Si uno ve el mapa del coronavirus en Europa, puede dar la impresión de que al Covid-19 le cuesta traspasar el antiguo Telón de Acero. Once países con más de 100 millones de habitantes que declaran tener, en conjunto, menos casos -21.000- que Bélgica -22.000- y casi las mismas víctimas -612- que Suecia -591-. Estos números ¿son un éxito de sus gobiernos o una muestra más de la legendaria reserva informativa de los países excomunistas?
Teniendo en cuenta que Alemania lleva a cabo en una semana más test que todos estos países desde que empezó la pandemia, no es ninguna sorpresa que las cifras -no la realidad- sean mucho mejores en estos países.
Las medidas restrictivas que se tomaron desde muy pronto en Europa oriental estuvieron motivadas, en gran parte, por el temor a que el sistema sanitario, mucho más precario que el de los países occidentales, quedase absolutamente desbordado desde los primeros días. Sin embargo, cada gobierno ha optado por afrontar de manera diferente la situación: por ejemplo, Hungría declaró rápidamente el estado de emergencia, mientras que el Gobierno polaco se resiste a hacerlo, e incluso insiste en celebrar elecciones presidenciales en unas semanas.
A pesar de que todo indica que lo peor está por llegar en estos países, hace ya semanas que se pueden ver escenas que recuerdan a las tristemente habituales en España o Italia: hospitales colapsados, personal sanitario agotado, escasez de equipos y preparación.
Polonia, sin material sanitario
El caso polaco es uno de los más graves, por el tamaño de su población y porque es el segundo país con menor gasto en sanidad pública de toda la UE. Cuando el Gobierno populista del PiS lleva años repartiendo miles de millones de euros en subvenciones a ganaderos y programas de natalidad que no tienen en cuenta el nivel de ingresos del beneficiario, los menores de 26 años no pagan impuestos y se acaban de entregar 500 millones de euros a la televisión pública para que continúe con su labor propagandística, muchos se preguntan cómo es posible que el primer hospital que trató a pacientes del virus tuviera que suplicar por las redes sociales a empresas y ciudadanos que les comprasen equipamiento. Cuando por fin llegó el camión de Varsovia, los trajes de protección no tenían guantes ni cubrebotas.
Muchos trabajadores sanitarios que se quejan de desprotección optan por pedir la baja en vez de airear información que les puede costar el despido. Eso es lo que le ocurrió hace una semana a una enfermera que publicó en su Facebook las condiciones del hospital en que trabajaba.
Un trabajador desinfecta un autobús público en Gdynia, Polonia.
En cambio, el Gobierno no se ha mostrado tan estricto con la manifiesta irresponsabilidad de los sacerdotes que animaban a usar el agua consagrada de las iglesias “porque son inmunes al virus del mal” y a comulgar “porque los curas están divinamente limpios”. Está previsto suavizar las restricciones para celebrar misas durante Semana Santa. Además, mientras los parques, bosques y áreas verdes permanecen cerrados al público, los cazadores no tienen ninguna restricción para salir al bosque, lo que ha provocado quejas.
En campaña electoral
El oportunismo político del Gobierno polaco tiene su máximo ejemplo en el empeño por celebrar elecciones presidenciales a pesar de la pandemia. El actual presidente Andrzej Duda es el único candidato del mundo en campaña electoral, ya que todos sus adversarios han decidido abandonar los actos públicos por responsabilidad.
Cuando el resto del mundo aguanta la respiración, se paraliza e intenta contener la pandemia del coronavirus por todos los medios, Duda continúa de tour oficial, estrechando manos, visitando hospitales y actuando más como candidato que como presidente en tiempos de crisis. Mientras que en Polonia existe un estado de emergencia de facto, con libertad de movimiento y expresión restringida, el Gobierno se resiste a declararlo oficialmente porque ello obligaría a retrasar automáticamente los comicios.
Duda, que apoya incondicionalmente al Gobierno, es una pieza fundamental en el proyecto político del PiS. El presidente puede vetar cualquier ley que no cuente con los tres quintos de mayoría parlamentaria que el PiS perdió en las últimas elecciones.
