La Comisión de Ursula von der Leyen endurece el pulso que mantiene contra el Gobierno de derecha radical de Polonia por su deriva autoritaria. El Ejecutivo comunitario ha pedido oficialmente este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga una multa multimillonaria a Varsovia por sus reformas para socavar la independencia de los jueces polacos y tratar de someterlos al control político. Bruselas ha congelado además los fondos de recuperación para Polonia por este mismo motivo.
"Los sistemas judiciales de toda la Unión Europea deben ser independientes y justos. Los derechos de los ciudadanos de la UE deben garantizarse de la misma manera, independientemente del lugar en el que vivan", ha dicho Von der Leyen en un comunicado para justificar su decisión.
La disputa entre Bruselas y Varsovia se refiere esta vez en concreto al nuevo régimen disciplinario que ha impuesto el Gobierno de Ley y Justicia a los jueces polacos. Un régimen que permite que los jueces ordinarios sean objeto de investigaciones, procedimientos y sanciones disciplinarias sobre la base del contenido de sus resoluciones judiciales.
Las sanciones dependen en última instancia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, cuya independencia e imparcialidad no están garantizadas porque sus jueces son designados por el Consejo Judicial Polaco, que a su vez es elegido "políticamente" por el Parlamento polaco, según la evaluación del Ejecutivo comunitario.
El TJUE ya dictaminó en julio que el régimen disciplinario es incompatible con el derecho de la Unión Europea y reclamó al Gobierno polaco que lo desmantelara. El propio equipo de Von der Leyen lanzó un ultimátum a Varsovia y le fijó como fecha tope para rectificar el 16 de agosto. Una vez transcurrido el plazo, la Comisión considera que las autoridades polacas no han tomado suficientes medidas para cumplir la sentencia y por ello reclama la imposición de sanciones financieras.
En concreto, el Ejecutivo comunitario pide al TJUE que castigue a Polonia con una multa diaria hasta que acate el fallo. Una sanción cuyo importe no se ha concretado, sino que se deja en manos de la justicia europea. En paralelo, Bruselas abre un nuevo expediente sancionador cuyo objetivo es mantener la presión sobre Varsovia para abolir este régimen disciplinario para los jueces.
A la Comisión le parece insuficiente el anuncio en verano por parte del Gobierno de Ley y Justicia de que tiene previsto desmantelar la Sala Disciplinaria en su forma actual, porque no ha dado ningún detalle de cómo lo hará. Además, la Sala Disciplinaria sigue funcionando y continúa abriendo investigaciones disciplinarias contra jueces ordinarios por el contenido de sus resoluciones.
"Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE relativas a la independencia de los jueces polacos no se han aplicado plenamente en Polonia. Por ejemplo, la Sala Disciplinaria continúa con algunas de sus actividades contra los jueces, aunque se suponía que todas esas actividades estaban totalmente suspendidas. Por eso estamos dando pasos adicionales para hacer frente a esta situación y seguimos dispuestos a trabajar con las autoridades polacas para encontrar soluciones", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova.
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