El acuerdo de libre comercio alcanzado este jueves por la Unión Europea y Reino Unido en tiempo de descuento, saltándose todos los plazos previstos, permitirá evitar a ciudadanos y empresas el caos y las grandes perturbaciones de una salida desordenada de Londres el próximo 1 de enero. Es un pacto pensado para minimizar los daños del brexit económico. Los embajadores de los 27 en Bruselas tienen previsto darle luz verde este mismo viernes, en plena jornada de Navidad.
El pacto beneficia particularmente a España, que es uno de los países de la UE más expuestos a la economía británica, por delante de Alemania, Francia o Italia. Las exportaciones españolas de bienes y servicios dirigidas a Reino Unido ascendieron al 9,6% del total en 2019, porcentaje que, en términos del PIB, supuso el 3,4% en 2019, según los datos del Banco de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionó hasta el final en favor del pacto.
Al mismo tiempo, la solución acordada por los negociadores europeos y británicos tras 10 meses de negociaciones intensivas no reproduce los derechos y ventajas de ser un Estado miembro. Al contrario, se trata de la versión más dura del brexit, debido a que la prioridad para el Gobierno de Boris Johnson era reafirmar su soberanía y alejarse todo lo posible de las reglas comunitarias.
Ursula von der Leyen y Michel Barnier, durante la rueda de prensa de este jueves
Pese a este compromiso final, las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea -y también entre Londres y Madrid- cambiarán de forma sustancial dentro de siete días. "Es la consecuencia del brexit", ha destacado el negociador europeo, Michel Barnier.
Sin aranceles ni cuotas
El acuerdo entre Bruselas y Londres garantiza cero aranceles y cero cuotas para el intercambio de mercancías. Evita así la cascada de recargos tarifarios que hubiera supuesto el modelo de Australia por el que abogaba Boris Johnson: Australia no tiene ahora mismo ningún pacto comercial con la UE y se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
El compromiso supone un importante ahorro para las exportaciones de España a Reino Unido. Londres había anunciado un arancel del 10% para los coches (que representan el 20,3% de las exportaciones españolas a territorio británico) y recargos adicionales para productos alimentarios (el 26,7% de las exportaciones españolas), que finalmente no entrarán en vigor.
Al mismo tiempo, a partir del 1 de enero se reintroducen los controles aduaneros y sanitarios y fitosanitarios entre los dos lados del canal de la Mancha, además de otras trabas burocráticas. Las colas de los últimos días en Dover debidas a las restricciones por la nueva cepa de Covid corren el riesgo de perpetuarse, perjudicando también a los transportistas españoles.
Competencia
Una de las prioridades para la UE era evitar que Reino Unido aprovechara el brexit para competir con ventaja con las empresas europeas y españolas en el mercado único. Londres se resistía a cualquier alineamiento con las reglas comunitarias con el argumento de su prioridad es recuperar su soberanía. Al final, las dos partes han pactado una 'cláusula de no regresión', según la cual se comprometen a mantener los actuales estándares en materia social, medioambiental, laboral y de ayudas públicas.
De cara al futuro, si Reino Unido decide no seguir las mejoras que apruebe la UE en sus reglas, Bruselas tendrá derecho a tomar represalias y restringir el acceso de los productos británicos al mercado único. El Ejecutivo comunitari sostiene que así se evitará cualquier tipo de dumping por parte británica.
Un periodo transitorio para la pesca
Pese a que su valor económico es limitado, la pesca ha sido el principal escollo en las horas finales de negociación por su alto voltaje político. En el caso de nuestro país, la disputa afecta a 88 barcos de bandera española que tienen la posibilidad de pescar en caladeros de Reino Unido: dan empleo a 2.150 tripulantes y generan alrededor de 10.750 puestos de trabajo indirectos. Además, el brexit afecta a otros 55 buques de capital español.
La pesca española dispondrá de una transición de 5 años y medio tras el brexit
El acuerdo final prevé un periodo de transición de 5,5 años durante el cual la flota española y comunitaria podrá mantener su acceso actual a las aguas británicas, aunque con un recorte del 25% en las capturas. Al final de la transición, el acceso a las aguas británicas se decidirá en negociaciones anuales. Si Londres deniega la entrada a los buques europeos, Bruselas podrá adoptar represalias, en particular contra los productos pesqueros británicos.
