Es la historia de un divorcio interminable. Las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido entran en una nueva fase de crisis tras el anuncio por parte del Gobierno de Boris Johnson de que incumplirá el acuerdo del brexit que él mismo firmó en 2019. En concreto, Londres ha prorrogado unilateralmente, sin acuerdo con Bruselas, el periodo de gracia que exime de controles a los envíos de determinados productos agroalimentarios entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en un intento de suavizar el impacto del brexit en sus operadores económicos.
La Comisión Europea ha anunciado este lunes que emprende acciones legales contra el Gobierno de Johnson por lo que considera una nueva vulneración del derecho internacional. Un movimiento que considera "inaceptable" porque socava la "confianza" entre las partes, explican fuentes comunitarias.
En primer lugar, el Ejecutivo comunitario ha enviado a Londres una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción, en la que le exige que adopte "medidas correctivas" para cumplir el protocolo sobre Irlanda del Norte en todos sus extremos. Reino Unido dispone de un plazo de un mes para responder. De lo contrario, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que podría imponer una multa a Londres.
En segundo lugar, el vicepresidente de la Comisión responsable de las relaciones con Reino Unido, el eslovaco Maros Sefcovic, ha enviado una "carta política" a su homólogo británico, David Frost. En ella, Bruselas reclama al Gobierno de Londres que suspenda las medidas anunciadas y emprenda consultas bilaterales de buena fe con la UE con el fin de encontrar una solución acordada lo antes posible, empezando antes de que acabe marzo.
En caso de recibir una respuesta negativa, este segundo procedimiento permitiría a la UE solicitar un arbitraje en el marco del nuevo acuerdo de libre comercio con Londres y, en su caso, aplicar represalias a los productos británicos exportados a territorio comunitario.
Se trata de la segunda vez en cuestión de meses que el Gobierno de Johnson incumple el acuerdo de divorcio. Bruselas ya expedientó a Londres el pasado octubre por vulnerar el derecho internacional con su ley del mercado interior. El conflicto se resolvió sin pasos adicionales gracias al pacto de libre comercio que se selló en Nochebuena.
Irlanda del Norte
El origen de todos los conflictos actuales está en el protocolo sobre Irlanda del Norte, cuyo objetivo es evitar una frontera física en la isla de Irlanda y salvaguardar así el Acuerdo de Paz del Viernes Santo en el Úlster. Para lograrlo, Bruselas y Londres pactaron un estatus especial para Irlanda del Norte, que se ha quedado en el mercado interior y la unión aduanera mientras el resto de Reino Unido se marchó el 1 de enero.
El resultado es que los controles aduaneros derivados del brexit se han trasladado al mar de Irlanda, entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Unos controles que están provocando importantes dificultades a los operadores británicos, problemas de abastecimiento y problemas políticos, especialmente entre los unionistas irlandeses, que denuncian que el protocolo ha desgajado en la práctica a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido.
Para suavizar la transición, la UE y Londres pactaron un periodo de gracia hasta finales de marzo en los controles sanitarios y fitosanitarios para los envíos de productos agrícolas entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A principios de marzo, el Gobierno de Johnson anunció unilateralmente que este periodo se prorroga hasta octubre. Bruselas denuncia que este movimiento incumple el derecho internacional y pone en riesgo el mercado interior europeo.
En las últimas semanas, Bruselas y Reino Unido también se han peleado por la cuestión de las vacunas, en particular las inyecciones de AstraZeneca. La semana pasada, el Gobierno de Johnson convocó al representante de la UE en Londres en protesta por un blog del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el que sostiene que los británicos prohíben las exportaciones de vacunas contra la Covid-19.
Johnson niega que exista esta prohibición. Pero Bruselas replica que Reino Unido de facto no está exportando vacunas y se ha negado a permitir el envío a la UE de dosis de AstraZeneca producidas en territorio británico. Tampoco los Estados Unidos de Joe Biden exportan vacunas: de hecho, Canadá o México tienen que recurrir a las inyecciones fabricadas en Europa.