El problema migratorio devuelve al eje hispano-italiano al primer plano en la Unión Europea. Si en lo peor de la pandemia, España e Italia hicieron frente común para pedir ayuda a Bruselas en forma de eurobonos, ahora los dos países reeditan su alianza tras la crisis en Ceuta y la nueva ola de migrantes en la isla de Lampedusa. En la cumbre extraordinaria que empieza este lunes en Bruselas, Pedro Sánchez y Mario Draghi reclamarán al resto de líderes europeos una reforma urgente de la política migratoria con el fin de aliviar la carga de los países en primera línea de la frontera europea.
Tras muchos años de desencuentros entre Madrid y Roma, Sánchez llegó a tejer una relación de confianza con el anterior primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que está por ver que se reproduzca en el caso de Draghi. Pero al margen de afinidades personales, España e Italia tienen un "problema común" en materia migratoria y también "intereses coincidentes" en encontrar una solución europea, explican fuentes diplomáticas. Intereses que chocan por ejemplo con la incomprensión de países como Francia, cuyo ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha acusado a los dos socios de "controlar mal" la inmigración.
La política migratoria no figuraba en el orden del día de este Consejo Europeo extraordinario de mayo, cuya agenda está consagrada a las relaciones con Rusia y Reino Unido, la situación de la Covid-19 y el cambio climático. A última hora se ha añadido también el secuestro de un avión de Ryanair por parte de Bielorrusia para detener a un disidente. Ha sido Draghi el que ha pedido incluir un breve punto de información en el que se espera que intervenga también Sánchez, según fuentes diplomáticas. El primer ministro italiano pretende reactivar el debate sobre las cuotas obligatorias de reparto entre los Estados miembros de los migrantes llegados a Italia, España, Grecia, Malta o Chipre.
"El debate europeo sobre el mecanismo de reparto lleva suspendido algún tiempo. En el Consejo Europeo del lunes lo volveré a proponer y probablemente deba incluirse en el orden del día de otra cumbre. Pero es absolutamente necesario llegar a un acuerdo", dijo Draghi en rueda de prensa la semana pasada. A su juicio, la reforma de la política migratoria de la UE debe basarse en tres pilares: las cuotas obligatorias, las ayudas económicas para frenar las salidas y la cooperación con los países de origen y tránsito, tanto a nivel bilateral como europeo.
El Gobierno de Sánchez apoya plenamente las peticiones de Draghi, según las fuentes consultadas. El presidente del Gobierno está muy satisfecho con el respaldo "clarísimo" y "sin fisuras" que ha recibido de las instituciones de la UE frente a Rabat en la crisis de Ceuta. Una intervención de Bruselas "muy quirúrgica" que a juicio de las autoridades españolas ha sido decisiva para reconducir la situación y se considera de momento suficiente para zanjar la escalada de tensión con nuestro vecino del sur.
Ursula von der Leyen y Mario Draghi, durante la cumbre del G-20 sobre el coronavirus celebrada el pasado viernes en Roma.
"El coste político (para Rabat) ha quedado claro. Marruecos quiere tener una relación privilegiada con la UE y en esa relación el elemento migratorio es muy importante", explican fuentes diplomáticas. Sin control de las fronteras con España, el vínculo entre Rabat y Bruselas está condenado a deteriorarse. El Gobierno de Sánchez no es partidario ahora de "ningún tipo de medidas contra Marruecos" ni de entrar en "una espiral de acción-reacción que no conduce a nada".
Lo cierto es que en la crisis de Ceuta la Unión Europea ha mostrado a España un apoyo mucho más sólido que durante la invasión marroquí de la isla de Perejil en 2002. En aquel momento, la entonces ministra de Exteriores, Ana Palacio, tuvo que recurrir a la mediación del secretario de Estado de EEUU, Colin Powell. Ahora, la nueva administración de Joe Biden ha decidido mantenerse al margen del choque entre Madrid y Rabat.
Sin represalias contra Marruecos
La más contundente ha sido la comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, que ya el martes por la mañana -cuando la crisis de Ceuta estaba aún en su punto álgido- se dirigió directamente a Rabat para exigirle sin rodeos que frenara la salida de migrantes de su territorio y aceptara la repatriación de los llegados a la ciudad autónoma. A continuación, el vicepresidente Margaritis Schinas (que en los días siguientes ha acusado a Marruecos de intentar chantajear a la UE) escribió en Twitter su "plena solidaridad" con España: "La frontera española de Ceuta es una frontera europea".
