El Tribunal de Sesiones de Edimburgo desestimó este viernes de forma temporal la demanda en contra de la suspensión del Parlamento y aplazó hasta el martes la decisión en la que dictaminará si es legal la medida adoptada por el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson.
Durante una audiencia que duró apenas media hora, el juez Lord Raymond Doherty descartó emitir un "interdicto provisional", es decir, adelantar su decisión sobre la legalidad de la medida, como le pedían los demandantes. Por tanto, estos no han conseguido, por el momento, frenar los planes de Johnson.
El magistrado señaló que prefería no pronunciarse de forma preliminar antes de que hubiera una vista completa para escuchar los argumentos de todas las partes, por lo que adelantó la sesión prevista para el 6 de septiembre al próximo martes 3.
"No estoy satisfecho de que se haya demostrado que existe la necesidad de un veredicto provisional en esta etapa", señaló Doherty. Añadió que en aras del "interés de la justicia y del público" era conveniente que el caso procediera "más pronto que tarde".
En la vista celebrada este jueves, Aidan O'Neill expuso los argumentos de los parlamentarios y Roddy Dunlop actuó en representación del Ejecutivo británico, tras lo que Lord Doherty avanzó que se pronunciaría este viernes.
El tribunal civil de mayor rango de Escocia se pronunció así ante la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que, el mes pasado, pidió que dictaminara si es legal clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) sin acuerdo puedan frenarlo.
John Major contra Johnson
El exprimer ministro británico conservador John Major confirmó este viernes que se enfrentará al actual jefe de Gobierno en los tribunales para tratar de impedir la suspensión del Parlamento. Solicitará permiso del Tribunal Superior para sumarse a la demanda ya presentada por la activista contraria al brexit Gina Miller con el objetivo de revertir el cierre parlamentario.
"En vista de la inminencia de la suspensión (parlamentaria) y a fin de evitar duplicar el esfuerzo (...), tengo intención de buscar el permiso del tribunal para intervenir en el caso ya iniciado por Gina Miller, en lugar de comenzar procedimientos legales separados", señaló Major.
En caso de que esa autorización le sea concedida, agregó que intentará "ayudar al tribunal desde la perspectiva de haber servido en el Gobierno como ministro (de Hacienda en el Ejecutivo de Margaret Thatcher entre 1989-1990) y primer ministro (1990-1997) y también en el Parlamento durante muchos años como miembro de la Cámara de los Comunes".
La medida de Johnson, que llega en un momento delicado en la política británica, ha enfurecido a la oposición -y a conservadores contrarios a ese planteamiento de sobre el brexit- al reducir el margen de maniobra de los detractores de un "divorcio" brusco para explorar vías legales con las que evitar ese escenario.
Por su parte, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn -principal grupo opositor- y otras formaciones políticas, ya han confirmado su intención de legislar lo antes posible para impedir una salida sin consenso y no descartan presentar una moción de censura.