Polémica en Portugal tras desvelarse que Lisboa compartió los datos de tres disidentes rusos con Moscú

Portugal vive en estos días un terremoto político después de que se desvelara que el Ayuntamiento de Lisboa compartió con las autoridades de Rusia los nombres de tres activistas rusos que en enero pasado se manifestaron ante la embajada rusa en la ciudad para exigir la liberación de Alexey Navalny.

El Ayuntamiento abtuvo los datos de los activistas a inicios de año, cuando pidieron autorización para manifestarse a favor del opositor ruso. El reglamento obliga a que los organizadores de las manifestaciones indiquen su nombre, su domicilio, su DNI y número de teléfono para que la policía pueda contactarles en caso de que algo salga mal durante la protesta. 

La información fue publicada este miércoles por la noche por el semanario Expresso y varios partidos de la oposición han anunciado que pedirán explicaciones en el Parlamento luso y ya han pedido la dimisión del alcalde socialista, Fernando Medina, quién se enfrenta a elecciones autárquicas el próximo mes de octubre.

Medina ha pedido perdón y ha asegurado que se trata de un error en los procedimientos, prometiendo cambiarlos. "Fue un error lamentable que no debía de haber ocurrido", lamentó públicamente el alcalde lisboeta. Según el regidor, el error se debió al "funcionamiento burocrático que se aplicaron en esta manifestación, como en la generalidad de las decenas de manifestaciones que se celebran en el municipio". 

Una de las activistas señaladas es Ksenia Ashfullina, que vive en Portugal hace 8 años y que además tiene nacionalidad portuguesa, ha confirmado al periódico portugués que piensa llevar el tema a los tribunales. Los activistas tuvieron conocimiento del caso porque el Ayuntamiento, accidentalmente, reenvió a uno de ellos el email que había compartido con el Ministerio de Exteriores ruso, donde había un PDF con todos sus datos. 

Ahora, Ashfullina asume que tiene "miedo" de volver a Rusia. "Hasta que esto pasara yo iba y venía sin problemas. No tengo un historial complicado, como otras personas, que ya no pueden ir. Jamás he pensado que un día tendría miedo a volver". 

La Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD) de Portugal abrió un proceso de investigación, tras la queja formal recibida, y el Servicio de Informaciones y Seguridad (SIS) del país está analizando el riesgo que corren los tres activistas. Según el Diario de Noticias, el SIS puede solicitar a la Policía portuguesa que tome medidas de protección personal para estos activistas.

"Procedimiento habitual"

Este viernes se ha sabido que no es la primera vez que pasa algo así. Según informaciones de los periódicos portugueses, el Auntamiento habría estado años compartiendo datos personales de manifestantes con los Gobiernos de China, Israel y Venezuela. 

En 2019, después de una acción pro-Palestina en Lisboa, el Ayuntamiento compartió los datos de los manifestantes con la embajada de Israel. La denuncia, cuenta la radio TSF, es del Comité de Solidaridad con Palestina que explica que en junio de 2019 pidió autorización al Ayuntamiento para hacer una manifestación junto al Coliseo de Lisboa, donde iba a actuar el cantante brasileño Mílton Nascimento, para pedirle que no actuara en Telaviv.

Enviaron sus datos y, en la contestación del Ayuntamiento estaba incluida la dirección de correo de la embajada israelí.  Ante el pedido de explicaciones del Comité, el Ayuntamiento explicó que se trataba "del procedimiento habitual" y citó más ejemplos. "Habían avisado a la embajada de China sobre una protesta de disidentes tibetanos y nos dieron el ejemplo de Venezuela", ha dicho un activista palestino a la radio. 

Las noticias han desatado la polémica y Medina está bajo todas las dianas. El propio presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha calificado lo sucedido de "lamentable", habló con el alcalde de Lisboa para conocer lo ocurrido de primera mano.

"Averiguaré lo que ha pasado. Si es verdad lo que ha sido publicado es lamentable porque están en tela de juicio, en un país democrático y libre, los derechos fundamentales de las personas, que se aplican a todos lo que están en territorio portugués", ha remarcado el presidente. 

Toda la oposición ha cargado contra el presidente del Ayuntamiento y el Partido Social Demócrata ha anunciado que pediré la comparecencia del alcalde y del ministro de Exteriores para "pedir explicaciones" y "asegurar que algo así no volverá a ocurrir en Portugal". 

El Partido Socialista ha acusado a la oposición de "oportunismo político" y ha señalado que va a proponer una alteración a la ley de las manifestaciones, con fecha de 1974, porque "está desactualizada". "El Gobierno está trabajando para promover una actualización de la ley lo antes posible", ha dicho el secretario general adjunto del PS. 

Rusia ironiza

Tras conocerse la noticia, la embajada rusa en Lisboa publicó un irónico comunicado en su página de Facebook garantizando que "la señora activista puede volver tranquilamente a su casa". 

"Ni la embajada en Lisboa ni Moscu se importan con estas personalidades con una imaginación poco saludable", dice, señalando que hay "otras prioridades en el proceso de trabajo criativo para el desarrollo de la cooperación luso-portuguesa". 

La embajada acusa también a los activistas de hacer "ruído" por el "deseo de politizarlo todo".