Una multa récord a una plataforma digital por abusos monopolísticos. Una factura millonaria a una multinacional por haber recurrido a trucos de ingeniería fiscal ilegales con el fin de eludir impuestos. El veto a una fusión de empresas por reducir la competencia y aumentar los precios. La nueva Comisión de Ursula von der Leyen se arriesga a que decisiones clave como éstas en sus primeros meses de mandato sean tumbadas en los tribunales porque su equipo no está configurado correctamente: falta un representante británico, pese a que el Tratado de la Unión Europea exige un comisario por cada Estado miembro.
Tras varias semanas de contratiempos, los Gobiernos europeos han aprobado este lunes la lista final de comisarios del equipo de Von der Leyen, en la que figura Josep Borrell como vicepresidente y jefe de la diplomacia comunitaria. Es el penúltimo paso antes de la votación de investidura en la Eurocámara, que tendrá lugar este miércoles 27 de noviembre a las 12:00 horas. Si no hay más sobresaltos inesperados, el nuevo Ejecutivo comunitario empezará a trabajar el lunes 2 de diciembre, con un mes de retraso respecto a la fecha prevista.
Sin embargo, en la lista remitida al Parlamento Europeo sólo hay 27 nombres, pese a que la UE sigue teniendo 28 Estados miembros: Reino Unido mantiene todos sus derechos y obligaciones al menos hasta que venza la última prórroga del brexit el 31 de enero de 2020. Pero el Gobierno de Boris Johnson, cuya principal promesa de cara a las elecciones anticipadas del 12 de diciembre es llevar a cabo el brexit, se ha negado a enviar a nadie a Bruselas alegando que al estar en campaña la ley se lo impide. Y eso pese a que se comprometió a hacerlo como requisito a cambio del aplazamiento.
¿Cómo escapar de este bloqueo? En Bruselas consideran que el nombramiento de la próxima Comisión es urgente. El equipo de Jean-Claude Juncker está en funciones desde el 1 de noviembre, una posibilidad que ni siquiera está prevista en el Tratado (aunque sí ha sido reconocida por la justicia europea) y conduce inevitablemente a la parálisis de todas las instituciones de la UE, puesto que el Ejecutivo comunitario es el que tiene el poder de iniciativa para presentar nuevos proyectos de directivas y reglamentos.
"Hemos llegado a la conclusión de que un Estado miembro no puede convertirse en obstáculo para el buen funcionamiento de las instituciones. La UE se basa en la cooperación entre 28 Estados miembros y si un Estado miembro pudiera, simplemente negándose a participar, paralizar el buen funcionamiento de la UE, se le estaría dando un poder que los Tratados no le conceden. No existe el derecho de los Estados miembros a bloquear la Unión", explica un alto funcionario comunitario.
Riesgos legales
El atajo legal escogido para la investidura del equipo de Von der Leyen es aprobar una lista de 27 nombres pero manteniendo una Comisión de 28 miembros. Es decir, con la silla de Reino Unido vacía. Eso es importante para definir los umbrales del quorum y la mayoría necesarios para tomar decisiones en el colegio, que se seguirán calculando a 28 y no a 27. En el preámbulo de la decisión se resalta además que Londres ha incumplido su obligación legal de nombrar comisario y se hace referencia al expediente sancionador abierto por Bruselas en este motivo. Un intento de cubrirse las espaldas ante posibles impugnaciones.
Los juristas de la UE argumentan además que el Tratado de Lisboa introdujo una nueva disposición según la cual los comisarios que dimitan no tienen que ser necesariamente sustituidos. Es lo que ha ocurrido con los representantes de Estonia y Rumanía, que dejaron la Comisión Juncker tras haber sido elegidos eurodiputados el 26-M y no se les ha reemplazado. Un resquicio jurídico al que apelan también para justificar la ausencia de un comisario británico.
¿Serán suficientes estas prevenciones para blindar las decisiones del equipo de Von der Leyen? "Ningún abogado le dirá que no hay riesgos legales. Siempre hay riesgos legales, la cuestión es cómo de graves son estos riesgos", señala el alto funcionario. La mayoría del trabajo de la Comisión consiste en hacer propuestas legislativas, como el Pacto Verde Europeo que la presidenta electa se ha comprometido a presentar en sus primeros 100 días. Pero las propuestas no pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE): sólo las leyes aprobadas, que son obra no del Ejecutivo comunitario sino de los Gobiernos y la Eurocámara.
"Lo más complicado son los recursos en el área de derecho de competencia y fusiones que puedan presentar las empresas ante el TJUE. Me imagino que cualquier abogado que trabaje para una empresa que desee impugnar una decisión de la Comisión utilizará esto. Veremos qué pasa, pero nosotros confiamos en que los jueces nos darán la razón", relata el alto funcionario.
"El Consejo ha motivado de forma muy clara su decisión. No se ha limitado a nombrar a 17 comisarios y a señalar que Reino Unido no ha sugerido ningún nombre. Hay varios considerandos con una argumentación completa que servirán en los tribunales para defender esta decisión", concluye el responsable comunitario. En Bruselas apuntan además que no hay previstas muchas decisiones importantes de competencia y fusiones durante las próximas semanas.
La solución alternativa hubiera sido que los Gobiernos aprobaran reducir de 28 a 27 el número de comisarios de Von der Leyen. El Tratado de Lisboa ya preveía recortar el número de comisarios a dos tercios del total de Estados miembros. Pero Irlanda votó no en el referéndum de ratificación y la UE prometió entonces volver al sistema de un comisario por Estado miembro. Se ha descartado revisar esta promesa porque podría considerarse una traición a los votantes irlandeses. Además, resultaba muy complejo establecer un sistema de rotación para determinar qué país se queda sin comisario.
"Nadie está al 100% seguro de que el plan vaya a funcionar", admiten fuentes diplomáticas. Pero a falta de una alternativa mejor, la UE cruza los dedos y espera que la Comisión Von der Leyen pueda por fin empezar a trabajar (sin comisario británico).