El Gobierno de Pedro Sánchez se ha llevado una sorpresa desagradable al conocer el texto completo del Tratado de divorcio entre Reino Unido y la UE. Sin previo aviso, se ha encontrado con un artículo adicional que habla de las relaciones futuras entre Bruselas y Londres tras el brexit. Un artículo que sin embargo no menciona el poder de veto que la UE ha dado a España sobre el estatus de Gibraltar. Las autoridades españolas se quejan además de que el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, vio el texto antes de que llegara a Madrid porque se lo enseñó Theresa May. Todo ello resulta inaceptable para España, que está dispuesta incluso a bloquear la celebración de la cumbre extraordinaria del domingo 25 de noviembre, convocada para sellar el acuerdo del brexit.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha sido el encargado de trasladar una protesta formal durante la reunión de jefes de la diplomacia de la UE celebrada este lunes en Bruselas. Borrell ha avisado a sus homólogos de que España no dará su visto bueno al acuerdo del brexit si no obtiene concesiones adicionales sobre Gibraltar. De hecho, el ministro español ha sido el único entre los 27 que no ha avalado el texto cerrado con Londres por el negociador de la UE, Michel Barnier. Otros países han planteado dudas o pedido aclaraciones, pero sólo España rechaza la versión actual del Tratado, según han dicho fuentes diplomáticas.
"Queremos que quede claro que las negociaciones entre Reino Unido y la UE no se aplican a Gibraltar. Esta es otra negociación en la que España tiene que estar de acuerdo", ha dicho Borrell al termino de la reunión. Es decir, ningún pacto entre la UE y Reino Unido podrá extenderse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo bilateral previo entre Madrid y Londres. El Gobierno de Sánchez quiere que esa garantía figure tanto en el Tratado de Retirada de Reino Unido, que es jurídicamente vinculante; como en la declaración sobre las relaciones futuras, cuyo valor es únicamente político.
La cumbre del 25 de noviembre, ¿en duda?
"Hasta que no quede claro en el acuerdo de retirada y en la declaración política sobre la relación futura, no podremos dar nuestro acuerdo", ha resaltado Borrell. "No estamos planteando ninguna cuestión nueva. Simplemente, que la negociación sobre Gibraltar es una negociación aparte, distinta de la negociación con Reino Unido. Porque para nosotros Gibraltar no forma parte de Reino Unido, es un territorio colonial sometido a colonización y, por tanto, en eso España tiene que dar su acuerdo", explica.
¿Significa eso que España está dispuesta a vetar el acuerdo del brexit? "Yo no utilizaría la palabra veto", aseguraba el ministro de Exteriores a mediodía. Pero en una rueda de prensa al final de la jornada del lunes, Borrell ha endurecido el tono y ha amenazado con bloquear incluso la cumbre del 25 de noviembre. "No queda mucho tiempo, debería estar resuelto antes del domingo, o que no tuviera lugar la reunión del domingo", ha dicho.
La delegación española espera todavía lograr algún tipo de solución en los próximos días que haga innecesario ejercer el veto. En teoría, el Tratado de retirada se aprueba por mayoría cualificada. En la práctica, la decisión se adoptará en un Consejo Europeo, que casi siempre decide por unanimidad. Y sería muy difícil de justificar dejar a un país grande como España fuera de un acuerdo. "Creo que sería políticamente no aceptable para el conjunto de la UE", sostiene el jefe de la diplomacia española.
Durante la reunión celebrada este lunes, el director del servicio jurídico del Consejo le ha dicho a Borrell que las garantías que solicita no son necesarias: de la interpretación del texto ya queda claro que España seguirá disponiendo de poder de veto sobre el futuro de Gibraltar. Sin embargo, el Gobierno español discrepa y defiende cambiar el texto del Tratado de divorcio -en concreto su artículo 184, que es el que habla de las relaciones futuras- para introducir una mención directa al Peñón. Es la única forma de eliminar cualquier posible ambigüedad que pueda ser aprovechada en el futuro por Londres, de quien partió la idea de este artículo. "Si está claro que aflora una discrepancia de fondo con Reino Unido acerca de cómo se van a desarrollar las negociaciones sobre Gibraltar en el futuro", se queja el ministro.
Sin embargo, el negociador de la UE no se ha mostrado nada receptivo a la petición de España de revisar el texto. "El señor Barnier defiende, como buen negociador que es, que una vez que ha logrado estabilizar un texto, que no se lo toquen", ha admitido Borrell. Eso sí, tanto el negociador como otros estados miembros se han mostrado dispuestos a buscar otras soluciones que puedan acomodar las preocupaciones españolas.
Un protocolo con pocos avances y que sólo cubre la transición
El acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la UE ya incluye un protocolo de 7 páginas con 8 artículos sobre Gibraltar que se ha introducido a petición del Gobierno español. Sin embargo, este protocolo sólo cubre el periodo de transición tras el brexit, es decir, hasta finales de 2020, pero no las relaciones futuras. Al Gobierno español le incomoda además que una posible prórroga de la transición hasta 2022 -como se está negociando para que dé tiempo a encontrar una solución para Irlanda del Norte- se aplique automáticamente al Peñón. Cree que debería negociarse de nuevo.
Lo cierto es que, pese a contar con el apoyo del resto de la UE, España ha extraído hasta ahora muy pocas concesiones de Reino Unido sobre Gibraltar. El protocolo garantiza los derechos de los 10.000 trabajadores españoles que cruzan diariamente la Verja. Pero en el resto de problemas que preocupan en España apenas ha habido avances. El texto se limita a crear un nuevo marco de cooperación formal entre Madrid y Londres para abordar cuestiones como la transparencia fiscal, el contrabando de tabaco o los problemas medioambientales. Pero apenas fija plazos o calendarios vinculantes. Sobre el control conjunto del aeropuerto no se ha hecho ningún progreso.
La cuestión de la soberanía de Gibraltar ni siquiera se ha abordado en las negociaciones del brexit. Tampoco lo hizo el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Eso no significa que España renuncie a sus reclamaciones sobre el Peñón, es sólo que considera que el brexit no es el foro adecuado para abordarlas, explican fuentes gubernamentales.
El Gobierno español quiere utilizar la transición como periodo de pruebas. Si se logran resultados concretos en esta materia, se negociaría un nuevo encaje para el Peñón en las relaciones futuras tras el brexit. Si por el contrario comprueba que sigue sin haber avances en las negociaciones con Reino Unido, endurecería su posición y buscaría dejar fuera a Gibraltar de las relaciones futuras entre Bruselas y Londres.
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