La exigencia de la Eurocámara de que las pruebas PCR sean gratuitas al igual que las vacunas se ha convertido en el principal escollo para aprobar el pasaporte Covid de la UE, cuyo objetivo es reiniciar los viajes en verano. Pese a ser uno de los principales promotores de este certificado, el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza esta gratuidad con el argumento de que supondría una carga financiera inasumible. Una posición compartida por la mayoría de los Estados miembros.
Esta disputa entre los Gobiernos y la Eurocámara amenaza con retrasar la puesta en marcha del certificado más allá de junio, ya que se requiere un acuerdo entre las dos instituciones. La primera fase de pruebas técnicas del pasaporte Covid se ha iniciado esta misma semana. Cualquier demora perjudicaría especialmente a España y al resto de países del sur más dependientes del turismo, que lo consideran un instrumento clave para la recuperación económica.
El pasaporte Covid debe servir para certificar que una persona ha recibido la vacuna contra la Covid-19, pero también si tiene una prueba negativa reciente (PCR o antígenos) o se ha recuperado del coronavirus. Sin embargo, mientras que las vacunas son gratuitas en toda la UE, el precio de un test PCR puede superar ampliamente los 100 euros dependiendo del país. De ahí que la Eurocámara pida la gratuidad total para acabar con esta discriminación.
El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, ha relatado este martes que España se encuentra entre la "mayoría grande" de Estados miembros que "tiene dificultades" con que las pruebas PCR sean gratuitas. El motivo es el coste que eso supondría en particular para los países turísticos, ya que este verano habrá aún muchos viajeros que tengan que hacerse el test porque no les haya llegado la vacuna.
"Con la carga financiara que supone ahora mismo, no se podría conseguir que se apruebe el reglamento ya en junio", ha explicado González-Barba al término de una reunión en Bruselas de ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete. "Ahora todavía serían necesarias muchas PCR. Sobre todo los países de destino turístico, a lo mejor tendrían que abonar las PCR de turistas que volvieran luego a sus países de origen", ha insistido.
El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, durante la reunión de este martes en Bruselas
El secretario de Estado para la UE todavía ve posible una solución de compromiso entre los Gobiernos y la Eurocámara sobre esta cuestión. Por ejemplo, fijar topes a los precios de las pruebas en función del poder adquisitivo de cada país o del salario mínimo.
"La cuestión de los test gratuitos es muy importante para el Parlamento. Tendremos que llegar a un entendimiento y ver qué se puede hacer para hacerlos más asequibles. No podemos imponer un precio a las pruebas en la UE, es un mercado libre. Podemos intentar ver si hay una posibilidad de que los precios bajen", ha dicho la secretaria de Estado portuguesa, Ana Paula Zacarías.
Ella es la responsabe de negociar con la Eurocámara en nombre de los 27 porque su país ocupa la presidencia de turno de la Unión. El ponente del Parlamento Europeo para el pasaporte Covid, y por tanto defensor de la gratuidad de las pruebas, es precisamente el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar.
El otro gran motivo de disputa entre los Gobiernos y la Eurocámara se refiere a los derechos de que gozarán los titulares del pasaporte Covid. El Parlamento exige que no se les puedan imponer cuarentenas ni ningún otro tipo de restricción de viaje. En contraste, los Estados miembros quieren reservarse un "freno de emergencia" para poder bloquear la movilidad, por ejemplo si surgen nuevas variantes que escapen a las vacunas.
El presidente del Gobierno ha convertido el pasaporte Covid en una de sus prioridades políticas en la Unión Europea. Durante la cumbre celebrada en Oporto el pasado fin de semana, Pedro Sánchez pidió al resto de líderes y también al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, que aceleren los trámites para aprobar este instrumento de forma urgente.
"Este certificado va a estar aprobado y en vigor en junio. De eso no me cabe ninguna duda. Las dos instituciones saben lo que está en juego y se conseguirá hallar fórmulas satisfactorias", ha asegurado González-Barba.