Por qué la Unión Europea y Reino Unido son incapaces de salvar el acuerdo del 'brexit'

Soberanía o interdependencia. Este es el dilema irresoluble que ha impedido hasta ahora que la Unión Europea y Reino Unido concluyan un acuerdo comercial post-brexit. Boris Johnson insiste en que su prioridad es hacer valer la independencia británica tras abandonar la UE. Ursula von der Leyen replica que no es una cuestión de soberanía sino de colaboración en un mundo interconectado.

El primer ministro británico y la presidenta de la Comisión han decidido este domingo ignorar el enésimo ultimátum y apurar hasta el final el diálogo, pese a que la última maratón negociadora no ha logrado acercar posturas. Ninguna de las dos partes quiere ser la primera en levantarse de la mesa y romper la baraja. Tanto Bruselas como Londres son conscientes de que un brexit sin acuerdo el 31 de diciembre agravará la crisis del coronavirus. Pero la salida caótica de Reino Unido sigue siendo el escenario más probable.

¿No hubo ya un brexit?

Es correcto. Reino Unido abandonó la Unión Europea el pasado 31 de enero. Desde entonces, Londres no participa en la toma de decisiones, ha perdido a su comisario en el equipo de Ursula von der Leyen y tampoco tiene eurodiputados. El brexit político ya se ha consumado. Pero el acuerdo de divorcio estableció un periodo de transición durante el que nada ha cambiado para ciudadanos y empresas. Una transición que concluye el 31 de diciembre, fecha en la que Reino Unido saldrá del mercado único y la unión aduanera. Johnson rechazó cualquier prórroga, pese a las ofertas de Bruselas. El 1 de enero de 2021 es la fecha del brexit económico.

¿Qué pasó con el divorcio?

El acuerdo de retirada que firmó Boris Johnson con la UE el año pasado resuelve los principales problemas del divorcio. Garantiza el derecho a quedarse de los 3,3 millones de europeos que residen en Reino Unido, entre ellos alrededor de 100.000 españoles; fija una factura de salida para Londres de 45.000 millones de euros; y contempla un protocolo para Irlanda del Norte cuyo objetivo es evitar una frontera física y proteger la paz en la isla. Boris Johnson amenazó con saltarse unilateralmente este pacto, pero al final ha rectificado y ha prometido a Bruselas que lo cumplirá. Lo que falta ahora es un acuerdo comercial que rija las relaciones futuras entre Bruselas y Londres.

¿Cuáles son ahora los escollos?

Desde el inicio de la negociación, tres son los grandes escollos que bloquean la negociación. Se trata de las condiciones para garantizar una competencia en igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las británicas, la pesca y el mecanismo de resolución de disputas entre Reino Unido y la UE. El problema de fondo en las tres cuestiones es el mismo. El Gobierno de Johnson insiste en su objetivo de recuperar la soberanía y desvincularse de las reglas de la UE y Bruselas responde que cualquier acuerdo exige cooperación.

¿Qué se juegan la UE y Londres?

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sostiene que las dos partes saldrán perdiendo en un escenario de no acuerdo, aunque Reino Unido padecerá más que la UE. "Ya estamos sufriendo un enorme impacto de la pandemia y el brexit (sin acuerdo) sería un doble agravante", ha dicho González Laya este domingo en una entrevista en Sky News. Según los últimos cálculos del Banco de España, el brexit tendrá un impacto negativo de entre el 1,5% y el 3% del PIB en Reino Unido para 2022, mientras que para la UE apenas llegará al 0,4%. Sin embargo, nuestro país se verá particularmente perjudicado por su mayor exposición al mercado británico.

¿Por qué la UE insiste en la competencia y el dumping?

La UE ha ofrecido a Reino Unido un acuerdo de libre comercio con cero aranceles y cuotas. A cambio, exige a Johnson un cierto alineamiento con las reglas comunitarias en materia social, medioambiental y de ayudas públicas; o bien limitar el acceso británico al mercado único cuando Londres decida no seguir el modelo de Bruselas. El objetivo es evitar que las empresas británicas compitan con ventaja con las europeas. El Gobierno de Londres se niega con el argumento de que esto es un atentado contra su soberanía.

¿Qué pasa con la pesca?

En la actualidad, alrededor de 3.500 buques europeos con 18.000 pescadores faenan en aguas territoriales británicas. Los países afectados son España, Francia, Alemania, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Holanda. Los 88 barcos de bandera española que tienen la posibilidad de pescar en caladeros de Reino Unido dan empleo a 2.150 tripulantes y generan alrededor de 10.750 puestos de trabajo indirectos. Además, el brexit afecta a otros 55 buques de capital español. La UE pide a Johnson un compromiso a largo plazo para mantener el acceso a las aguas británicas esgrimiendo derechos históricos. Londres quiere negociaciones anuales apelando a su soberanía.

La disputa tiene más peso político que económico. El Gobierno británico ha anunciado que desplegará cuatro barcos de la Marina en sus aguas territoriales para protegerlas de los buques pesqueros comunitarios, en particular franceses, lo que ha enfurecido todavía más a los europeos. González Laya no entiende por qué Londres y Bruselas no pueden llegar a un acuerdo sobre la pesca, un sector que apenas da empleo a 12.000 personas en todo Reino Unido.

