El incendio que ha arrasado esta semana el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, es la máxima expresión del fracaso total de la política migratoria de la UE. Si se hubieran cumplido las medidas aprobadas tras la crisis de refugiados de 2015, las 12.000 personas allí presentes ya habrían sido repartidas entre los Estados miembros o repatriadas a su país de origen en caso de no tener derecho al asilo. Los que quedasen tendrían que estar viviendo en condiciones dignas, dado que Grecia ha recibido hasta 2.600 millones de euros de Bruselas para gestionar la inmigración.
Lo que ocurrió fue todo lo contrario. La disputa sobre las cuotas obligatorias de refugiados provocó una brecha sin precedentes entre los países del Este y del Oeste, que todavía no se ha curado. Países como Hungría o Polonia mantienen un rechazo frontal a acoger migrantes, pese a que han sido condenados por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La tasa de repatriación de inmigrantes irregulares apenas alcanza el 40% de media comunitaria. Cada vez que un barco de una ONG rescata inmigrantes en alta mar, los países de la UE tardan días en decidir dónde desembarcan y quién los acoge. El bloqueo es total.
Ahora la Comisión de Ursula von der Leyen quiere volver a intentarlo. Empezar desde cero, aprovechando que la presión migratoria ha bajado. El numero de entradas irregulares en las fronteras exteriores de la UE disminuyó un 14% en los primeros ochos meses de 2020, hasta situarse en 60.800. En la ruta entre Marruecos y España, la caída fue del 46%, hasta 8.137 casos, según los datos de Frontex. En 2015, llegaron a la UE más de un millón de migrantes y demandantes de asilo huyendo de la guerra de Siria.
Un grupo de migrantes duerme en una gasolinera tras el incendio del campo de Moria, en la isla de Lesbos
Desde que asumieron el cargo hace nueve meses, el vicepresidente encargado de Promover el Estilo de Vida Europeo, el conservador griego Margaritas Schinas, y la comisaria de Interior, la socialista sueca Ilva Johnansson, han mantenido intensos contactos con todos los Gobiernos de la UE en un intento de forjar consensos antes de publicar nuevas propuestas legislativas. El resultado es un Pacto de Asilo e Inmigración que -tras sufrir varios retrasos por la Covid-19- se presentará antes de final de septiembre.
España quiere cuotas obligatorias
El Pacto se basará en tres pilares: acuerdos con países de origen y tránsito de los migrantes, como Marruecos, Argelia o Túnez; un refuerzo de la guardia europea de fronteras y costas; y un mecanismo permanente para el reparto de migrantes cuando algún Estado miembro fronterizo (como España, Italia o Grecia) sufra una situación de desborde. En realidad, son los mismos ingredientes de siempre. Ahora faltan por conocerse los detalles y los pequeños cambios con los que espera convencer a los países más reticentes.
¿Funcionará esta nueva estrategia o está condenada al fracaso? Las primeras señales no son nada alentadoras. Al Gobierno de Pedro Sánchez no le gusta lo que sabe hasta ahora del plan de Ursula von der Leyen. Considera que, para ganarse a Polonia o Hungría, ha optado por un sistema de "solidaridad a la carta" que acaba premiando a los países que no están dispuestos a acoger migrantes ni a hacer nada para afrontar el problema migratorio, según explican fuentes diplomáticas.
España considera imprescindible un sistema de cuotas obligatorias de migrantes, algo que sigue siendo tabú para los países del Este. El nuevo Pacto impone además una carga desproporcionada sobre España, Italia o Grecia en el control de fronteras al hacerles responsables de los "movimientos secundarios" de los migrantes que en realidad quieren ir a Holanda o Alemania, señalan las fuentes.
El vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, durante su visita a Moria este jueves
"La reforma debe crear un mecanismo obligatorio de distribución justa basado en criterios concretos, en particular cuando un Estado miembro sufre una presión desproporcionada. El recurso por parte de los Estados miembros a otras medidas de solidaridad que no sean la reubicación debe ser una excepción y sólo por razones motivadas", señala el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una carta conjunta con Francia, Alemania e Italia enviada a la Comisión el pasado abril.
"No podemos circunscribir la política migratoria solamente a una cuestión de control de fronteras. Es mucho más que eso. Tiene que haber una componente de responsabilidad, de solidaridad y también de humanidad", dijo el presidente del Gobierno este jueves en la rueda de prensa tras la cumbre de líderes de países del Sur en Córcega, en la que expresó también su solidaridad con Grecia.
¿Qué pasará ahora con los 12.000 migrantes que vivían en el campo de Moria? Tampoco para ellos hay una solución inmediata. Los 400 menores no acompañados serán reubicados entre los países de la UE que se ofrezcan voluntariamente en una operación financiada por el Ejecutivo comunitario. De momento, Alemania, Francia u Holanda ya han dicho que están dispuestos a participar, pero no así España. Para el resto, el Gobierno griego ya ha empezado a montar tiendas de campaña para construir un nuevo campo y pide ayuda a Bruselas.