado único. Este periodo es el que podría prorrogarse si Londres lo pide para encontrar una solución a Irlanda del Norte.
En la transición, Reino Unido no tendrá ni voz ni voto en las instituciones europeas: perderá a su comisario y eurodiputados y no podrá asistir a las reuniones de ministros de la UE. Pero tendrá que seguir cumpliendo todas las normas comunitarias, incluso las que se aprueben en su ausencia, mantener la libre circulación de personas, pagar a las arcas comunitarias, permitir el acceso a sus aguas de los buques pesqueros del resto de países miembros y acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. Es el peor de los mundos para los partidarios del brexit, que reclaman recuperar la soberanía.
Un esbozo de las relaciones postbrexit
Bruselas y Londres se han comprometido a mantener una cooperación estrecha tras el brexit. La relación futura comenzará a negociarse en detalle a partir del 30 de marzo de 2019, una vez que Reino Unido ya esté fuera de la UE. Pero las dos partes han pactado ya una declaración conjunta, que a diferencia del acuerdo de divorcio no es vinculante sino que sólo tiene valor político, en la que esbozan cómo podría ser esa relación política. En materia económica, el objetivo compartido es firmar un acuerdo de libre comercio que elimine todos los aranceles y las cuotas para mercancías, que según Barnier podría basarse en una unión aduanera. Eso se completará con acuerdos sectoriales por ejemplo en transportes o energía. Finalmente, Reino Unido y la UE se comprometen a mantener una cooperación estrecha en materia de política exterior, seguridad y defensa.
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