El destello de optimismo con el que la Unión Europea cerró el annus horribilis 2020 gracias al acuerdo sobre el fondo anti-Covid de 750.000 millones y a la llegada de la vacuna empieza a desvanecerse. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 celebran este jueves su primera videoconferencia del año en un ambiente de máxima inquietud debido a la lentitud en la campaña de vacunación y a la aparición de variantes más contagiosas del coronavirus, que desbordan de nuevo los sistemas sanitarios y amenazan la recuperacion económica.
Los líderes europeos están además totalmente divididos sobre la propuesta de crear un certificado común de vacunación, cuyo objetivo primordial es facilitar viajes sin pruebas PCR ni cuarentenas. Esta especie de pasaporte europeo -propuesto por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, para salvar las vacaciones estivales de 2021- se discute por primera vez al máximo nivel en la videocumbre.
La iniciativa cuenta con el apoyo de los países más dependientes del turismo, como España o Portugal, que la ven como una herramienta fundamental para recuperar la movilidad y apuntalar así la economía. Sin embargo, las grandes potencias de la UE, Alemania y Francia, se declaran "muy reticentes" alegando que faltan datos sobre la capacidad de contagio de los vacunados y existe un riesgo de discriminación, especialmente grave en la actual fase de escasez de vacunas.
Para tratar de superar esta brecha, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, han planteado el debate en dos tiempos. En una primera fase, el objetivo sería crear un modelo común de certificado de vacunación (a ser posible electrónico) de uso puramente médico. Se trata de recoger y compartir en la UE los datos sobre las personas vacunadas para seguir evaluando la eficacia de los antídotos y la marcha de las campañas de vacunación. Eso sí, respetando las normas de privacidad.
Libertad para viajar
Von der Leyen quiere cerrar este primer acuerdo rápidamente, antes de que acabe enero. Aunque la mayoría de países están dispuestos a avanzar en esta dirección, los precedentes no son nada halagüeños: los Veintisiete llevan meses tratando de pactar un modelo común del formulario de control sanitario que deben rellenar los pasajeros que viajan a otro Estado miembro, de momento sin resultados.
Para la segunda fase se dejaría el debate más polémico: qué derechos o qué acceso debe dar este pasaporte de vacunación, por ejemplo a la hora de moverse por la UE. Sobre esta cuestión, los Veintisiete están totalmente divididos. "No hay consenso sobre la finalidad del certificado", explican fuentes diplomáticas.
La propuesta del primer ministro griego es que el pasaporte de vacunación garantice la "libertad para viajar". También el primer ministro portugués, António Costa, lo considera un instrumento necesario para mantener abiertas las fronteras, aunque no sea obligatorio y siga habiendo alternativas como las pruebas PCR. Por su parte, el secretario de Estado español para la UE, Juan González-Barba, ha pedido "aprovechar la oportunidad que ofrece la vacunación para facilitar la movilidad transfronteriza". Estos paises reclaman una solución antes del verano.
Otros Estados miembros que apoyan el certificado común de vacunación como salvoconducto para viajar son Austria, Finlandia, Polonia o Eslovenia, explican fuentes diplomáticas. "Será esencial para el libre movimiento de personas y la nueva temporada turística y tendrá consecuencias económicas y sociales significativas", escribe el primer ministro esloveno, Janez Jansa, en una carta a Von der Leyen.
Riesgo de discriminación
En el bando de los escépticos están Bélgica, Luxemburgo o Países Bajos, pero sobre todo Francia y Alemania. "Se trata de un debate muy prematuro. Tener a día de hoy un pasaporte que otorgue más derechos a unos ciudadanos que a otros sería muy chocante y no se ajusta a nuestra concepción de la protección y el acceso a la vacuna", ha dicho el secretario de Estado francés para la UE, Clément Beaune.
"Todavía hay interrogantes sin responder sobre la vacunación y ahora mismo hay muy poca gente inmunizada", se justifica su homólogo alemán, Michael Roth. El ministro del Interior de Angela Merkel, Horst Seehofer, ha ido mucho más lejos en sus críticas a esta iniciativa. Considera que equivaldría a imponer por la puerta de atrás la vacunación obligatoria, que no está contemplada en ningún Estado miembro. Y rechaza que empresas privadas como aerolíneas o promotores de conciertos puedan dar "privilegios" a las personas vacunadas.
También el presidente de la Comisión, Maros Sefcovic, ha resaltado la necesidad de garantizar la "no discriminación". "Bajo ninguna circunstancia queremos que las personas que no quieran vacunarse o no puedan hacerlo tengan sus derechos y libertades limitadas", alega. En contraste, Mitsotakis defiende que el pasaporte puede servir como incentivo para animar a vacunarse a los más escépticos.
"Entendemos plenamente la petición del primer ministro griego. No podemos permitirnos el fracaso de una segunda temporada turística. Pero no es una cuestión fácil desde el punto de vista sanitario o legal", explica un diplomático de otro de los países que se opone al pasaporte. "Para empezar, no sabemos si las personas vacunadas pueden todavía contagiar el virus", agrega.
Aparte del certificado de vacunación, el otro gran motivo de disputa entre los líderes europeos es la respuesta que hay que dar a las nuevas variantes más contagiosas del coronavirus detectadas en Reino Unido o Sudáfrica. Alemania o Países Bajos amenanzan con un nuevo cierre total de las fronteras interiores del espacio Schengen si no se adoptan medidas reforzadas comunes en materia de pruebas PCR y cuarentenas.
Acelerar la vacunación
"El cierre generalizado de fronteras en esta situación no tiene sentido. Daña el funcionamiento de nuestro mercado único y no es tan eficaz como las medidas selectivas", les ha replicado Von der Leyen. La presidenta de la Comisión admite que las nuevas cepas de la Covid son "motivo de gran preocupación". Pero a su juicio, la respuesta pasa por potenciar la secuenciación genómica con el fin de identificar el progreso de las diferentes variantes e identificar otras nuevas. Ahora mismo, los Estados miembros analizan menos del 1% de las pruebas positivas y Bruselas pide llegar hasta el 10%.
Von der Leyen ha vuelto a reclamar a los Estados miembros que aceleren las vacunaciones puesto que se trata de una "carrera contra el tiempo" para vencer al virus y sus nuevas variantes. El Ejecutivo comunitaro ha fijado como objetivo llegar al 80% de sanitarios y mayores de 80 años para marzo y al 70% de la población adulta para el verano, lo que permitiría alcanzar la inmunidad de grupo.
Pero los Gobiernos son muy escépticos la posibilidad de cumplir estos plazos debido la escasez de vacunas y los retrasos en las entregas de Pfizer-BioNTech (su antídoto y el de Moderna son los únicos autorizados hasta ahora en la UE).
En una carta al presidente del Consejo Europeo, los primeros ministros de Austria, Grecia, Dinamarca y República Checa han pedido que se aceleren los trámites en la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) para aprobar la vacuna de AstraZeneca (prevista para el 29 de enero) y las siguientes que lo soliciten. Los líderes europeos quieren también aumentar la capacidad de producción de vacunas en la UE, pero de momento no concretan cómo.