¿Qué significa la gobernanza?

La gobernanza del futuro acuerdo comercial entre Reino Unido y la UE es el tercer gran escollo en las negociaciones. La UE quiere que cualquier pacto recoja el derecho de las dos partes a tomar represalias inmediatas, sin esperar a un dictamen arbitral, en caso de incumplimiento. Unas represalias en forma de recargos arancelarios que podrían afectar a sectores económicos diferentes a los que estén en disputa. Para Bruselas esta demanda es irrenunciable tras las amenazas de Johnson de saltarse de forma unilateral el Tratado de divorcio que él mismo firmó el año pasado. 

¿Cómo será un brexit caótico?

La consecuencia más inmediata de un brexit sin acuerdo es que los dos bloques se aplicarían el régimen tarifario general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con un incremento general de aranceles que encarecería los precios y agravaría la crisis. Johnson lo llama eufemísticamente el modelo australiano, porque Australia y la UE no tienen ahora ningún pacto comercial, aunque paradójicamente negocian uno. La UE impone un arancel medio del 3%, pero algunos productos sufrirán recargos mucho más elevados.

Por ejemplo, los fabricantes de coches británicos se enfrentan a una penalización del 10%, mientras que en el caso de los productos lácteos los aranceles llegan al 35%. Por su parte, Reino Unido aplicará también un recargo del 10% a los coches europeos y también penalizaciones a los productos agrícolas y a los productos cerámicos.

Los controles aduaneros fronterizos provocarán largas colas de camiones. El propio Gobierno británico admite que en el peor escenario hasta 7.000 camiones podrían quedarse bloqueados en las carreteras de llegada a Dover y otros puertos del canal de la Mancha, con retrasos que podrían llegar hasta los dos días. En Reino Unido hay mucha preocupación sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos, que podría afectar incluso a la vacuna de la Covid-19 de Pfizer, que se fabrica en Bélgica.

¿Cómo afectará a España?

Según el Banco de España, nuestro país se verá particularmente perjudicado por su mayor exposición al mercado británico. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en seguir negociando hasta el final. Las exportaciones españolas de bienes y servicios dirigidas a Reino Unido ascendieron al 9,6% del total en 2019, porcentaje que, en términos del PIB, supuso el 3,4%.

Dentro de esta exposición comercial, destaca el peso de las exportaciones turísticas españolas, que suponen cerca de un 1,2% del PIB. En el ámbito del sector turístico, el Reino Unido continuó siendo el principal mercado emisor para la economía española, suponiendo un 21% de las entradas totales de turistas y un 19% del gasto efectuado por los turistas no residentes.

Murcia, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón serían las regiones más vulnerables a un escenario adverso hipotético en el que se implantaran aranceles bilaterales entre el Reino Unido y la UE, según el Banco de España. Ello es consecuencia tanto del elevado peso relativo del mercado británico en las exportaciones de estas regiones como de su especialización en productos agroalimentarios y textiles, y automóviles, que, en este escenario adverso, tendrían que hacer frente a mayores aranceles. 

¿Y Gibraltar?

Cualquier pacto comercial entre la UE y Reino Unido sólo se aplicará a Gibraltar si hay un acuerdo previo entre Madrid y Londres. Es el derecho de veto que ha concedido Bruselas a España sobre el estatus futuro del Peñón. Sin acuerdo, el movimiento de los 10.000 españoles que cruzan cada día la Verja para trabajar en Gibraltar se verá muy dificultado, puesto que la única frontera terrestre entre la UE y Reino Unido estará allí.

"Hay un desacuerdo entre Reino Unido y España sobre la soberanía de Gibraltar y eso no va a cambiar, pero creo que nuestra obligación es encontrar un acuerdo que nos ayude a construir un área de prosperidad compartida alrededor de Gibraltar, preocupándonos por nuestros ciudadanos, trabajadores y empresas", ha declarado González Laya.

"Por eso, España ha trabajado muy duro para alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre la movilidad en el área de Gibraltar, por respeto a nuestros ciudadanos. Porque sabemos que el 1 de enero, sin acuerdo, la frontera exterior de la UE estará en Gibraltar y queremos evitarlo. España ha puesto toda su energía en este acuerdo y esperamos que todavía podremos alcanzarlo", sostiene la jefa de la diplomacia española.

¿Cuál es el plazo final?

Todos los plazos que se han fijado Bruselas y Londres para concluir las negociaciones se han incumplido una y otra vez, según ha reconocido Von der Leyen. El último vencía este domingo, pero las dos partes han decidido seguir hablando, sin fijar un nuevo ultimátum. Al final, el plazo final irreversible es el 31 de diciembre, la fecha del brexit económico. Si se llega a un pacto antes de esa fecha, podría aplicarse de forma provisional a partir del 1 de enero, aunque tenga que ser ratificado después por la Eurocámara y los Gobiernos de la UE. Quedan 17 días.