La propuesta de la oposición de retrasar las elecciones ha sido rechazada por el PiS, que teme un resultado adverso cuando pase la pandemia y el país se enfrente a una crisis económica. Para evitar las críticas que desataría el llevar a cabo unas elecciones con voto presencial, se va a poner en marcha un sistema de voto por correo que no convence a nadie. Además de tener que enviar su identificación junto al voto, los ciudadanos polacos están obligados a votar y se enfrentan a una pena de cárcel si pierden o roban la papeleta.
Con un servicio postal sufriendo las consecuencias de una situación muy complicada y el correo internacional suspendido, a cientos de miles de polacos que viven en el extranjero les será imposible emitir su sufragio.
Por otro lado, y por muchas precauciones que se tomen, parece claro que obligar a poner en marcha la maquinaria electoral en todo el país supone un riesgo injustificable e innecesario.
Para el analista político y profesor de Historia en Varsovia Daniel Tilles, “la ley incluye sanciones por robar o falsificar papeletas, pero no por venderlas. Dado que la participación suele ser baja –un 49% en las últimas presidenciales-, se trata de algo preocupante. Podría haber muchísima gente que potencialmente podría venderle su papeleta a alguien, conscientes de que no se les podría identificar ni castigar. También será mucho más fácil que se rellenen papeletas en nombre de otros, o presionarles para que emitan determinado voto y se pueda comprobar que así lo han hecho”.
La ley ha resultado tan polémica que tuvo que ser remitida al Parlamento dos veces en el mismo día, provocó la dimisión del principal aliado de la coalición en el Gobierno y tuvo que llevarse a cabo entregando papeletas de voto de diputados que las habían firmado en blanco días antes. Se da la circunstancia de que fue el propio PiS quien limitó en 2018 el ejercicio de voto por correo por “propiciar el fraude” y con anterioridad propuso incluso eliminarlo.
El caso de Hungría
En Budapest, Viktor Orbán también ha aprovechado el coronavirus como medio para conseguir sus fines políticos. Citando perentorias necesidades nacionales, Orbán ha reclamado que todas las alcaldías del país entreguen la mitad de su presupuesto anual al Gobierno central para hacer frente a la crisis. Hungría es, junto con Polonia, la mayor beneficiaria de las ayudas de la UE para mantener la economía a flote.
El Parlamento húngaro ha suspendido sus actividades sine die, y no se podrá celebrar ningún tipo de referéndum, elecciones ni votación en Hungría por un tiempo indefinido. Viktor Orbán se ha autorizado a sí mismo a gobernar a base de decretos y cualquiera que, en opinión del Gobierno, difunda información falsa o alarmista sobre la pandemia se enfrenta a cinco años de prisión.
Criticar las medidas de Orbán u oponerse a ellas es tildado de antipatriótico. La oposición es llamada “pro corona virus” en algunos medios leales al Gobierno y ya se ha amenazado con regir los municipios de todo el país, privando a los alcaldes de su capacidad legislativa -Orbán sufrió un serio revés electoral al perder la alcaldía de Budapest y otras ciudades en las últimas lecciones-.
A pesar de los 5.600 millones de Euros que han llegado de Bruselas para ayudar al país a luchar contra los efectos de la pandemia, el líder iliberal se congratula de los convoyes de ayuda rusa que “en vez de atender las necesidades de su país vienen a ayudarnos”.
En Rumanía, otro de los países donde el virus está afectando a la salud de la democracia, el ministro de Sanidad prometió que se examinaría a los dos millones de habitantes de Bucarest en unos días. No solo no cumplió su palabra, sino que se vio obligado a dimitir cuando se supo que un centenar de trabajadores de un hospital rumano habían contraído el virus por falta de equipamiento. En Bulgaria, el parlamento también ha suspendido sus sesiones hasta nuevo aviso.
En medio de una pandemia mundial, con las cifras de muertos y afectados aumentando constantemente, la atención informativa se dirige al problema médico que supone una pandemia mundial.
Pero al mismo tiempo, se está deteriorando de manera alarmante el estado de la democracia en países gobernados por quienes ven en toda amenaza una oportunidad y anteponen el interés político a todo lo demás.
Barbara Gąsiorowska, directora de un hospital cerca de Varsovia, usaba hace poco su cuenta personal de Facebook para pedir “por favor, guantes, mascarillas, desinfectante o dinero para comprarlo”. Pocos días antes, en una rueda de prensa, el premier polaco Morawiecki aseguraba que el país está tan preparado para combatir la emergencia sanitaria como para llevar a cabo las elecciones.