Fin al libre movimmiento
La marcha de Reino Unido significa el fin del libre movimiento de personas entre ambos lados del canal de la Mancha. El acuerdo de divorcio firmado el año pasado reconoce el derecho a quedarse de los ciudadanos españoles y europeos llegados antes del 31 de diciembre de 2020. Pero a partir del 1 de enero, Londres introduce un sistema migratorio por puntos en el que los ciudadanos comunitarios ya no tendrán prioridad respecto a los del resto del mundo. Para los viajes cortos de menos de 90 días no se necesitará visado.
Sin pasaporte para la City de Londres
Los gigantes financieros basados en la City de Londres pierden a partir del 1 de enero su pasaporte para ofrecer sus servicios en toda la Unión Europea y no están cubiertos por el acuerdo comercial cerrado este jueves. La alternativa prevista es que Bruselas conceda el acceso a la UE a bancos, aseguradoras y gestores de activos británicos si considera que las normas británicas y comunitarias se asemejan lo suficiente. Algo que de momento no ha sucedido. De todas formas, el brexit tendrá poco impacto en este sector: los gigantes financieros llevan años preparándose, por ejemplo estableciendo sedes en Europa.
Gibraltar
El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sólo se aplicará a Gibraltar si hay un pacto previo entre Madrid y Londres. Es el derecho de veto que ha concedido Bruselas a España sobre el estatus futuro del Peñón. Este pacto todavía no se ha producido. Pedro Sánchez ha dicho este jueves que las dos partes siguen dialongando con la intención de alcanzar una solución sobre movilidad en los próximos días.
Pasajeros salen desde el aeropuerto de Gibraltar de camino a España.
Sin acuerdo, el movimiento de los 10.000 españoles que cruzan cada día la Verja para trabajar en Gibraltar se verá muy dificultado a partir del 1 de enero, puesto que la única frontera terrestre entre la UE y Reino Unido estará allí. "España quiere evitar el caos que se ha visto en los últimos días", ha dicho la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en referencia a la situación en puertos como el de Dover.
Transporte aéreo y terrestre
El acuerdo entre Bruselas y Londres incluye capítulos dedicados a garantizar la continuidad del transporte aéreo y terrestre, aunque con más restricciones que en la actualidad. Por lo que se refiere a la aviación, las aerolíneas británicas ya no serán consideradas europeas y perderán sus derechos de tráfico dentro de la UE: es decir, pueden hacer la ruta Londres-Madrid, pero no, por ejemplo, Madrid-París. Iberia y Vueling se salvan de las turbulencias del brexit caótico y podrán seguir volando con normalidad dentro de la UE.
En cuanto al transporte por carretera, los transportistas de la UE y de Reino Unido podrán seguir trabajando en las rutas entre los dos bloques y efectuar dos operaciones extra de cabotaje dentro del territorio de la otra parte. Eso sí, siempre que se mantenta el mismo nivel de protección en materia de seguridad, condiciones laborales o derechos de los pasajeros.
Se acabó Erasmus
En el curso 2018-2019, las universidades españolas acogieron a más de 3.500 estudiantes británicos, mientras que casi 4.500 universitarios de nuestro país cursaron estudios en Reino Unido gracias al programa de intercambio Erasmus. Johnson ha decidido que Reino Unido ya no seguirá participando en Erasmus con el argumento de que es demasiado caro, una decisión que Bruselas lamenta. Londres sí que continuará en el programa de I+D Horizonte UE.
Lucha antiterrorista
La sede de Europol en La Haya
El acuerdo entre Bruselas y Londres establece un nuevo marco para la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Una colaboración que puede suspenderse si Reino Unido se desvincula de la Convención Europea de Derechos Humanos, como en un principio había amenazado.
Este capítulo incluye entre otras cuestiones la cooperación en Europol; la extradición; el intercambio de información sobre antecedentes penales, datos de pasajeros aéreos, ADN, huellas dactilares o matrículas de vehículos; o la congelación y la confiscación de activos. En contraste, el pacto no contempla un foro permanente de colaboración en materia de política exterior y de defensa: la UE lo propuso, pero Johnson no quiso.