La primera videocumbre de líderes europeos del año celebrada este jueves se ha convertido en una cacofonía de voces discordantes. Alemania, Austria, Holanda o Bélgica han reclamado prohibir los viajes no esenciales para frenar la expansión de las nuevas variantes altamente contagiosas de la Covid-19, en particular las de Reino Unido, Sudáfrica o Brasil. Los países más dependientes del turismo, como España o Grecia, han defendido mantener la libertad de movimiento y crear un pasaporte de vacunación común con el fin de salvar la temporada turística estival.
Como siempre ocurre con los asuntos europeos, el resultado ha sido un compromiso intermedio. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han decidido mantenter abiertas de momento las fronteras interiores, pero piden restringir al máximo los viajes no esenciales. La prohibición total sigue siendo una posibilidad. La canciller Angela Merkel reclama que todos los Estados miembros exijan a los viajeros una prueba PCR y también una cuarentena. De lo contrario, amenaza con un cierre de fronteras similar al de marzo.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que presentará una recomendación para armonizar las medidas restrictivas el próximo lunes. "Estamos convencidos de que debemos mantener las fronteras abiertas para garantizar el buen funcionamiento del mercado único. Al mismo tiempo, pensamos que deben poder imponerse restricciones a los desplazamientos no esenciales", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la rueda de prensa final.
Para los países de fuera de la UE sí que se contempla la prohibición de viajes o incluso la suspensión total de vuelos. El primero en actuar en este sentido ha sido Portugal, que ocupa la presidencia de turno de la Unión y que ahora mismo tiene una de las tasas más altas de contagios. Su primer ministro, António Costa, ha anunciado el fin de los vuelos de conexión con Reino Unido a partir del sábado.
Poco antes del inicio de la videocumbre, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) alertaba de la "alta probabilidad" de que las nuevas variantes del coronavirus se impongan en la UE. "Eso provocará probablemente un aumento de la tasa de hospitalizaciones y muertes en todos los grupos de edad, pero particularmente entre los grupos de edad más avanzada", avisa el ECDC.
Para ralentizar la expansión de las nuevas variantes, el ECDC recomienda "evitar los viajes no esenciales". Para los que sigan moviéndose dentro de la UE, los expertos reclaman imponer la obligatoriedad de pruebas PCR y también de cuarentenas, dirigidas en particular contra los viajeros procendentes de las zonas de alto riesgo: "Los Estados miembros deben preparar sus sistemas sanitarios para un aumento adicional en la demanda debido a la mayor transmisibilidad de las nuevas variantes".
Pese a este panorma desalentador, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha vuelto a insistir en su propuesta de un pasaporte de vacunación con el objetivo de salvar la temporada turística veraniega. "El objetivo es facilitar la libertad de movimiento utilizando una solución digital simple y segura que podría poner de nuevo en movimiento nuestras economías", sostiene Mitsotakis.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este certificado de vacunación europeo. "El movimiento transfronterizo de personas es esencial para la continuidad de las empresas y de otras actividades y por ello encontrar formas de promover los viajes internacionales de forma segura debe seguir siendo nuestra prioridad", ha dicho Sánchez en la videocumbre, según fuentes de Moncola.
Lentitud en las vacunas
Sin embargo, la opinión mayoritaria entre los líderes europeos es que este certificado de vacunación debe ser un documento médico y no un pasaporte para viajar. Alemania y Francia se resisten a esta iniciativa por considerar que todavía no hay datos suficientes sobre si las personas vacunadas pueden seguir contagiando. Además, las vacunas son escasas en la UE, lo que podría dar lugar a situaciones de discriminación y privilegio.
La lentitud en la campaña de vacunación ha sido otra de las cuestiones discutidas por los líderes europeos. La mayoría de ellos se han quejado por la falta de transparencia y los retrasos en los suministros de Pfizer-BioNTech. Su vacuna y la de Moderna son las únicas autorizadas ahora mismo en la UE. Todos los Estados miembros están preocupados por la escasez de vacunas.
Sánchez sostiene que nuestro país está preparado para recibir más vacunas y alcanzará los objetivos marcados por Bruselas: una cobertura del 80% para sanitarios y mayores de 80 años en marzo y del 70% para la población adulta para verano, lo que permitiría alcanzar la inmunidad de grupo y frenar al virus.
El primer ministro austríaco, Sebastian Kurz, ha reclamado a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) que apruebe sin dilación y sin nuevas trabas burocráticas la vacuna de AstraZeneca, que ya ha sido autorizada en Reino Unido. Este antídoto es mucho más barato y fácil de distribuir y la UE ha firmado un contrato por hasta 400 millones de dosis. La EMA ha anunciado que se pronunciará el 29 de enero.