La salida de Reino Unido de la Unión Europea en la medianoche del viernes al sábado no pone fin al culebrón interminable del brexit. Muy al contrario, lo más difícil todavía está por llegar. Bruselas y Londres tienen que pactar ahora cómo será su relación futura. Otra negociación tortuosa por el desajuste de puntos de partida.
El Gobierno de Boris Johnson quiere alejarse de las normas de la UE y poner fin a la libre circulación de personas, limitando la entrada de ciudadanos europeos a territorio británico. Se trata de recuperar la soberanía, sostiene. Bruselas avisa de que cuanto mayor sea la divergencia, habrá que erigir más barreras comerciales entre los dos antiguos cónyuges, con su correspondiente daño económico.
La otra dificultad casi insalvable es el tiempo. Reino Unido y la UE apenas cuentan con los 11 meses del periodo de transición -durante el que nada cambia para los ciudadanos y las empresas- para cerrar un nuevo acuerdo. Un plazo claramente insuficiente si se tiene en cuenta que las negociaciones del divorcio han durado 3 años y medio y que los últimos pactos comerciales que ha firmado Bruselas han costado como mínimo 5 años.
El Acuerdo de Retirada, que entró en vigor el sábado, establece que la transición, que en principio caduca el 31 de diciembre de 2020, sólo puede ampliarse una vez, hasta un máximo de dos años extra. La eventual extensión debe decidirse antes del 1 de julio por acuerdo mutuo entre la UE y Reino Unido.
Pero Johnson ya ha dejado claro que no habrá más prórrogas. Incluso ha promovido una ley que las prohíbe: quiere romper definitivamente las amarras con Bruselas cuanto antes y dejar de pagar al presupuesto comunitario (algo que tendría que hacer si hay una extensión). Para los brexiteros más radicales, la transición equivale a convertir a Reino Unido en un "Estado vasallo" de la UE: tiene que aplicar sus reglas pero sin voz ni voto en la toma de decisiones.
Brexit: cronología de una ruptura
"Sin una prórroga del periodo de transición más allá de 2020, no puede esperarse llegar a un acuerdo sobre cada uno de los aspectos de nuestra nueva relación. Tendremos que establecer prioridades", ha admitido la propia presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen.
El 3 de febrero, mandato de negociación
En todo caso, el Ejecutivo comunitario se compromete a pisar el acelerador. Este lunes 3 de febrero, el negociador de la UE, Michel Barnier, que sigue al mando en la nueva fase del brexit, presentará ya su propuesta de mandato. Está previsto que los Gobiernos de los 27 le den luz verde el 25 de febrero, de forma que el diálogo podrá a empezar a principios de marzo.
Bruselas propone una ronda de negociación cada tres semanas, con 10 mesas paralelas para abordar los diferentes temas (comercio, seguridad, resolución de disputas, etc). Aún así, sólo habría tiempo para cuatro rondas antes de decidir sobre la prórroga en julio.
Lo que la UE ofrece a Reino Unido es "un acuerdo de libre comercio con cero tarifas y cero cuotas". "Será algo único. Ningún otro acuerdo de libre comercio ofrece tanto acceso a nuestro mercado interior", sostiene Von der Leyen. A cambio, Bruselas le pide a Johnson que no rebaje los estándares británicos en materia social, sanitaria medioambiental o en competencia y ayudas públicas.
"Queremos conservar la relación más estrecha posible con Reino Unido, pero debemos ser claros. Cuanto más decida divergir de los estándares europeos, menos acceso tendrá al mercado interior", ha dicho este viernes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
La principal preocupación de la UE es que Reino Unido se acabe convirtiendo en una especie de Singapur a orillas del Támesis, un paraíso fiscal gigante en la vecindad más inmediata que haga competencia desleal a las compañías europeas. A Bruselas también le indigna que Boris Johnson no quiera dar ningún tipo de prioridad migratoria a los ciudadanos europeos tras el brexit.
España tendrá veto sobre Gibraltar
"No va a ser una negociación entre amigos. En relaciones comerciales no hay amigos, hay intereses que defender", ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista a RNE. Tanto ella como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han reunido esta semana con Barnier y le han transmitido su deseo de "establecer una relación (con Londres) lo más estrecha posible tanto en el ámbito político como en el económico, pero preservando la integridad del mercado único".
En la nueva fase del postbrexit volverá a plantearse el conflicto de Gibraltar. La UE ha concedido a España poder de veto: ningún acuerdo futuro se aplicará al Peñón si no hay un entendimiento previo entre Madrid y Londres. Moncloa asegura que los contactos bilaterales ya han comenzado. Su objetivo es "lograr un área de prosperidad compartida que beneficie al conjunto del Campo de Gibraltar". De momento no se menciona la cuestión de la cosoberanía, que rechazan los dirigentes gibraltareños y británicos.
El paso fronterizo en Gibraltar.
Uno de los desafíos para la UE será mantener la unidad que se consiguió durante el divorcio. Como el plazo es muy corto, habrá que fijar unas prioridades negociadoras y hay un riesgo de que las agendas de los Estados miembros colisionen. Siguiendo la transición, Francia es el país que ha asumido la posición más dura. "Si Boris Johnson quiere un acuerdo en 11 meses con cero cuotas y cero aranceles, nos debe dar garantías de cero dumping y por tanto un terreno de juego equilibrado", ha dicho su ministra de Asuntos Europeos, Amelie de Montchalin.
La primera prueba de fuego llegará con la negociación de dos asuntos clave para los que existe el compromiso de llegar a un pacto de aquí a junio: la pesca, prioritaria para la UE; y los servicios financieros, fundamentales para Reino Unido. En la actualidad, alrededor de 3.500 buques europeos con 18.000 pescadores faenan en aguas territoriales británicas. Sobre todo de España, Francia, Alemania, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Holanda.
Primeros problemas
Los europeos quieren mantener este acceso a las aguas británicas tras el brexit, algo que por supuesto rechazan tanto los pescadores británicos como el Gobierno de Johnson. Por otro lado, los servicios financieros de la City de Londres van a perder el pasaporte que les permite vender sus productos en toda la UE. Dependen de una decisión unilateral de Bruselas para poder seguir operando cuando concluya la transición.
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ya ha dejado claro que la UE tiene intención de ligar ambas cuestiones en la negociación. "Deberéis hacer concesiones en áreas como la pesca para lograr concesiones nuestras en áreas como los servicios financieros. Por eso, las cosas van a negociarse en un gran paquete", ha dicho Varadkar en una entrevista a la BBC.
Si no hay acuerdo a tiempo, el riesgo vuelve a ser un brexit salvaje el 31 de diciembre.¿Qué puede ocurrir? "Para el acuerdo profundo que haría falta si queremos minimizar el daño económico no da tiempo. Lo que pasa es que la decisión la tiene Reino Unido. Si Reino Unido quiere mantenerse regulatoriamente lejos, los europeos lo tendremos que aceptar, haremos un acuerdo de libre comercio y punto. Eso sí da tiempo a hacerlo", explica a EL ESPAÑOL Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano.
"Pero eso va a tener unas consecuencias económicas bastante negativas, más para el Reino Unido que para la UE. De todas formas, tampoco es muy fiable que lo que Johnson dice ahora lo mantenga cuando se acerque la fecha límite. Yo me inclino por pensar que acabarán pidiendo una prórroga de la transición", pronostica Steinberg.