El acoso a las mujeres que acuden a las clínicas irlandesas en las que se practica la interrupción voluntaria del embarazo ha obligado al Gobierno a implementar medidas de seguridad para garantizar la protección de las pacientes. El ministro irlandés de Sanidad, el democristiano Simon Harris, confirmó este martes que las clínicas donde se practique el aborto tendrán "zonas de seguridad" para evitar la proximidad de manifestaciones de grupos antiabortistas.
La nueva ley del aborto entró en vigor el pasado 1 de enero y, desde entonces, activistas provida se han concentrado en varios hospitales del país y han recurrido a las redes sociales para acosar incluso a profesionales médicos, según ha denunciado el propio Harris, quien ha calificado esas acciones de "lamentables".
Este lunes, a través de las redes sociales, los movimientos provida han hecho un llamamiento a la concentración de activistas en el Hospital de Lourdes, en la localidad de Drogheda, por la práctica del aborto. Media docena de personas se han concentrado en la puerta del hospital para protestar en contra de la práctica y persuadir a la madre a desistir del aborto.
El jueves pasado, en una clínica de Galway, en la costa oeste de Irlanda, un grupo de manifestantes se concentraron a la salida para protestar contra el aborto, con pancartas donde se podía leer: "Di no al aborto en Galway".
La mayoría del electorado irlandés rechazó el pasado mayo, en un referéndum, una enmienda de la Constitución que prohibía la interrupción del embarazo en casi todas las circunstancias, lo que situaba a la ley del aborto de este país entre las más duras del mundo. La nueva ley, que permitirá el aborto por elección de la mujer en las primeras 12 semanas de gestación, ha entrado en vigor a inicios de año y los grupos provida han iniciado los actos de intimidación.
Las protestas, aunque muy residuales, han llevado al Gobierno a tomar una posición pública. Además de establecer zonas de seguridad en las clínicas, el ministro de Sanidad ha censurado la publicación en redes sociales de mensajes que aportaban información sobre los centros de salud donde se iban a practicar supuestamente en los próximos días interrupciones de embarazos.
Harris advirtió de que "cualquier filtración" de datos privados de pacientes será considerada como "una infracción muy grave". "Cualquier servicio que se ofrezca de manera legal en nuestro país debe de realizarse con el mayor de los respetos y con confidencialidad", afirmó.
La designación de "zonas seguras", explicó, estará regulada por una nueva ley, dado que su incorporación a la ya existente sobre el aborto paralizaría la aplicación "de los servicios", apenas una semana después de entrar en funcionamiento.
"Durante esta semana quiero reunirme con los portavoces de sanidad de los partidos políticos de la oposición para hablar sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer que las zonas seguras sean una realidad", señaló Harris.