La UE bloquea los fondos de recuperación a Polonia y Hungría por no respetar la separación de poderes

Hasta ahora, sin ningún éxito. Tras agotar todas las alternativas, la Comisión de Ursula von der Leyen parece haber encontrado el arma de presión definitiva para doblegar a los Ejecutivos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki: la congelación de los multimillonarios fondos de recuperación que esperan ambos países para salir de la crisis de la Covid-19.

Los ministros de Economía de la UE han celebrado este lunes una videoconferencia extraordinaria en la que han aprobado los planes de recuperación de Irlanda y República Checa. La decisión despeja el camino para el desembolso de un anticipo del 13% (910 millones) en el caso de Praga, mientras que Dublín no ha pedido ningún adelanto. Hasta ahora, la Comisión ha dado luz verde a los planes de 18 países. Sin embargo, los de Polonia y Hungría siguen en suspenso, pese a que en teoría se han cumplido los plazos legales para que el Ejecutivo comunitario se pronuncie.

Los retrasos han desencadenado una guerra de nervios entre Bruselas, Budapest y Varsovia. Los dos países rebeldes se juegan mucho dinero. Hungría ha solicitado a la UE 7.200 millones de euros en subsidios a fondo perdido para apuntalar la recuperación tras la pandemia, mientras que Polonia reclama 23.900 millones en transferencias y 12.100 millones en créditos baratos con el fin de acelerar la doble transición digital y verde. Mientras que la Comisión mantiene la sangre fría y sostiene que la evaluación continúa y que todavía no hay ninguna decisión definitiva, Orbán y Morawiecki acusan al equipo de Von der Leyen de "chantaje" por la congelación de los fondos.

Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario siempre había defendido que la aprobación de los planes de recuperación y las medidas de vigilancia del Estado de derecho en Polonia y Hungría eran dos procedimientos totalmente separados. De hecho, a mediados de julio todo estaba preparado en Bruselas para dar luz verde a los planes de Budapest y Varsovia. Sin embargo, en el tiempo de descuento, los dos países dieron un gran salto adelante en su deriva iliberal que indignó al resto de socios y obligó al equipo de Von der Leyen a endurecer su posición. Un giro al que la Comisión se ha visto obligada en buena parte por la presión de la Eurocámara y del resto de Gobiernos.

En el caso de Orbán, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los líderes de la UE es la nueva ley anti-LGTB que prohíbe los contenidos homosexuales para los menores de 18 años tanto en las escuelas como en el audiovisual. Von der Leyen considera que esta norma es discriminatoria y vulnera los derechos fundamentales. El Gobierno húngaro se ha enrocado y someterá el texto a referéndum. La tensión ha alcanzado cotas tan altas que durante la última cumbre celebrada en junio, varios líderes europeos invitaron a Orbán a marcharse de la UE.

Por lo que se refiere a Polonia, el Gobierno de Ley y Justicia mantiene desde su llegada al poder un pulso con Bruselas por la reforma del poder judicial. Morawiecki sostiene que se trata de acabar con los jueces que perviven del régimen comunista, mientras que el Ejecutivo comunitario considera que su objetivo último es acabar con la independencia judicial y someter a los tribunales al poder político. Varsovia ha sido condenada ya varias veces por el TJUE, pero se niega a acatar las sentencias. La Comisión contraataca con la amenaza de multas multimillonarias por incumplimiento.

Chantaje político

Pero el último desafío del primer ministro polaco -el que ha provocado la paralización de los fondos europeos- ha sido pedir a su Tribunal Constitucional que declare que la legislación comunitaria no tiene primacía sobre las normas nacionales. Una maniobra que ha enfurecido a la Comisión, ya que podría hacer estallar el orden legal europeo. El Constitucional polaco ha aplazado ya varias veces su dictamen y está previsto que se pronuncie el 22 de septiembre. 

En la rueda de prensa posterior al Ecofin de este lunes, el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, admitía que la aprobación de los fondos europeos para Polonia dependen de en buena medida de esta sentencia. "Es cierto que estamos examinando esta cuestión de la primacía del derecho europeo y su posible impacto en el plan de recuperación polaco", ha explicado Dombrovskis. Además, Bruselas ha amenazado con bloquear 126 millones de euros de fondos estructurales a las cinco regiones polacas que se han declarado como 'zonas libres de ideología LGTB'.

"Ningún alto funcionario o de nivel inferior de la UE tiene derecho a chantajear, a participar en una especie de chantaje de naturaleza corrupta", se quejaba la semana pasada el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, al conocer la posición de Bruselas. "Porque si tomáramos sus palabras en serio, eso significaría que este funcionario le está diciendo al Gobierno polaco: le daremos el dinero si acepta condicionones humillantes asociadas con la restricción de su soberanía", señaló. El último plazo para pronunciarse sobre el plan polaco venció el 1 de agosto y ni siquiera se ha fijado una nueva fecha.

En el caso de Hungría, el comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró en julio que el Ejecutivo comunitario no aprobará el plan de Orbán hasta obtener más garantías sobre la independencia judicial y de que los casos de corrupción van a investigarse. Bruselas sigue además presionando para que se retire la norma anti-LGTB. "Es alucinante ver cómo el principio del Estado de derecho se ha convertido en una herramienta de chantaje político", le ha replicado la ministra de Justicia polaca, la combativa Judit Varga. El único acuerdo al que han llegado Bruselas y Budapest consiste en ampliar el periodo de evaluación del plan hasta finales de septiembre. 

Tanto Orbán como Morawiecki sostienen que no necesitan los fondos de la UE de forma urgente porque tienen suficiente dinero en sus presupuestos nacionales para poner en marcha sus planes de recuperación. La incógnita ahora es saber si el equipo de Ursula Von der Leyen llevará este pulso hasta el final o se conformará con un gesto de mínimos de Budapest y Varsovia, como ha hecho hasta ahora, y acabará aprobando los planes.