Era la fecha marcada para el acuerdo, pero al final no ha habido fumata blanca. La reforma para hacer la política agrícola común (PAC) de la UE más verde y más compatible con la lucha contra el cambio climático ha naufragado este viernes por el choque entre los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara. El maratón negociador de cuatro días y una noche sin dormir no ha servido para salvar las diferencias sobre cómo hacer que la PAC contribuya al objetivo de una economía de cero emisiones netas.
Pese al fracaso, el comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, ha anunciado que habrá un nuevo intento en junio. Pero la demora en aprobar la reforma dispara la incertidumbre para el sector agrícola europeo, que sigue sin saber qué ayudas recibirá durante el periodo 2021-207. De hecho, la reforma tendría que haber entrado en vigor este mismo año, pero los retrasos han obligado a la UE a aprobar una prórroga de dos años del régimen vigente.
"A pesar de todos los esfuerzos, ese acuerdo no ha sido posible", ha lamentado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en rueda de prensa. "Ha sido una negociación dura, complicada. Estamos hablando de normas y decisiones a nivel comunitario, pero que van a influir de forma definitiva en el modo de vivir y trabajar de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestro mundo rural", sostiene Planas.
"Por tanto, tenemos que ser particularmente cuidadosos en que la aplicación de estas normas sea un apoyo real al trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y no un peso indebido sobre su tarea", ha destacado el ministro de Agricultura.
La PAC sigue siendo la política que acapara la mayor partida del prespuesto comunitario, alrededor del 30% del total. Durante el periodo 2021-2021, las ayudas agrículas ascenderán a 378.000 millones de euros. España es el segundo país beneficiario de estas subvenciones, sólo por detrás de Francia, con 630.000 perceptores. En total, recibirá en los próximos siete años 45.200 millones: 37.400 en pagos directos a los agricultores y 7.800 en fondos para el desarrollo rural, según los datos de Bruselas. Estos importes ya se pactaron en la cumbre prespuestaria de julio de 2020.
Ayudas de la PAC durante el periodo 2021-2027
Lo que está en juego ahora es cómo se reparte este dinero entre los agricultores para garantizar que la PAC contribuya a la transición verde. En este sentido, la principal novedad de esta reforma es la creación de un nuevo instrumento (los llamados llamados regímenes ecológicos o ecoesquemas), cuyo objetivo es premiar a los agricultores que superen los objetivos básicos en materia de medio ambiente y clima.
Entre los ejemplos de ecoesquemas se hallan prácticas como la agricultura de precisión, la agrosilvicultura, la agricultura ecológica, las prácticas de barbecho o el pastoreo extensivo.
El nuevo instrumento se financiará con parte del dinero destinado a los pagos directos. Eso significa que los agricultores con prácticas más verdes recibirán más subvenciones, pero los demás podrían acabar perdiendo ayudas. Es decir, los ingresos europeos de los agricultores podrían variar cada año.
Por eso, los Gobiernos de los 27 acordaron el pasado octubre limitar el presupuesto para los ecoesquemas al 20% del total de los pagos directos. Además, reclamaban una fase piloto inicial de dos años para garantizar el aprendizaje de los agricultores y la pérdida de fondos.
Sin embargo, la Eurocámara considera que este porcentaje es insuficiente para cumplir los objetivos climáticos de la UE y reclama aumentarlo al 30%. También las organizaciones ecologistas, encabezadas por Greenpeace, hablan de "blanqueo ecológico". La sorpresa es que la Comisión de Ursula von der Leyen se ha alineado con el Parlamento en contra de los Gobiernos, en lugar de ejercer de mediadora.
De hecho, el vicepresidente responsable de Medio Ambiente, Frans Timmermans, llegó a sugerir el año pasado que podría retirar la reforma de la PAC por no estar alineada con las metas verdes comunitarias. Al final, Von der Leyen le tuvo que corregir.
Durante las negociaciones de esta semana, la presidencia portuguesa de la UE ha presentado varias propuestas de compromiso en un intento de acercar posturas entre Eurocámara y Gobiernos. La última consistía en consagrar a los regímenes ecológicos el 25% de los pagos directos (es decir, a medio camino entre los dos), pero con una gran flexibilidad para transferir el dinero que no se gaste en ellos a otras partidas. El Parlamento Europeo ha rechazado esta oferta final.