Bruselas reconoce a España poder de veto sobre Gibraltar también durante la segunda fase de las negociaciones del brexit. El Peñón se quedará fuera de cualquier acuerdo que suscriban Reino Unido y la Unión Europea para regir su relación futura salvo que haya un pacto previo entre Pedro Sánchez y Boris Johnson para incluirlo o que España dé su visto bueno, según se recoge en el plan de negociación publicado este lunes por la Comisión Europea.
Si hasta el referéndum del brexit la UE había mantenido una posición neutral en el enfrentamiento entre España y Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar por tratarse de dos Estados miembros, ahora toma partido claramente a favor de Madrid, que es el país que se queda. La primera vez que Bruselas reconoció el veto español sobre la Roca fue en marzo de 2017, cuando empezaron las negociaciones de divorcio. Pero la fase decisiva comienza ahora con el inicio del diálogo sobre el nuevo acuerdo comercial y de seguridad.
"Cualquier acuerdo entre la Unión y Reino Unido negociado sobre la base de estas directrices de negociación no incluirá a Gibraltar", señala el proyecto de plan negociador. El borrador todavía tiene que ser ratificado por los Veintisiete Estados miembros, probablemente en una reunión que se celebrará el 25 de febrero. La segunda fase de las negociaciones entre Bruselas y Londres comenzará a principios de marzo.
El negociador de la UE para el 'brexit', Michel Barnier, este lunes durante la rueda de prensa
"Esto no excluye que al lado de las discusiones bilaterales que se producirán entre el Reino de España y Reino Unido sobre Gibraltar, pueda haber una discusión entre Reino Unido y nosotros sobre temas de competencia comunitaria en Gibraltar (por ejemplo el comercio). Pero si es así, habrá una mesa especial, paralela y España deberá estar asociada y dar su acuerdo a cada uno de los elementos de este acuerdo específico sobre Gibraltar", ha explicado el negociador de la UE, Michel Barnier, en rueda de prensa.
El plan negociador refleja así el acuerdo que cerró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el resto de líderes europeos en noviembre de 2018. Entonces, ante la amenaza de veto de España al pacto de divorcio con Reino Unido, los Veintisiete reiteraron que "después de que Reino Unido deje la Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito territorial de los acuerdos que se concluyan entre la Unión y Reino Unido".
"No obstante, eso no excluye la posibilidad de tener acuerdos separados entre la Unión y Reino Unido respecto a Gibraltar. (...) Esos acuerdos separados requerirán el visto bueno previo del Reino de España", señala el texto pactado por la Unión Europea. Sánchez sostiene que este acuerdo le da a España un "triple blindaje" sobre Gibraltar, pero lo cierto es que se trata de un compromiso sin valor jurídico que según el propio Gobierno ya se incumplió durante la primera fase del brexit.
En todo caso, Moncloa aseguró la semana pasada que los contactos bilaterales con Londres sobre el Peñón ya han comenzado. Su objetivo es "lograr un área de prosperidad compartida que beneficie al conjunto del Campo de Gibraltar". De momento no se menciona la cuestión de la cosoberanía, que rechazan los dirigentes gibraltareños y británicos.
El protocolo sobre Gibraltar incluido en el Acuerdo de Retirada -cuyo objetivo es impulsar la cooperación entre Madrid y Londres en cuestiones como la fiscalidad, el medio ambiente o la lucha contra el contrabando- expirará el 31 de diciembre de 2020 salvo en la parte referida a los derechos de los ciudadanos. Sin el visto bueno de España para un nuevo acuerdo, el Peñón se quedaría totalmente aislado de la UE en 2021.
Cero aranceles y cuotas pero con condiciones
El plan negociador que propone Bruselas para la relación futura con Londres incluye tres grandes capítulos: economía, seguridad y gobernanza. En primer lugar, la UE ofrece a Reino Unido un ambicioso acuerdo de libre comercio con cero aranceles y cero cuotas. A cambio, exige al Gobierno británico que no rebaje los estándares británicos en materia social, medioambiental, competencia o ayudas públicas. Algo que Johnson rechaza porque quiere alejarse lo máximo posible de las reglas de la UE.
El otro gran problema de esta segunda fase del brexit es que Reino Unido y la UE apenas cuentan con los 11 meses del periodo de transición -durante el que nada cambia para los ciudadanos y las empresas- para cerrar un nuevo acuerdo. Un plazo claramente insuficiente si se tiene en cuenta que las negociaciones del divorcio han durado 3 años y medio y que los últimos pactos comerciales que ha firmado Bruselas han costado como mínimo 5 años.
El Acuerdo de Retirada, que entró en vigor el sábado, establece que la transición, que en principio caduca el 31 de diciembre de 2020, sólo puede ampliarse una vez, hasta un máximo de dos años extra. La eventual extensión debe decidirse antes del 1 de julio por acuerdo mutuo entre la UE y Reino Unido. Pero Johnson ya ha dejado claro que no habrá más prórrogas. Incluso ha promovido una ley que las prohíbe.
"Es el momento de ponerse a trabajar. El tiempo es corto. Negociaremos de manera transparente y justa, pero defenderemos los intereses de la UE y los intereses de nuestros ciudadanos hasta el final", ha avisado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Bruselas propone celebrar rondas de negociación cada tres semanas en alrededor de una docena de mesas temáticas para abordar todas las cuestiones. Pero aún así, sólo podrá haber cuatro o cinco antes de decidir sobre la prórroga en julio. En julio también deben cerrarse dos capítulos clave: el nivel de acceso de los barcos comunitarios a las aguas territoriales británicas y el nivel de acceso de los servicios financieros británicos al mercado europeo.