El Gobierno del Reino Unido ha anunciado que impulsará una legislación que plantearía un plazo para que prescriban los crímenes cometidos "por todas las partes" durante el pasado conflicto armado en Irlanda del Norte (1968-1998).
El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, anunció en la Cámara de los Comunes la medida, calificada por los críticos de "amnistía encubierta", que se aplicaría en principio tanto a las Fuerzas Armadas británicas como a los paramilitares unionistas (protestantes) y republicanos (católicos).
Lewis indicó que el Ejecutivo tramitará el proyecto de ley en otoño, cuando se regulará la aplicación de esta llamada "limitación estatutaria", y sostuvo que, aunque el asunto es "complejo", es "la mejor y única manera" de zanjar el legado de crímenes no resueltos del conflicto, que concluyó con la firma de los Acuerdos del Viernes Santo, del 10 de abril de 1998.
En una comparecencia previa, el primer ministro británico, Boris Johnson, argumentó que esta legislación, que cuestionan tanto la oposición laborista como los Gobiernos de Belfast y Dublín, "pondrá un punto final" al legado de ese fatídico periodo, conocido en las Islas Británicas como "The Troubles" (el conflicto).
Organismo investigador
Junto con el plazo de prescripción de los delitos, la nueva legislación crearía un organismo independiente que se dedicaría a buscar información sobre el conflicto y ayudaría a las familias de las víctimas a "descubrir" la verdad de lo sucedido, dijo Lewis.
También se impulsaría una iniciativa de "historia oral", para recoger los testimonios de los afectados por el conflicto, en el que se enfrentaron el Ejército británico y paramilitares unionistas -que apoyaban la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido- y el Ejército Republicano Irlandés (IRA), que luchaba por la unificación de la isla de Irlanda.
Lewis reconoció que la idea de una amnistía para todos los presuntos responsables de crímenes "será difícil de aceptar" para las familias de las víctimas, pero insistió en que es el único modo de dejar atrás el pasado, pues está claro que el actual sistema de procesamiento de casos y denuncias "no está funcionando".
Algunos diputados conservadores, como Mark Francois, han criticado que la legislación no se apruebe hasta el próximo año, lo que todavía deja en vilo a la espera de posibles consecuencias por sus actos "a muchos veteranos" del Ejército que actuaron en Irlanda del Norte.
El portavoz en los Comunes del Partido Democrático Unionista (DUP, el principal de Irlanda del Norte y el más importante de la comunidad protestante de la provincia), Jeffrey Donaldson, rechazó por su parte "cualquier forma de amnistía", como también cuestionan los representantes del Sinn Féin, que fue brazo político del ya inactivo IRA.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha manifestado que el plan del Gobierno británico demuestra un "desprecio total por las víctimas", a las que se priva de su derecho a "conocer la verdad y que se haga justicia".