Bruselas prepara una ley para el reconocimiento de los hijos de parejas gay en toda la UE

Combatir la discriminación y la desigualdad de trato. Este es el objetivo central de la primera estrategia de UE para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ), que ha presentado este jueves la Comisión Europea. La nueva hoja de ruta de Bruselas contiene dos medidas clave. En primer lugar, incluir en la lista de delitos de la UE la incitación al odio homófobo.

La segunda prioridad es una ley que obligará a todos los Estados miembros, incluidos los que no han legalizado el matrimonio gay, a reconocer a los hijos de parejas del mismo sexo. Es decir, Polonia, que no admite el matrimonio gay ni el derecho de adopción de las parejas homosexuales, tendría que reconocer los vínculos paterno-filiales de una familia arcoiris española que se mude a vivir allí o viaje puntualmente.

Según el análisis de Bruselas, en los últimos años se han hecho progresos importantes en la UE hacia la igualdad de las personas LGBTIQ. Un total de 21 Estados miembros reconocen legalmente a las parejas del mismo sexo, ya sea con matrimonio o uniones civiles: Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovenia, España y Suecia.

Además, cuatro países han introducido procedimientos legales de reconocimiento de género sin ningún requisito médico: Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Malta.

"Al mismo tiempo, estamos viendo también algunas tendencias preocupantes", ha admitido la vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova, durante la rueda de prensa virtual para presentar su estrategia. Más del 50% de las personas LGBTIQ en la UE no se muestran abiertamente tal y como son por miedo al "estigma social", mientras que un 43% se sienten discriminadas, según los datos de Bruselas.

Garantizar la seguridad

"Hay una evolución inquietante en Europa de incidentes como ataques a marchas del orgullo gay o la adopción de las denominadas zonas libres de ideología LGBTIQ (en Polonia). Durante el confinamiento de la Covid-19, la situación ha empeorado porque muchos jóvenes LGBTIQ se encuentran encerrados en entornos hostiles en los que corren el riesgo de sufrir violencia, ansiedad o represión", ha relatado la vicepresidenta.

De hecho, el mismo día en que Bruselas adoptaba su estrategia de igualdad, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán ha anunciado una reforma constitucional para vetar la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Una iniciativa que Bruselas ha eludido valorar a la espera de que se lleve a la práctica. Por lo que se refiere a las zonas libres de ideología LGBTIQ, Jourova admite que carece de base legal para expedientar a Polonia, aunque ha destacado que se les han congelado fondos europeos.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario admite que las personas LGBTIQ sufren desproporcionadamente casos de violencia, delitos de odio e incitación al odio y considera que la escasez de denuncias de este tipo de ataques constituye "un problema grave".

Para reforzar la seguridad de este colectivo, Bruselas presentará en 2021 una iniciativa legislativa con el objetivo de incluir la incitación al odio, en particular contra las personas LGBTIQ, en la lista de delitos de la UE. Una lista en la que figuran ya el terrorismo, la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de drogas, la corrupción, el blanqueo de capitales o la delincuencia organizada.

Proteger a las familias arcoiris

El Ejecutivo comunitario pretende además mejorar la protección de las familias arcoiris. El derecho de familia es una competencia nacional y por ello cada Estado miembro es libre de decidir si reconoce o no el matrimonio homosexual y la posibilidad de adopción. Pero Bruselas teme que estas diferencias entre leyes nacionales se traduzcan en la falta de reconocimiento de los vínculos familiares cuando las parejas gay con hijos se mudan a otro país de la UE.

"De repente, tu hijo deja de ser tu hijo una vez que has cruzado la frontera y esto no es aceptable", alega Jourova. La falta de reconocimiento del vínculo padre-hijo puede provocar que a los niños se les deniegue la ciudadanía, el nombre o los derechos de herencia. Es más, existe el riesgo de que unos padres que no sean reconocidos no puedan actuar como los representantes legales de sus hijos, ni viajar solos con ellos, inscribirlos en escuelas, abrir una cuenta bancaria en su nombre o dar su consentimiento para intervenciones médicas. 

Estos son los argumentos que esgrime Bruselas para anunciar que en 2022 presentará una iniciativa legislativa sobre el reconocimiento mutuo de la parentalidad en todos los países de la UE, incluso los que no han legalizado el matrimonio gay. Además, el Ejecutivo comunitario explorará posibles medidas para apoyar el reconocimiento de las parejas del mismo sexo entre los Estados miembros. Un reconocimiento que ya ha sido avalado por el Tribunal de Justicia de la UE, pero que no siempre se aplica en la práctica.

Mejorar el reconocimiento trans

La Comisión quiere además mejorar el reconocimiento de las identidades trans y no binarias. En los últimos años, un número creciente de países han cambiado sustancialmente su legislación hacia un modelo de autodeterminación personal. Otros exigen requisitos adicionales, que según avisa Bruselas podrían no ser proporcionados, o incluso vulnerar los estándares en materia de derechos humanos en el caso de los requisitos quirúrgicos o de esterilización.

En este capítulo, el Ejecutivo comunitario no tiene previsto proponer ninguna ley, pero sí que impulsará un intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros sobre "cómo poner en marcha una legislación y procedimientos accesibles en materia de reconocimiento legal de género basados en el principio de autodeterminación y sin restricciones de edad".

Finalmente, la hoja de ruta de Bruselas prevé iniciativas para combatir la discriminación de las personas LGBTIQ, en particular en materia de empleo. En particular, exigirá por ley el refuerzo del papel de vigilancia de los organismos nacionales de igualdad. Además, presentará un marco reglamentario para regular específicamente el riesgo de sesgo y discriminación inherente a los sistemas de inteligencia artificial.