En los siguientes minutos el mismo martes por la mañana hubo una cascada de tuits de todos los máximos dirigentes comunitarios de apoyo a nuestro país. "Las fronteras de España son las fronteras de la UE", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. "Europa expresa su solidaridad con Ceuta y España", aseguró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. "Las fronteras griegas, españolas e italianas son fronteras europeas", resalta el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.
El Ejecutivo comunitario no se conformó con declaraciones públicas, sino que trasladó este mensaje de primera mano al Gobierno marroquí. En concreto, al ministro de Exteriores, Naser Burita, con el que hablaron la semana pasada para trasladarle personalmente su malestar tanto el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, como el comisario de Política de Vecindad, Olivér Várhelyi, que es el que gestiona los fondos europeos para los países del sur.
En público, ningún líder europeo se ha atrevido a amenazar a Marruecos con cortarle las multimillonarias ayudas que recibe de la UE como represalia por la crisis que ha provocado en Ceuta. El que más cerca ha estado de hacerlo ha sido el propio Borrell. "Marruecos, en los últimos 7 años, debe haber recibido más de 15.000 millones de euros en ayudas al desarrollo. Naturalmente, una relación tiene que tener en cuenta todos los aspectos y la política migratoria es una política, para nosotros pero también para ellos, decisiva", dijo el viernes en una entrevista en TVE.
Si se tiene en cuenta únicamente la partida dedicada a migración, Rabat es ahora mismo el segundo mayor beneficiario de ayudas de la UE, por detrás de Turquía. Desde 2016, nuestro vecino del sur se ha beneficiado de 346 millones de euros de fondos comunitarios para reforzar sus controles fronterizos y atender a los migrantes, de los cuales 200 millones ya se han desembolsado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre de Oporto a principios de mayo.
Marruecos se juega mucho con la crisis de Ceuta porque ahora mismo se están negociando las subvenciones para el periodo 2021-2027. El vecino del sur aspira a emular el modelo de Turquía, que en 2016 firmó un pacto migratorio con la UE gracias al cual ha recibido ya 6.000 millones de euros por quedarse en su territorio a los refugiados sirios.
Al igual que Rabat, el régimen de Recep Tayipp Erdogan también utiliza periódicamente la migración para presionar a Bruselas: la última vez, en febrero de 2020, cuando lanzó una avancha de refugiados contra la frontera griega. El Gobierno español intenta minimizar las comparaciones con el argumento de que las relaciones con Marruecos son mucho más estables que con Turquía, pero los paralelismos saltan a la vista.
Externalización del control fronterizo
Al margen del conflicto con Rabat, las negociaciones internas en la UE sobre el Pacto de Asilo e Inmigración que propuso Von der Leyen en septiembre de 2020, están completamente bloqueadas. "En este momento, el consenso es el refuerzo de las fronteras y la dimensión exterior de la migración", señala un alto funcionario comunitario.
Es decir, sólo hay acuerdo en Bruselas en externalizar el control de las fronteras a países como Turquía, Libia o Marruecos, lo que amenaza con perpetuar el problema y dejar a la UE a merced de estos regímenes autoritarios. Este capítulo de la dimensión exterior, los pactos con los países de origen y tránsito de los migrantes, es el que podría acelerarse tras la intervención de Draghi y Sánchez este lunes, según las fuentes consultadas.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lidera el bando de los países que se oponen a las cuotas de migrantes.
En contraste, en el resto de pilares del plan de Von der Leyen no hay acercamiento de posturas de ningún tipo. De hecho, los Estados miembros se dividen en tres bandos en apariencia irreconciliables. Los países en primera línea de la frontera exterior -España, Italia, Grecia y Malta- reclaman más solidaridad al resto de socios e insisten en la necesidad de cuotas obligatorias de reparto de refugiados y migrantes.
Por su parte, los nórdicos, pero también Alemania o Francia, están dispuestos a aceptar un reparto, pero primero exigen a los Estados miembros fronterizos que refuercen los controles para impedir los llamados "movimientos secundarios" en la UE. Es decir, que impidan a los migrantes viajar hacia el norte, hacia los países donde realmente quieren ir. De hecho, Madrid y Roma denuncian que las propuestas de Bruselas les obligarían en último término a crear grandes centros cerrados de refugiados en la frontera: Canarias, Ceuta y Melilla, Lampedusa o Lesbos.
El tercer bando está formado por los países del Este, liderados por Polonia o Hungría, que rechazan cualquier tipo de cuotas e incluso formas alternativas de solidaridad y defienden que la única solución es una Europa fortaleza que no deje entrar a nadie. Desde la crisis de refugiados en 2015, la migración se ha convertido en un debate emocional y envenenado en la UE, y el enfrentamiento entre los tres bandos hace muy difícil cualquier avance.