Crimen, corrupción y blanqueo: la UE avisa del riesgo de vender visados como hace España

Como medida de emergencia para hacer frente a la Gran Recesión, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 un programa que permite conceder la residencia exprés en España a extranjeros ricos. La venta de estos visados de oro está restringida a los inversores que compran una vivienda de lujo (al menos 500.000 euros), se gastan al menos dos millones de euros en deuda pública española, ponen un millón de euros en depósitos bancarios, acciones o fondos de inversión, o bien desarrollan un proyecto empresarial de interés general. El objetivo inicial: atraer inversión extranjera en un momento en que se necesitaba desesperadamente por la crisis.

Tras su primer examen a fondo de este tipo de regímenes, la Comisión Europea ha avisado este miércoles del "grave riesgo" de que se conviertan en una puerta de entrada para el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de dinero en la UE. La falta de transparencia en la gestión de los programas y la falta de cooperación entre los Estados miembros agravan aún más estos riesgos.

"Los nacionales de terceros países pueden invertir en un Estado miembro por razones legítimas, pero también pueden perseguir fines ilegales, como escapar de investigaciones policiales o acciones judiciales en su país de origen o proteger sus activos de medidas de congelación o confiscación", relata el informe del Ejecutivo comunitario.

"Por eso, los programas de residencia y ciudadanía para inversores crean una amplia gama de riesgos para los Estados miembros y la Unión en su conjunto: en particular, riesgos para la seguridad, incluyendo la posibilidad de infiltración de grupos de delincuencia organizada de fuera de la UE, así como riesgos de blanqueo de dinero, corrupción y evasión fiscal", resalta Bruselas.

Estos riesgos no se limitan a España o a los otros países que cuentan con este tipo de programas sino que afectan al conjunto de la Unión: un permiso de residencia válido otorga a un nacional de un país tercero el derecho a residir en el Estado miembro en cuestión, pero también a viajar libremente por el espacio Schengen. 

España, el país que más visados de oro concede

Y es que además de España, otros 19 países venden visados de oro a inversores ricos: Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Reino Unido. Los requisitos para conseguirlos varían mucho de un Estado miembro a otro. El precio oscila desde menos de 100.000 euros en Croacia a más de 5 millones en Eslovaquia o Luxemburgo. La duración del permiso de residencia va desde 6 meses a 10 años.

Sin embargo, España se ha convertido en el Estado miembro que ha concedido un mayor número de visados de oro (24.800), especialmente a chinos, rusos, norteamericanos, indios y venezolanos. Le siguen Hungría (19.800), Letonia (17.300), Portugal (17.500) y Reino Unido (10.400). 

España es también el país que logra atraer más inversión extrajera con este sistema (976 millones de media anual), por delante de Chipre (914 millones), Portugal (670 millones) y Reino Unido (498 millones), según un informe de Transparencia Internacional. "No hemos estudiado el sistema español en detalle, pero las estadísticas sugieren que es un programa competitivo y atractivo (por no decir agresivo)", explica a este periódico un portavoz de la ONG.

En total, los Estados miembros de la UE han atraído alrededor de 25.000 millones en inversión extranjera directa en la última década mediante la venta de casi 100.000 permisos de residencia y casi 6.000 pasaportes (algo que sólo hacen Chipre, Malta y Bulgaria).

El informe de Bruselas destaca tres motivos principales de preocupación por los visados de oro. En primer lugar, las normas de la UE exigen una serie de controles de seguridad antes de expedir un permiso de residencia a inversores extranjeros, con el fin de garantizar que no suponen una amenaza. El Ejecutivo comunitario se queja de que no tiene suficiente información sobre los controles que hacen los países en el caso de los visados de oro y teme una excesiva manga ancha para facilitar la vida a estos inversores.

La Comisión denuncia además que los Estados miembros no exigen a los titulares de estos permisos el requisito de residencia física en su territorio. Eso permite a los inversores adquirir el estatus de residente de larga duración en la UE sin cumplir la condición de haber vivido cinco años en territorio comunitario y puede incluso ofrecer una vía rápida a la ciudadanía nacional y por tanto de la UE. Finalmente, el informe resalta la falta de transparencia y supervisión de los sistemas: no hay estadísticas completas sobre el número de personas que han comprado visados de oro.

Chipre, Malta y Bulgaria venden pasaportes de la UE

Capítulo aparte, y todavía más preocupante, merece el caso de Chipre, Malta y Bulgaria, que venden pasaportes de oro por un precio que oscila entre 800.000 y un millón de euros. Es decir, conceden a los inversores extranjeros la nacionalidad (y por tanto la ciudadanía de la UE) en condiciones menos estrictas que los regímenes de naturalización ordinarios. En estos tres Estados miembros no existe ninguna obligación de residencia física para el individuo, ni el requisito de tener otros vínculos reales con el país antes de obtener la nacionalidad. 

Además, los controles de seguridad que se aplican a los solicitantes "no son bastante sólidos y hay zonas grises susceptibles de abuso", según ha denunciado la comisaria de Justicia, Vera Jourova. Ello tiene consecuencias en el resto de la Unión, puesto que los inversores adquieren automáticamente la ciudadanía comunitaria, y con ella e derecho a la libre circulación y al acceso al mercado interior para ejercer actividades económicas, así como el derecho de voto y elegibilidad en las elecciones locales y europeas. De hecho, estos programas se anuncian a menudo como un medio para adquirir la ciudadanía de la Unión, con todos los derechos y privilegios asociados.

"No creo que sea políticamente aceptable y justo continuar así", ha resaltado Jourova. Bruselas no puede prohibir estos programas porque la concesión de la nacionalidad es una competencia exclusiva de los Estados miembros. Pero pretende dar un toque de atención a los Gobiernos "para que se tomen en serio los riesgos creados por estos sistemas y afronten las lagunas identificadas en el informe". El Ejecutivo comunitario creará un grupo de expertos con el fin de elaborar para finales de 2019 una lista común de controles de seguridad aplicables a los beneficiarios de pasaportes de oro.

Los países señalados por la Comisión no se lo han tomado nada bien y han protestado por las conclusiones del informe. El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, ha acusado a Bruselas de aplicar una "doble vara de medir": sostiene que su país ha sido acusado de forma injusta y que aplica "los criterios más estrictos" de la UE, informa Reuters. Por su parte, el Gobierno maltés sostiene que ya ha aplicado medidas para corregir muchos de los problemas que denuncia el informe y hace valer el impacto positivo de los pasaportes de oro para su país: han generado ingresos de 700 millones de euros, el 70% de los cuales se reinvertirán en proyectos sociales y de infraestructuras.

Finalmente, Bulgaria ha aprovechado la publicación del informe para anunciar que dejará de vender pasaportes a extranjeros ricos. El Gobierno de Sofía asegura que el programa no ha generado los beneficios económicos esperados. Pero lo cierto es que en Bulgaria se han producido varios escándalos de corrupción relacionados precisamente con la venta de pasaportes.

"La marea se está volviendo en contra de la industria de los visados de oro después de que la UE haya reconocido los inaceptables riesgos en materia de seguridad y corrupción que crean", ha dicho Naomi Hirst, portavoz de la ONG Global Witness, que sin embargo critica que Bruselas no ofrezca soluciones. "Ahora es el momento de que los Estados miembros asuman la responsabilidad por sus programas de visados de oro y, siguiendo el ejemplo de Bulgaria, los suspendan hasta que esté claro que no suponen una amenaza para la seguridad en la UE", ha subrayado.